La publicitada apertura de la telefonía ocasiona millonarias pérdidas a Antel

GUILLERMO GARAT

Según documentos en poder de LA REPUBLICA, desde la apertura en el mercado de telefonía de larga distancia Antel está perdiendo millones de dólares. Si bien sería apresurado establecer una cifra, hay algunos números verdaderamente alarmantes. En el año 2000 la Administración recibía 94 millones de dólares por concepto de servicio internacional de llamadas. Entre enero y junio de 2002 el ente percibió tan sólo 15 millones de dólares por este concepto.

Autorización no tan precaria

Esta pérdida en los ingresos de Antel fue posible gracias a un edicto y una ley, la de urgencia. La resolución del Poder Ejecutivo, número 1732/001 de noviembre de 2001, otorgaba autorizaciones precarias a varias empresas aspirantes a competir en el mercado de larga distancia, transmisión de datos y facilidades satelitales, básicamente. De las veinte empresas aspirantes a un lugar en un mercado que mueve –o movía– no menos de 80 millones de dólares por año, hoy operan diez. Cada una de estas diez firmas pagó por única vez 35 mil dólares. Una cifra que no tiene comparación con los millones de dólares que paga la Administración para mantener las líneas terrestres que estas empresas utilizan todos los días sin pagar nada.

Pero antes de que la resolución 1732/001 apareciera, la Ley de Urgencia número 17.296 en sus artículos 612 y 613 habilitaba: «otorgar autorizaciones precarias para conectar a su red de telecomunicaciones equipos que no sean propiedad de Antel».

¿Qué se derogó?

En febrero de 2002 la Comisión pro Referéndum entregó a la Corte Electoral más de 700 mil firmas para derogar los artículos 612 y 613 de la ley que habilitaba a conectar privados a las líneas de telefonía pública. En agosto de ese año el Poder Ejecutivo derogó esos artículos para no sufrir otra derrota política y para no afrontar el gasto económico que supone procesar más de 700 mil voluntades pronunciadas en contra de esta normativa. A pesar de la derogación de aquel gobierno blanco y colorado, las empresas siguen funcionando con mejores tarifas que las de la Administración pública empeñada en seguir subiendo precios. Si el funcionamiento de estas empresas no es ilegal, al menos están en falta, o sin legislación adecuada.

BM ayudando la memoria

Al Banco Mundial (BM) le están saliendo las cuentas casi redondas. Desde el 17 al 19 de octubre de 2001, Eloy Vidal, ingeniero principal de Telecomunicaciones del Banco Mundial (BM) visitó Montevideo y se reunió con altos jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El tema a estudiar fue el Proyecto de Modernización de los Servicios Públicos, que comprendía varias ramas del quehacer estatal uruguayo. En este caso el tema fue la subasta de las líneas celulares, la apertura del servicio de telefonía de larga distancia a operadores privados y el replanteo del nuevo papel de la Administración Nacional de Correos (ver LA REPUBLICA páginas 4 y 5 del 3 de marzo de 2002).

En el ayuda memoria, fechado el 19 de octubre de 2001, se preveía que si hubiera dos operadores con igual tráfico Antel perdería 47 millones de dólares por año, y si hubiera tres el ente perdería 63 millones al año; hoy hay diez operadores privados. A su vez el BM estimaba que de haber dos operadores Antel tendría que incrementar sus tarifas en servicios nacionales un 13 por ciento, si hubiera tres operadores un 17 por ciento; hoy hay diez.

La telefonía móvil también sufrió pérdidas. La diferencia tal vez se explique por una contracción en el consumo nacional. Como un ejemplo el ayuda memoria sugería que Movicom Bell South no arrendara más el espectro a Antel sino que lo haga con cualquier empresa que proporcione las facilidades necesarias. En 2000 Antel recibió 205 millones de dólares por la telefonía celular; entre enero y junio de 2002, 43 millones. *