Senado ventiló trastienda sobre deudores
Los conceptos de Heber fueron vertidos durante el tratamiento del proyecto de reestructuración de adeudos en el agro que fue derivado a la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca integrada con Hacienda, que debe expedirse en un plazo de 15 días.
El pasaje a comisión salió 15 votos en 29 y votaron a favor los colorados y los nacionalistas Luis Alberto Heber, Guillermo García Costa, Julia Pou, y Carlos Julio Pereyra. En contra, el EP-FA y los nacionalistas Jorge Larrañaga, Francisco Gallinal y Carlos Garat. No asistieron a la sesión Rafael Michelini (NE) y José Korzeniak (EP-FA).
El senador Carlos Julio Pereyra (MNR) denunció amenazas contra su persona en caso de que no acompañara el emprendimiento de los senadores blancos Jorge Larrañaga y Carlos Garat, del cual reivindicó la autoría de 13 de los 21 artículos.
La sesión de ayer presentó otras peculiaridades y novedades: a pedido de un planteo del senador colorado Alberto Brause y del nacionalista Jorge Larrañaga se aprobó una moción por la cual se solicitó a los directorios del Banco Central (BCU) y del Banco República (BROU) que remitan la lista de los deudores mayores a US$ 350 mil.
Asimismo, el nacionalista Heber reclamó que el Partido Colorado cumpla el acuerdo alcanzado con el BROU en el tema endeudamiento, a pesar de la visión diferente de esta institución; para ello reveló que recibió una carta del presidente Jorge Batlle, comprometido con el acuerdo.
El senador José Mujica (MPP) al referirse a la crisis financiera sostuvo que los banqueros que actuaron en el desfalco fueron «chorros, proxenetas de la nación».
La sesión se inició a la hora 16.13 y fue seguida atentamente desde la barra por una nutrida concurrencia de productores rurales y dirigentes de la Federación Rural, como su presidente Gonzalo Gaggero y su vicepresidente Hugo Fratti, quienes al culminar a la hora 23.57 irrumpieron en un aplauso como forma de protesta.
Al «tuntún»
En su intervención, Larrañaga sostuvo que «el Parlamento tiene que resolver este tema, no puede estar ajeno». «La nueva cara de la pobreza se llama marginalidad. Los pobres crónicos del Interior duplican a los de su misma condición en Montevideo», señaló.
Sobre los grandes cambios producidos en el campo uruguayo puso como ejemplo que en 1970 las explotaciones agropecuarias superaban las 77.000 y en 2000 apenas superan las 57.000.
Por otra parte, «la cantidad de población en el campo disminuyó en ese período de 318 mil a 180 mil personas». Recordó «el atraso cambiario, inclemencias climáticas, baja de rentabilidad, política cambiaria y desangramiento de la campaña, los pueblos de Mevir con sus casas vacías».
«El país está exportando a su gente. La gente está mirando en este Uruguay de hoy sus ilusiones y sus esperanzas en el aeropuerto de Carrasco», afirmó.
Al referirse a manifestaciones del presidente Batlle cuando era senador, el parlamentario blanco indicó que éste expresaba que «el 70% de deudores con el BROU tenían dificultades o venían con dificultades. Si ya era grave antes de las crisis de la aftosa, cuánto más complejo es ahora».
También recordó dichos del ministro Gonzalo González sobre los problemas del agro en materia de baja rentabilidad, de endeudamiento agropecuario y maquinaria productiva casi parada.
«No digo que no existieron intenciones pero estamos a 36 meses de este gobierno y advertimos que las que se han construido no han servido. No ha habido políticas agropecuarias. Se ha ido al tuntún», estimó el líder de Alianza Nacional.
Al referirse al denominado Cupón 0 recordó que se anotaron 7.461 y sólo ingresaron 5.000. Mencionó la última crisis bancaria cuando Atchugarry señaló por tercera vez que el país estaba fuera de programa. «Hubo salvataje a los bancos, reprogramación de agosto», y se han destinado US$ 2.500 millones.
Ante la actual situación de ejecuciones, «no cobra el ejecutado, no cobra el que remata, se beneficia alguien que aparece y compra barato, perdemos una familia del campo, la mandamos para la ciudad y después hay que crear servicios».
«Hasta el 28 de febrero tenemos una cartera agropecuaria con casi el 67% que están entre reperfilamiento Cupón 0 y mora».
Puntualizó que su propuesta no es para defender a los grandes deudores: «que a los grandes deudores los escrachen, los revienten, los ejecuten. Estamos para defender a los pequeños y medianos deudores».
Dijo Larrañaga que el proyecto «no es un perdonazo, no es una condonación de deudas. Si lo estudian los técnicos del BROU dirán que tiene un costo fenomenal. También lo podemos decir todos. El BROU para funcionar necesita US$ 100 millones al año y eso se traslada al costo de los intereses».
Reiteró que «se busca poner un punto final al tema del endeudamiento que no va a perjudicar al BROU».
Estimó que «en unos días se termina la Feria Judicial» y no queremos «de nuevo el rosario de los trámites de la familia agropecuaria rural».
«No hay un mismo traje que pueda cobijar a todos los deudores, de todos los sectores, pero hay que encontrar la solución».
El gobierno no es insensible
El senador quincista Alberto Brause afirmó que tanto el gobierno de la República como el Directorio de BROU no han permanecido «insensibles» frente al endeudamiento del sector agropecuario.
Aclaró que las soluciones deben ser «caso por caso y administrativamente» y no a través de una ley, «porque no es el momento oportuno para soluciones por la vía legal y porque además, supone una solución que no discrimina entre buenos y malos pagadores y termina castigando a los buenos pagadores».
Añadió que la solución legal, que es de carácter general, «lleva a comprometer la confianza del inversor que deposita en el BROU».
Entiende que la solución legal no es apropiada ya que otros sectores, por ejemplo el comercial, el de servicios o el consumo, «cuando vean que hay una ley general que refinancia las deudas de un determinado sector, también pueden reclamar legítimamente una ley de refinanciación para sus adeudos».
En su intervención, el senador Gargano dijo no creer en las soluciones administrativas y se mostró partidario del proyecto.
«Vivo en un país ignorado, parecería que hasta el mes de octubre no hubo coalición de gobierno, y antes en el gobierno de Sanguinetti…», ironizó sobre algunos puntos de vista nacionalistas.
Recordó la postura de la coalición de izquierda «contra la ley de privatizaciones que pensaba vender a Antel en US$ 300 millones».
«A lo mejor si se hubiera vendido todo, se hubiera achicado el Estado», sostuvo al señalar que entre el Ministerio de Defensa e Interior se gastan US$ 700 millones anuales.
«¿El negocio es vender Antel, UTE, Ancap?», se preguntó.
También se refirió «al invento de Ramón Díaz y del contador Braga, del ancla cambiaria y de la apertura comercial y sus consecuencias.
Parece que «hay una concepción diabólica de que el FA es el culpable del atraso cambiario».
«No pueden pagar»
El herrerista Carlos Garat, coautor de la iniciativa, expresó que el interior del país «sólo está para pagar impuestos y gas oil a precios exorbitantes».
Dijo tener la convicción de que los productores rurales «no pueden pagar», y discrepó con quienes «han hecho propaganda tratando de manifestar que los productores rurales son gente que anda en lujosos autos, considerando no pagar los préstamos que reciben, o que son unos estafadores, pero eso no es así».
El senador de Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal consideró que la Ley de Fortalecimiento Bancario es una refinanciación, «es decir un
a quita por un lado y una espera por el otro, y significó la modificación de los términos contractuales».
Gallinal sostuvo que hacía tal referencia porque no le parecía inoportuna las expresiones del senador Brause que argumentó que una decisión de estas características «conspiraría contra la creación del Nuevo Banco Comercial».
Según el parlamentario nacionalista, «eso no puede ser así, porque no se necesita que sigan sumándose agoreros que anuncien que esa nueva institución no tendrá suerte, porque con esas noticias se está conspirando contra la misma».
Agregó que «las carteras agropecuarias que reunirá la nueva institución bancaria son menores que las del BROU».
«El FMI es responsable importante de la crisis que atraviesa el país, porque las sugerencias en cuanto a que Uruguay iba a respaldar todos los depósitos tanto de la banca pública como privada surgió desde el organismo, el cual aportaría los recursos partiendo de un razonamiento equivocado, es decir, afirmar que si se anunciaba que se tenía toda la plata la misma no se iba a retirar, pero eso no ocurrió», añadió Gallinal.
El colorado Julio Herrera indicó «que nadie quiere ejecuciones masivas por condiciones filosóficas y por convicción moral, ésa no debe ser la alternativa para solucionar un problema entre deudores y acreedores».
Pero entendió que «nadie va a ofrecer créditos al país si se aprueba una ley de refinanciación.
El camino es poner a disposición de los deudores una batería de instrumentos que dé una solución para sus pasivos, desde el mercado, pero no puede pasarse por encima del sistema de Derecho», añadió el parlamentario.
En tanto, la senadora Julia Pou expresó que en Uruguay «hubo un corralito y una ruptura de los contratos, y ya no hay más tiempo».
«Realmente cualquier solución será difícil si el BROU no pasa a ser un factor activo, aquí ha faltado un mayor involucramiento del banco. Entonces, por qué no le permitimos a nuestro banco lo que le permitimos a otras instituciones bancarias».
«Cumplir la palabra»
El senador herrerista Heber insistió en que el gobierno debe cumplir con la palabra empeñada de lograr una solución que contemple a la mayoría de los deudores. Discrepó con la actitud del BROU y aludió a una carta remitida por el presidente Batlle ratificando el proyecto acordado entre el ministro Atchugarry y el senador Heber.
«Las palabras y acuerdos están para cumplirlos. Solución parcial e incumplida con la pequeña empresa comercial, alimenta, fortalece a quienes en definitiva no creen en el Poder Ejecutivo porque no cumple con su palabra», dijo. Luego de marcar distancia con la gestión del BROU expresó que «los servicios intermedios son más temidos que el propio gobierno». Reveló que «las deudas del año 1980 fue otra estafa».
«¿Qué pasó que el BROU no pudo ejecutarla? El presidente Cairo me dijo que existió todo tipo de artilugios, que se habían quemado expedientes, que hubo procedimientos judiciales equivocados. No ha podido ejecutar a deudores con más de dos o tres millones de dólares», sostuvo.
También lanzó dardos contra el EP-FA: «hay que bajarle los costos al país, los combustibles» pero por el otro lado se pretende «que todo siga como está y juntar firmas». Informó que el BROU tiene 18.000 productores rurales y según su proyecto sólo 1.012 no estarían contemplados. «Unos 1.121 millones se le debe al BROU y la solución que hemos encontrado representa unos US$ 642 millones».
En tanto, «los 1.012 restantes deben unos US$ 479 millones».
El encuentrista Rodolfo Nin señaló que los productores se endeudaron en la década de 1990 porque «se les ofreció un paquete tecnológico que no funciona si no tiene el subsidio.
Llegamos a importar pastos de Nueva Zelanda». *
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