"Cargaremos por más de una generación con consecuencias de la crisis bancaria"

El legislador encuentrista, promotor de la conformación de la Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Representantes para analizar la crisis bancaria y financiera en nuestro país, aseguró que a mediados de febrero el grupo parlamentario de labor finalizará su tarea con la redacción de los informes correspondientes.

Por otro lado, Rossi señaló que el Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) deberá promover que el reajuste de salarios de los legisladores, que deberá hacerse efectivo en marzo sea destinado, como una partida fija, entre los sectores con pasividades más bajas.

–La Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Representantes sobre el sistema financiero y bancario está llegando a la etapa de conclusiones. ¿En líneas generales, qué contendrá el informe final que presentará el EP-FA?

–La Comisión retoma su actividad el próximo lunes 3 de febrero para recibir al ex superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Carlos Fernández Becchino, y a un conjunto de funcionarios técnicos del Banco Central del Uruguay (BCU) que han actuado en los informes de auditorías y sobre la situación de los bancos, y en particular aquellos funcionarios que estamparon sus firmas en los informes. Ahora se ingresa a una etapa decisiva de conclusiones donde existe la necesidad para poder cumplir con los objetivos de la Comisión, de no defraudar la expectativa que tiene la opinión pública respecto a las conclusiones de esta Investigadora.

Hay algunos temas que se distinguen nítidamente y, por tanto, tenemos que establecer cuáles son las responsabilidades respecto a esas decisiones que en su momento tomaron las distintas autoridades de gobierno en lo que tiene que ver con la situación del sistema financiero.

Entre ellas toda la política de asistencias. Aunque si bien pude decirse que en Uruguay hubo antecedentes y podía considerarse como un hecho normal que existiera por parte del Banco Central iniciativas de asistencias a bancos privados en dificultades, pero lo que es absolutamente excepcional son los montos que se vieron comprometidos en esta asistencia con la conclusión del proceso que hace todavía más delicada la situación.

Es decir, tales asistencias no lograron, a pesar de lo excepcional de sus montos, cumplir con el objetivo de impedir la quiebra de los bancos que fueron asistidos por lo que fue casi pretender llenar un barril sin fondo.

El gobierno y el BCU dispusieron de lo mejor de sus reservas y tal vez de la mejor voluntad de sus funcionarios en procura de impedir una crisis utilizando mecanismos de asistencia que fracasaron rotundamente, porque no impidieron la quiebra de esos bancos con todos los efectos que ello trajo aparejado respecto a los ahorristas, deudores, trabajadores y en el conjunto de la sociedad y la actividad económica del país.

Otro de los elementos que deberá analizarse es la responsabilidad en la firma de un contrato, que también puede entenderse que se haya firmado procurando evitar la quiebra de un banco en un momento de desesperación, a través del cual se concede por parte de las autoridades de gobierno, con su sola firma, privilegios que la Constitución de la República no le permite asumir a ningún ciudadano independientemente de su alta investidura.

Sin embargo, ese riesgo tampoco logró impedir la quiebra, pero sí dejó una serie de complicaciones adicionales que pueden derivar en nuevos perjuicios para el conjunto del Estado uruguayo.

Por otro lado, deben esclarecerse las circunstancias en las cuales se decidió la venta del Banco La Caja Obrera en beneficio de la oferta del Banco de Montevideo y en fecha demasiado próxima a lo que fue la quiebra de aquel banco, además en momentos en los que el BCU no podía ignorar que el Banco Montevideo, aparte de tener dificultades financieras, estaba recorriendo el camino de ofrecer productos que eran inconvenientes y peligrosos. Como por ejemplo, los depósitos en el Trade & Commerce Bank.

También vale la pena analizar el proceso de vaciamiento de otros bancos, porque todos tenemos la convicción de que estas modalidades que hicieron crisis en los bancos Comercial y Montevideo son operativas que existían en todos el sistema bancario y que, incluso, algunas de ellas perduran.

Además podemos decir que el Comercial sufrió la maniobra de los hermanos Röhm; sin embargo, resulta que familiares de los Röhm seguían siendo funcionarios de estos grupos económicos que participaban en el Comercial. Hoy siguen siendo socios en actividades financieras en el mundo.

Puede entenderse que el BCU tampoco advirtió las maniobras del grupo Peirano el cual llevó a la quiebra del banco Montevideo, aunque también es cierto que nadie en este país desconocía que los Peirano hace 30 años fueron responsables de maniobras parecidas que culminaron con la quiebra de bancos.

–¿Cuándo tiene previsto la Comisión elaborar el o los informes finales?

–Creemos que próximo a la segunda quincena de febrero se estarán elaborando los informes finales. También se volverá a citar al interventor del Banco Montevideo — Caja Obrera, Jorge Xavier.

Sería de desear que no fuera necesario solicitar una nueva prórroga del plazo de la Comisión para presentar el o los informes finales.

–Cabe la posibilidad de que las conclusiones a las que arribe la Comisión sean trasladadas a la Justicia.

–No es la razón de ser de la Comisión, la cual se designó cuando muchos de estos temas ya estaban en la Justicia, y últimamente se han incorporado nuevas denuncias, lo que es legítimo. Pero el objetivo de la Investigadora es conocer los hechos, establecer cuál es la verdad, y las responsabilidades administrativas y políticas.

Si de todo este trabajo y de la importante información surgen elementos que ameriten que la Justicia tome cuenta de ellos, abriendo nuevos expedientes o incorporando la información a los expedientes judiciales ya abiertos, entonces será obligación de la Comisión trasladarlos a la Justicia.

Los uruguayos vamos a tener que cargar con los efectos de esta crisis financiera por más de una generación, por tanto, no es justo que se apueste a que en unos pocos meses las cosas vayan desdibujándose en la memoria de la ciudadanía y quienes fueron omisos o recorrieron caminos que han fracasado queden absueltos.

–¿Los reajustes salariales por Indice de Precios al Consumo (IPC) en algunos organismos del Estado es uno de los temas a discutir?

–La política salarial y los ajustes de pasividades en el Uruguay es un tema importante. El poder adquisitivo de los uruguayos que trabajan, porque no hay que olvidarse que hay más de un 19 por ciento de desocupados, está sufriendo un brutal recorte y están dando un aporte muy importante para equilibrar las cuentas del país lo que sale de su sacrificio y la alimentación de las familias.

Este desfasaje entre inflación y los ajustes salariales no es en un Uruguay estabilizado, sino en un país que tiene una inflación que crece y que no se sabe qué guarismos alcanzará. Además, hay aumentos de todas las tarifas públicas.

En ese marco los funcionarios del Palacio Legislativo, que tienen un salario relativamente bueno tienen una pequeña significación en el presupuesto del Estado. Pero si todos se están apretando el cinturón, también es legítimo que no quede sector sin aportar a esta situación.

Somos partidarios que a los funcionarios del Parlamento, como a todos, se los convoque a instancias de negociación para discutir los ajustes salariales. Teóricamente puede decirse que puede ser por IPC, pero la realidad indica que Uruguay está en crisis y paralizado. No me parece un sacrilegio
revisar el salario de los funcionarios del Legislativo, pero debe ser a partir de instancias de negociación.

Uruguay no logrará la reactivación económica si no es a partir de renegociar los salarios de los trabajadores. Como estamos convencidos de eso nos negamos a que el Poder Ejecutivo imponga soluciones

Por otro lado, hemos escuchado tanto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, como al vicepresidente de la República, Luis Hierro López hacer gárgaras y responsabilizar al Encuentro Progresista Frente Amplio por no votar un proyecto para modificar el criterio de reajuste de los salarios de los funcionarios del Palacio Legislativo, pero no han explicado las cosas como son porque en el momento en que se iba a dar la discusión en la rama baja, sólo había 14 diputados de los 33 del Partido Colorado y 13 de los 22 del Partido Nacional.

Mucho de este ruido quizás está procurando encubrir la discusión del ajuste de los salarios de los legisladores. Estoy convencido de que el EP–FA debe actuar de la misma forma que en setiembre del pasado año cuando determinó que sus legisladores no percibieran el ajuste correspondiente y el mismo se destinara al Iname. Por tanto, debemos renunciar al ajuste de marzo y el dinero ahora debe distribuirse como una partida fija entre los sectores con pasividades más bajas.

–En un informe elaborado el pasado año por gerentes y técnicos de AFE se señala que con la entrada en vigencia a partir del 1 de enero pasado del artículo 150 de la Rendición de Cuentas, que establece la transferencia de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de los cometidos, facultades y bienes relativos a la infraestructura ferroviaria, el Ente Autónomo dejará de funcionar. ¿Qué opina al respecto?

–Hace 15 años AFE suprimía los servicios de transporte de pasajeros y planteaba la necesidad de desarrollar la actividad de carga en un proceso de reestructura que iba a terminar con el subsidio que hoy está trasladándose al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para fortalecer la infraestructura.

Hace poco tiempo se vendió la estación central de ferrocarriles en una gran operación que iba a ser el Plan Fénix, como se vendió la estación resulta que ahora se está construyendo una nueva estación de pasajeros en la cual se llevan gastados más de 4,2 millones de dólares, pero que todavía no se ha inaugurado.

Pues con la entrada en vigencia a partir del 1º de enero del artículo 150 de la ley de Rendición de Cuentas, el presidente de AFE ha expresado que se suprimen por no rentables los servicios de pasajeros de ferrocarriles en nuestro país.

La primera vez que se suprimió el servicio de pasajeros fue entre diciembre de 1987 y enero de 1988, en aquel momento el entonces ministro de Transporte era Jorge Sanguinetti, el subsecretario Alejandro Atchugarry y el director de vialidad de la época era Lucio Cáceres.

Qué cambió en estos quince años para que ocurrieran este tipo de cosas. Esto es improvisación, demagogia e incapacidad. *