EP-FA: Caída de la economía de Uruguay sólo es comparable al derrumbe argentino
El Grupo conformado por el abogado Oscar Pérez Novaro, los economistas Gustavo Samacoits y Joaquín Echevers y los docentes Rosalía Vignoli, Raquel Sierra y Graciela Sobrino entregó un documento en el que analiza la situación del año pasado y traza las perspectivas para 2003.
Tras afirmar que los indicadores económicos y sociales muestran «una caída sólo comparable a lo ocurrido en Argentina, tanto a nivel regional como mundial», el texto describe lo que entiende «equívocos conceptuales de un modelo económico inserto en la globalización».
Estos son: precariedad creciente que se «llama flexibilización»; incremento desmesurado de la pobreza y «de la desprotección de los más débiles que se llama ajuste y equilibrio; la falta de un proyecto nacional de desarrollo económico con sectores prioritarios y desarrollo de tecnologías propias que permitió la destrucción del aparato productivo nacional que se llama apertura a la competencia internacional; sistema financiero ajeno al desarrollo económico, estructuralmente inestable, generador de las más grandes incertidumbres en las economías dependientes».
Estos componentes negativos de la globalización, sostiene el Grupo, tienen condicionantes domésticos «que han exacerbado sus resultados nefastos para nuestro país».
Entre ellos destaca la falta de controles en el Estado.
«En primer lugar el papel lamentable del Banco Central (BCU) como supervisor, controlador y regulador en la debacle del sistema financiero. (Entre febrero y setiembre la asistencia brindada a la banca privada por el gobierno central y el BCU alcanzó a 1.711 millones de dólares, aproximadamente un 13,2 por ciento del PBI).
Luego, el documento contextualiza en la región la transferencia de recursos al exterior, señalando que fue de 39.000 millones de dólares, de los cuales Argentina transfirió 19,8 millones; Brasil, diez millones y Uruguay 2,6 millones.
Peor que cuando la tablita
En cuanto a la evolución del PBI, el grupo indica que la producción de bienes, con excepción del agro, presentará este años valores menores que el año base, 1983.
Por entonces, recuerda el texto, la economía «estaba en un pozo» a consecuencia de la abrupta devaluación de fines de noviembre de 1982.
«El año 2002 marca una profundización dramática del retroceso productivo nacional iniciado en el cuarto trimestre de 1998. (Caída del PBI 10,5%, respecto a los valores de 2001).
Por lo tanto la caída acumulada del PBI desde 1999 alcanza al 17%, determinando que dicha variable sea similar a la de 1993.
La economía argentina tuvo un comportamiento similar en el año 2002 con un retroceso del once por ciento, de acuerdo al organismo continental», advierte el documento.
Según el informe, «en 1998 la tasa de actividad llegaba al 60,4, la tasa de empleo era un 54,3 –ambas tasas se calculan con relación a las personas mayores de 13 años– y la tasa de desempleo, estaba en un 10,1 (esto surge de la relación entre el total de desocupados y la población económicamente activa, PEA».
De ahí que en términos absolutos, entre 1998 y el trimestre agosto/octubre 2002 se perdieron casi 200.000 empleos («actualmente 270.000 personas están desocupadas, por lo tanto hay 130.000 desempleados más que en 1998″).
En cuanto a la precariedad del trabajo, los asesores de la bancada del EP-FA, citando estudios del Instituto Cuesta Duarte, afirman que en el año 2000 abarcaba al 51,7% del total de personas ocupadas. El principal factor de precariedad lo constituyó la falta de cobertura de la seguridad social. Sobre la emigración, el texto indica que «entre 1995 y junio de 2000 había un saldo de no regreso de 260.975 uruguayos. (se fueron 5:777.442 y regresaron 5:516.467 compatriotas).
La sangría de uruguayos hacia el exterior se incrementó en el año 2002 y superará las 50.000 personas, de acuerdo a los expertos».
Ingresos y salarios
El quintil de menor capacidad adquisitiva (en su límite superior) tuvo en el año 2002 una caída del 20% de sus ingresos.
Por su parte, el índice medio de salarios medido en promedios, caerá un 11% en 2002 con relación 2001, de acuerdo a los datos del INE. Ello tuvo su repercusión en la pobreza, que alcanzaba en 1991 al 25,1% del total de la población urbana, en 1994 al 20,2, en 1999 al 22,8 y en el 2001 llegó al 27,3.
Especial destaque tiene en el documento el tema de la infancia, a partir de que el 50% de los niños menores de 14 años se ubican en el quintil de menores ingresos. En el otro extremo, en el 20% más rico, los menores de 14 no llegan al 7%.
«Por último, Uruguay, ya antes de este proceso acelerado de caída de los ingresos, por lo menos desde fines de la década de los ochenta, era el país de América Latina con mayor índice de pobreza entre sus niños, en relación a la pobreza de la población en su conjunto: era el país de mayor ‘infantilización de la pobreza’. Ya sea que ésta sea medida por la Cepal o por la metodología del INE, utilizada por investigadores privados», advierte el documento encuentrista. En cuanto a la deuda externa (ver infografía), se indica que en 1999 «la deuda bruta era un 40,5% del PBI y la deuda neta era un 26,6% de dicha variable. Dos años y nueve meses después, la primera alcanza al 87.9% y la deuda neta al 62,5% ambas con relación al PBI».
Perspectivas para 2003
Según el grupo de asesores de los legisladores de la izquierda, las perspectiva para el 2003 están muy vinculadas a lo que pase con la deuda pública, en función de que de acuerdo al último informe del BCU, los servicios (amortizaciones e intereses) de la misma para este año alcanzan a US$ 2.025 millones, de los cuales US$ 558 millones corresponden al pago de intereses.
Lo que arroja, con un PBI de US$ 13.000 millones, que el servicio de la deuda alcanza al 15,6% y los intereses son un 4,3% de dicha variable.
En 2002 los ingresos estatales disminuyeron debido a la caída del nivel de actividad y los egresos también descendieron, a excepción de los pagos por intereses de la deuda pública.
«El saldo será un déficit fiscal con un piso del 4% del PBI, según la Cepal», añade el texto. La decisión gubernamental de mantener el perfil de la misma, sin reprogramar su perfil, se asienta en la posibilidad de la venta de las empresas públicas o su privatización parcial en la medida que la oposición lo permita.
Esta es una de las condicionalidades más fuertes que exige el FMI en la carta de intención firmada en agosto y ratificada en el comunicado que explica por qué no se otorgaron los tramos comprometidos en octubre y diciembre del presente ejercicio». El documento prevé que la contracción del PBI en el quinquenio 99/2003 sea del 20%. Por tanto, agrega, «la desocupación no disminuirá y en promedio será superior a la de 2002.
El índice medio de salarios tendrá una caída del 15%, comparando los promedios de 2002 con el correspondiente a 2003. (Cinve estima una caída superior, 19%). Por tanto, entre 2002 y 2003 la disminución de los salarios estaría entre un 26 y un 30%». *
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