No conformó al PIT-CNT la propuesta salarial que le presentó Atchugarry: "Es una rebaja"

Previo al contacto de hoy con los medios de comunicación, las direcciones de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC), la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el ejecutivo del PIT-CNT realizarán un balance de las reuniones que en forma individual mantuvieron con el integrante del Poder Ejecutivo. En este marco se fijarán acciones conjuntas en reclamo de un ajuste que contemple a los sectores más sumergidos.

La delegación del PIT-CNT que se entrevistó con el secretario de Estado le reclamó ayer al gobierno, entre otras cosas, un decreto que fije de forma urgente un ajuste salarial en el sector privado y que convoque a los Consejos de Salarios. Este planteo quedó a estudio del gobierno.

Los primeros en ser recibidos por el ministro ayer fueron los integrantes de COFE, quienes reclaman una partida fija de aumento de $ 1.500.

Luego de algo más de una hora de reunión Angel Batalla, presidente de esa organización, se mostró muy molesto por la propuesta que les presentó Atchugarry, que consiste en un incremento de 3 por ciento a partir del primero del mes en curso, «mientras que la inflación llegó en 2002 a 26 por ciento», y cuatro meses de vales de comida por un valor de $ 500 a entregar en dos cuotas (una en febrero y otra en abril) y que se descontará en los futuros ajustes que se comienzan a discutir antes de mayo. Para el sindicalista esta propuesta es insuficiente y al 85 por ciento de los trabajadores públicos no les alcanzará para pagar el incremento que sufrieron ya las tarifas públicas.

El ministro señaló a la delegación sindical que de esta forma se contempla la partida fija que reclama COFE. También comunicó a los gremialistas que «no podemos prometer un ajuste mayor, porque no se podrían pagar luego los sueldos y las jubilaciones». Indicó, además, que el Estado no puede dar un porcentaje mayor de aumento salarial que el que ha dado el sector privado y prometió que si crece la recaudación se podrá les pagar más a los funcionarios.

Maestros rechazan «rebaja»

El Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya del Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) sostiene que el porcentaje de aumento decretado por el gobierno «significa la quita de una parte muy importante del poder de compra de todos los funcionarios del Estado. La caída del salario real reproduce la recesión y sumerge a familias enteras de maestros y funcionarios de Primaria en la pobreza».

El gremio reclama que se incorpore al ajuste anual el porcentaje adicional que el Presupuesto prevé para varios incisos, entre ellos para docentes y no docentes de la ANEP.

Finalmente, se «deplora la política salarial que expresa este ajuste en tanto: rebaja el ingreso de los hogares, castigando a los sectores que viven de salarios o pensiones; impone las partidas de alimentación a fin de que la mejora no se traslade al ajuste de jubilaciones y pensiones; prescinde del compromiso de ajustes adicionales para atender a los sectores más sumergidos; y desdeña el mercado interno como factor determinante para dinamizar la economía».

Reclamo de la MSC

Miembros de la MSC recordaron ayer que en diciembre de 2002 se le reclamó por escrito al gobierno un aumento de $ 1.000 líquidos para los salarios de hasta $ 10.000 (cifra que ronda la media canasta familiar); de $ 500 para sueldos de $ 10.000 a 20.000; y que no se toquen los mayores de 20.000.

En el estudio que realizó el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT se indica que a partir de 1993 en los entes se firmó un convenio que, en términos de sus salarios, les permitió mantener el poder de compra al nivel de diciembre de ese año, fecha que se había tomado como base del convenio.

Al mismo tiempo se establecieron mejoras en otros órdenes, como la incorporación de la partida de alimentación para quien no la tenía, los estudios de productividad, etcétera.

En el presente año el gobierno decidió suspender el convenio y ajustar los salarios por decreto. Ello significó en primer lugar que la corrección que debía otorgarse en ese momento para ajustar la base de diciembre de 1993 (aproximadamente 1,5 por ciento) no se dio y significó el comienzo de la pérdida del salario real.

El ajuste de enero de 2002, de 1,5 por ciento, apenas alcanzó para compensar esa cifra y, por ende, a partir del 1 de enero ya comenzó la rebaja de salarios en el sector público.

La ley 16.093 de ajuste de salarios públicos, a la que fueron incorporados los entes, después que el gobierno eliminara el convenio, obliga a un ajuste que ya debió aplicarse en agosto de 2002. La fórmula presentada por el ministro Atchugarry «nos mata», dijo indignado uno de los dirigentes que integraron la delegación de la MSC. *