Ya recolectan firmas para derogar la Ley de aborto impune
Se puso en marcha la campaña de recolección de firmas para convocar un referéndum contra la Ley de despenalización del aborto. Los impulsores de la iniciativa deberán recabar 52 mil firmas para activar el mecanismo de consulta popular.
Se lanzó la campaña denominada el “firmazo” para derogar la Ley que habilita el aborto antes de las doce semanas de gestación y que fue recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo.
El diputado nacionalista Pablo Abdala, impulsor de la iniciativa, encabezó la jornada de de recolección de firmas, y aseguró que “ya recibieron cientos de adhesiones”.
La comisión que impulsa la convocatoria popular deberá recabar 52 mil firmas tal como así lo establece el artículo 79 de la Constitución. En la Carta Magna se expresa: “el 25% del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de la promulgación de Ley, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo”.
Para la recolección de firmas, los impulsores del mecanismo han instalado cerca de 30 mesas en todo el país.
Firmas
El pasado jueves trascendió que el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmaría para habilitar el referéndum contra la despenalización del aborto. Durante su administración, el entonces mandatario vetó la Ley que despenalizaba la práctica abortiva.
Por su parte, este viernes también se conoció la opinión del presidente de la República, José Mujica, quien dijo que firmaría para habilitar la consulta popular, aunque no es partidario de derogar la norma. “Firmar es para que la gente vote. Siempre estuve de acuerdo en que se vote. Toda esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento”, dijo.
Tanto Vázquez como Mujica no harán campaña a favor del referéndum.
Además de la convocatoria popular, quienes se oponen a la Ley manejan la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento que la legalización del aborto “viola el Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a la vida desde la concepción”.
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