Intenso trabajo en el Poder Judicial desde el lunes 3

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3

Jorge, José y Dante Peirano fueron procesados con prisión imputados como autores responsables de un delito de asociación para delinquir en concurrencia con el delito de insolvencia societaria fraudulenta; en tanto su padre, Jorge Peirano Facio, fue procesado con prisión por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Todos están detenidos en Cárcel Central y aguardan el pronunciamiento del tribunal de segunda instancia.

El mismo tribunal deberá decidir sobre la apelación al procesamiento del canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y también respecto a su pedido de libertad. Blanco fue procesado con prisión como coautor de un delito de privación de libertad en el caso de la maestra Elena Quinteros y su prisión preventiva se debe a que la sede judicial actuante estimó que recaerá pena obstativa (prisión mayor a dos años y por ende inexcarcelable).

Los dos casos son los que en principio se perfilan como los de mayor trascendencia pública en lo que refiere a la actividad de los tribunales de apelación y en ambos casos se planteó contienda de competencia con los otros tribunales penales, resolviendo la Suprema Corte que correspondían al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno.

Por otra parte, entre la intensa actividad que tendrán los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberán dar su veredicto sobre la denuncia por atentado a la Constitución presentada contra el ex presidente dictatorial Juan María Bordaberry. La denuncia contó con el patrocinio de la Asociación de Familiares de Asesinados Políticos y tiene miles de firmas. El expediente pasó en vista al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, quien pidió se ratifique la denuncia. El expediente seguirá su trámite tras el receso judicial de enero.

Röhm, Bensión, Banco Galicia

En el voluminoso número de expedientes que se tramitan en la Justicia Penal se encuentran las investigaciones pendientes sobre maniobras fraudulentas en el Banco de Montevideo, el TCB, el Caja Obrera y evaluar la posible responsabilidad de los directores del Banco Central. Estas indagatorias derivan de las que llevaron al procesamiento de varios miembros de la familia Peirano. Luego de la feria judicial el magistrado y el fiscal actuante, Pablo Eguren y Rafael Ubiría, respectivamente, comenzarán con nuevas citaciones.

También se indaga sobre la millonaria estafa cometida por los hermanos José y Carlos Röhm en el Banco Comercial y si en el hecho hubo responsabilidad de los directores del Banco Central. Por este expediente el juez José Balcaldi y la fiscal Cristina González han tomado decenas de testimonios, aguardando que desde Argentina lleguen las respuestas de Carlos Röhm al interrogatorio que enviaron y que en la vecina orilla realizó la jueza María Servini de Cubría. Carlos Röhm está procesado con prisión en Argentina y su hermano José continúa prófugo.

Finalizada la feria, el juez Luis Charles deberá resolver sobre el pedido de procesamiento de tres jerarcas del Banco Galicia Uruguay, que realizara el fiscal Carlos García Altolaguirre.

Otro caso es la denuncia contra el ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión por el acuerdo que firmó para capitalizar al Banco Comercial y sus consecuencias para el país. En la denuncia se indican las consecuencias para el país de las cláusulas de dicho contrato, así como las vinculaciones de Bensión con el propio Banco Comercial y la banca en general, afirmando que «para impedir la liquidación de una sociedad anónima ilegítimamente resignó nuestra soberanía en beneficio de sus allegados».

Un expediente que está a cargo del juez Homero da Costa y del fiscal Enrique Moller tendrá su continuación y desenlace al menos en primera instancia, es el referido a los préstamos otorgados por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) a Mi granja (empresa de la que es accionista César Rodríguez Batlle, ex presidente del Banco Central. También se decidirá en primera instancia el expediente en que se investiga la adjudicación de viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay durante la gestión de Salomón Noachas, en el que desde hace meses trabajan la jueza Aída Vera Barreto y la fiscal Mirtha Guianze.

Derechos Humanos y dictadura

Además del caso del ex canciller blanco y del ex presidente Bordaberry, otros expedientes relacionados con violaciones a los Derechos Humanos y con la pasada dictadura se sustancian en diferentes juzgados. En la sede penal de 2º turno el juez Gustavo Mirabal investiga la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, previéndose una serie de testimonios entre los que estaría el del presidente Jorge Batlle, ya que el senador Rafael Michelini declaró que el mandatario le informó conocer el nombre del asesino de la ciudadana argentina. En tanto, el juez Roberto Timbal desarchivó el expediente por el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en Buenos Aires en 1976.

En el juzgado Penal de 10º Turno a cargo de Rolando Vomero, se investiga el asesinato de ocho militantes comunistas en la Seccional 20 de esa fuerza política, ocurrido en 1972. Están previstos varios testimonios luego que termine la feria judicial, y posiblemente por este caso sea citado el propio Bordaberry, ya que cuando ocurrieron los homicidios era presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, tiene que resolver sobre un escrito presentado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), en el que pide que la Corporación Judicial asuma competencia en la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de varios de los más conocidos represores de la pasada dictadura militar uruguaya que accionaron también en Argentina, pedido formulado por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, solicitando al Poder Ejecutivo la remisión al Poder Judicial de ese exhorto internacional y que tras obtenerlo se envíe al juzgado competente.

Quizás este año finalmente el coronel Manuel Cordero concurra a declarar, después de presentar gran cantidad de escritos buscando dilatar su comparecencia ante la Justicia. Cordero fue denunciado por apología del delito, debido a declaraciones que realizó al semanario Búsqueda, en las que justificó la desaparición de personas en el combate a fuerzas irregulares. *