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    O Globo: Brasil suministró armas a Pinochet para “cuidar el orden interno”

    El gobierno militar del brasileño Ernesto Geisel (1974-1979) proveyó de armas al de Augusto Pinochet (1973-1990) para "mantener el orden interno" del país durante la dictadura chilena, publicó el sábado el diario O Globo basado en documentos de las Fuerzas Armadas.

    Domingo 01 de julio de 2012 | 03:22

    Según estos textos desclasificados del Estado Mayor brasileño, entregados por el ministerio de Defensa a la recientemente creada Comisión de la Verdad, Brasil entregó fusiles, escopetas, cartuchos de munición, cargadores y otros equipos bélicos como “material destinado a manutención del orden interno”.

    Al armamento le fueron borrados los emblemas oficiales para que no fuera identificado su origen, indicó O Globo en su sitio web.

    En un documento oficial del 17 de enero de 1975, el Estado Mayor solicitó al Ministerio del Ejército “tomar providencias para que la fábrica de Itajubá (Minas Gerais, sudeste) proceda a esmerilar los estampados de los emblemas con las armas de la República de los fusiles tipo FAL y FAP que serán cedidos”.

    “El Ministerio de la Marina también cederá armamento idéntico al gobierno chileno”, al que también le fueron borrados los emblemas, indicó el documento.

    Por otro lado, a dictadura de Geisel autorizó una línea de crédito por 40 millones de dólares a Pinochet, pagaderos en 15 años, “para la adquisición de material bélico y equipos militares en producción nacional y disponibles en el país”, según uno de los textos citados por el diario.

    La comisión para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar brasileño (1964-85) fue instalada este año por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff -detenida y torturada durante la dictadura-, aunque sin levantar la amnistía aprobada durante la propia dictadura para no castigar a quienes cometieron esas violaciones.

    Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, contra 30.000 en Argentina y más de 3.200 en Chile, según organismos de derechos humanos.

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