Sutel: Aumento tiene un fin fiscalista y es una carga tributaria encubierta

Sutel, el sindicato de las telecomunicaciones (Antel), afirmó que el último aumento de las tarifas tiene un «fin fiscalista» y significa una «nueva carga tributaria encubierta» sin el requisito legal de la aprobación parlamentaria.

En un comunicado, la gremial recordó que el año pasado, de los casi un millón de usuarios que tiene Antel, 120 mil tuvieron problemas de atrasos y el tráfico telefónico fue un 20 por ciento inferior al registrado en 2001.

Empero, agrega, Antel logró equilibrar sus cuentas racionalizando su actividad, «entiéndase reducción o pérdidas de beneficios a sus trabajadores», pese a lo cual, el gobierno optó por confirmar un nuevo aumento en las tarifas «ya que nos ven como mercancía, no como necesidades reales de la gente».

Sutel recordó que Antel aportó a las arcas del Estado la suma de 120 millones de dólares, de la facturación (ejercicio 2002), además se solicitó en diciembre de 2002 que Antel volcara un adelanto de 5 millones de dólares más.

El aumento, advierte, no obedece a ninguna necesidad interna de Antel. Por el contrario, se explica porque «el equipo económico del gobierno exige una mayor recaudación para los aportes a Rentas Generales». «El aumento promedio de las tarifas es del orden del 12 por ciento, el cual no representa un mayor ingreso al ente ya que se vuelca todo directamente al Estado», señala.

También recordó que estos aumentos se inscriben en el marco de una política en la que «no existen ajustes en pasividades, jubilaciones y salarios».

El comunicado agrega que el gobierno justifica la decisión en la incidencia de cuatro variables: la caída del consumo, la devaluación del dólar, el aumento a los funcionarios del ente y la previsión de los aportes a Rentas Generales.

Sutel manifestó que el aumento,»tiene un fin netamente fiscalista, que no tiene origen en los costos del ente, ya que se bajó un 27 por ciento los costos operativos de Antel, y que nada tiene que ver con el aumento a los funcionarios del ente, ya que el ajuste salarial desde enero de 2002 fue del 1,5 por ciento, perdiendo un 25 por ciento de nuestro poder adquisitivo».

«Si están cubiertos los costos de la prestación de servicios, si los salarios no inciden en los costos de la empresa, la gran obligación de hoy es transferir todos los ingresos a Rentas Generales, según decreto del gobierno 436/2002 de fecha 11 de noviembre de 2002, depositándolos en la Tesorería General de la Nación en el Banco Central del Uruguay», afirmó.

Agregó: «no cabe ninguna duda de que no estamos ante un rebalanceo tarifario, sino ante una nueva carga tributaria encubierta sin el requisito legal de la aprobación parlamentaria, y ante un desfinanciamiento de las distintas empresas públicas y un enriquecimiento de las arcas del gobierno». *