Dos privatizaciones que "hicieron agua"

Más que cambios en el servicio de agua potable, lo que el departamento de Maldonado necesitaba (y necesita) era saneamiento. El abrupto crecimiento provocado por el desarrollo edilicio a partir de 1976, con el consiguiente crecimiento de barriadas enteras de trabajadores inmigrantes, provocaba problemas de contaminación en las playas. Lo único que Punta del Este tiene para ofrecer a los turistas.

En 1994 OSE inauguró lo que pomposamente denominó «planta de tratamiento de aguas servidas» a un costo varias veces millonario en dólares y que se ubica frente a Piedras del Chileno, a la altura de la parada 39 de la Mansa.

La planta siempre funcionó mal provocando olores muy desagradables justo al ingreso del principal balneario de la costa atlántica.

En 1990, a principios de su primer gobierno, el intendente Domingo Burgueño dijo que «o se resolvía el problema del saneamiento o Punta del Este debía bajar la cortina». Entonces apareció el Presidente del BID, Enrique Iglesias, quien en un foro organizado en el 5º piso del edificio comunal afirmó que «el organismo que presidía estaba dispuesto a prestar 200 millones de dólares para construir la red de saneamiento en todo el departamento».

Eran los tiempos en que la Comuna comenzaba a recaudar algo más de 100 millones de dólares al año. Muy diferentes a los poco más de 20 millones de la misma moneda que acaba de recaudar entre enero y febrero pasado.

Pero algo ocurrió camino al saneamiento porque imprevistamente, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cambiaron las reglas del juego y se levantó la bandera de la privatización. Y no sólo del saneamiento: también del agua potable, un exigencia del Banco Mundial.

El primer desastre

Casi al fin de su mandato, Luis Alberto Lacalle adjudicó a la empresa constructora Niver Benencio, propietaria de Aguas de la Costa S.A, los servicios de agua potable y saneamiento en una zona que a partir de entonces es conocida como «el Este del arroyo Maldonado». El proyecto fue aprobado en Diputados y tuvo los votos de los cuatro representantes maldonadenses de los cuatro partidos. Todo resultó en desastre. Los vecinos del lugar se resistieron a conectarse al servicio porque sólo de cargo fijo por agua y saneamiento tenían que pagar el equivalente a 100 dólares de la época por mes. Aunque el costo del metro cúbico de agua era mucho más barato que lo que cobraba OSE.

Curiosamente eran socios y jerarcas de la nueva empresa, algunos ex jerarcas de OSE incluso su ex gerente regional.

La Barra había vivido momentos de zozobra con el abastecimiento de agua durante veranos anteriores. Los residentes del lugar llegaban a desesperarse porque o bien salían gotas por las canillas o bien se quedaban sin agua. Por eso los que se oponían a la privatización no contaron con el apoyo de los mayoritarios propietarios extranjeros. Sin embargo, con el correr del tiempo estos comenzaron a percatarse que pagaban más por consumo de agua que por contribución inmobiliaria. Y que sus propiedades se desvalorizaron rápidamente porque ya nadie quería comprar en un lugar con servicios tan caros. La empresa se vio obligada a negociar con los residentes de todo el año. Pero eso le provocó un desfasaje financiero que la obligó a vender gran parte de su paquete accionario a la española Aguas de Barcelona. La fuente de agua potable empleada por la empresa era Laguna Blanca, ubicada en la zona de Manantiales y definida como la segunda reserva del departamento y una de las más puras del interior. Por lo menos hasta que la tomó Aguas de la Costa. La incentivación del consumo de agua provocó que la laguna se secara en el primer año y como no hubo estudios de impacto ambiental ni del origen de los recursos hídricos, la empresa recurrió a lo más fácil: tendió un caño de 14 kilómetros y comenzó a succionar agua del arroyo San Carlos para llenar la Laguna Blanca.

El mencionado arroyo, además de lugar de baños, es el vertedero natural de las aguas residuales de los carolinos. El curso presenta un altísimo grado de contaminación y varios técnicos han señalado que hay «riesgo de vida para quienes se bañen en el lugar». Los carolinos perdieron su lugar natural de esparcimiento veraniego, porque el arroyo casi se secó convirtiéndose en una charca infecta. La Laguna Blanca presenta un alto grado de contaminación y es frecuente que por las canillas «al Este del arroyo Maldonado» salga agua con color, olor y sabor. Es decir, agua no potable. Todos los gobernantes y dirigentes políticos han prometido estudiar una reducción de las tarifas. Pero hasta ahora fueron sólo promesas vanas. Por eso este verano la zona se llenó de carteles que dicen: «Agua sí, robo no».

En 1996 OSE anunció que llamaría a licitación para concesionar todos sus servicios en este departamento. Con los antecedentes de Aguas de la Costa la ciudadanía reaccionó inmediatamente y una comisión integrada con vecinos de todos los partidos políticos logró recolectar 36.000 firmas, equivalentes al 40 por ciento del padrón electoral, para oponerse al plan privatizador. En 1998 con esas firmas se presentaron recursos ante el Parlamento y ante la Suprema Corte de Justicia, sin mayor suerte. A fines de ese mismo año se organizó el primer plebiscito popular y voluntario en el que otra vez 33.000 ciudadanos votaron en contra de la privatización. Pero no fueron tenidos en cuenta. El empuje decisivo que el Foro Batllista, con el vicepresidente de OSE, Ariel Moller, a la cabeza le dio al proceso privatizador, con el apoyo de la mayoría nacionalista y el apoyo del entonces intendente Domingo Burgueño, terminó volcando la balanza a favor de las empresas privadas.

Después de un extenso proceso licitatorio, durante el que se realizaron varias denuncias por irregularidades, se descalificó a una empresa y renunció otra, el servicio fue adjudicado al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, empresa pública propiedad del gobierno del País Vasco, propietaria de Uragua S.A.

A dos meses de haber asumido el control del servicio dejó al balneario de Piriápolis sin agua potable durante dos días en plena temporada por una incorrecta maniobra de sus ingenieros. Después debieron advertirla por los sobreprecios incluidos en sus facturas; más tarde se comprobó que el agua potable que vendían en Maldonado estaba contaminada. En el verano 2002 las aguas servidas y materias fecales desbordaron durante una semana las cámaras ubicadas en la rambla del puerto de Punta del Este, comprobándose que Uragua había construido un desagüe hacia las aguas del puerto provocando la contaminación del mismo. Durante todo 2002 continuaron las denuncias y apercibimiento de OSE e investigaciones parlamentarias.

La empresa no ha iniciado, como estaba obligada, las obras del colector subacuático y se ha limitado a tareas de mantenimiento y construcción de subestaciones de bombeo hacia el mar.

A trece años del fatídico anuncio de Burgueño, las cortinas de Punta del Este bajaron por razones económicas, pero el saneamiento sigue siendo un anhelo de los ciudadanos. *