Parlamento aprueba primeras normas «ciudadanas» para mejorar seguridad

La primera norma a aprobar es la modificación de las penas para los traficantes de pasta base que, en principio, ya no podrán ser excarcelados.

Aún cuando las penas fueron rebajadas por los legisladores del Frente Amplio, de tres años como proponía el Ministerio del Interior, a dos años, en el caso de quienes comercialicen pasta base no podrán eludir la cárcel, aunque podrían cumplir medidas sustitutivas.

Esto ocurrirá si el vendedor tenía “una cantidad menor” a criterio del juez; o que no hubiera vendido la droga a menores de edad, o que fuera “primario” absoluto, sin antecedentes penales.

Básicamente la nueva normativa establece una pena mínima de tres años, no excarcelable para quienes vendan, produzcan materias primas o elementos capaces de producir dependencia psíquica o física, así como la importación, exportación, introducción en tránsito, distribución, transporte, almacenamiento o financiación de pasta base.

Aumentan penas a funcionarios

Los funcionarios públicos –desde policías a magistrados- que participen del tráfico de pasta base en cualquiera de sus formas, verán agravadas en forma “especial” las penas en caso de procesamiento.

“Constituye agravante especial y la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando el sujeto activo sea funcionario policial, funcionario militar, actuario, alguacil, magistrado del poder judicial, ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, miembro de un Tribunal de Apelaciones, magistrados del ministerio Público y Fiscal, o funcionario de la DGI o de la Dirección Nacional de Aduanas”, detalla el proyecto que se descarta sea mañana aprobado.