Parlamento

“Imprescindible modernización”: Legisladores analizan Ley de medios electrónicos

El proyecto de Ley que actualizará el régimen vigente en materia de comunicación radial y televisiva, entra hoy al Poder Legislativo donde se procesará todo lo referente a “los avances en materia de digitalización de las telecomunicaciones, superando el régimen jurídico vigente desactualizado, concretando su imprescindible modernización”, según dice la exposición de motivos del proyecto.

Cámara de senadores

En 13 capítulos, los 180 artículos, determinan la naturaleza de los “servicios de comunicación audiovisual”, que son considerados servicios culturales “y de carácter estratégico para el desarrollo nacional”, sobre los que el Estado asegurará un “acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.

El documento, que abarca los “vacíos legales existentes, estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores”, será firmado hoy en el Consejo de Ministros para su inmediato pase al Poder Legislativo.

Empresas telefónicas quedan fuera del negocio

Entre los múltiples aspectos de la futura normativa, destaca la imposibilidad que las empresas telefónicas se hagan cargo de la explotación de radios o televisoras, aunque no se menciona en ese aspecto el tema en Internet.

Ello permitirá que Antel ofrezca servicios de IPTV, una señal de televisión para conexiones de banda ancha, en tanto la telefónica estatal es el único proveedor del sistema.

Los proveedores de televisión satelital -DirecTV es el único de momento- no podrán tener además canales televisión abierta. Se crea paralelamente la figura del “grupo económico” que impide la concentración de medios: una persona física o jurídica no podrá tener más de tres señales de radio o televisión. Quienes estuvieren en esa condición tienen un plazo de cinco años para regularizar, pero de momento no existe nadie en el país con tal beneficio.

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