Uruguay reclama difusión de informe ambiental sobre vertimientos de UPM al río; jerarca argentino acusó a Montevideo de ocultarlo

En un extenso comunicado difundido por cancillería uruguaya y firmado por la delegación de ese país en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), se respondió a los dichos de Héctor Rodríguez, vicepresidente de la delegación argentina en la comisión, que acusó a Montevideo de ser responsable «por la no publicación de los resultados del monitoreo conjunto de la planta de (la finlandesa) UPM».

Según la misiva, «la realidad de los hechos» es que «quien ha reclamado en varias oportunidades que estos resultados deben publicarse de inmediato» es Uruguay.

Como ejemplo, la carta señala un acta de septiembre de 2011, donde se expresa que «para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados (…), las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones».

Argentina se negó

Ante el pedido, Argentina «no prestó su conformidad para ello».

La misiva señaló que «este tipo de declaraciones solo contribuyen a deteriorar el clima de trabajo entre ambos países y a obstaculizar sus avances», lo que contrasta con los deseos de las «máximas autoridades de ambos países».

El control de la planta de UPM se enmarca en un documento firmado en agosto de 2010 que implicó la creación de un Comité Científico, subsidiario de la CARU e integrado por representantes de los dos países.

Con la firma del acuerdo las naciones vecinas dieron por zanjado el prolongado conflicto bilateral por la planta de celulosa -el mayor en las últimas décadas- generado por protestas de ciudadanos argentinos que acusan a la empresa de contaminar el río.

La disputa comenzó a solucionarse cuando en 201O la Corte Internacional de Justicia de La Haya apoyó la postura uruguaya de que la fábrica no contamina, aunque dispuso instrumentar supervisiones periódicas.

Uruguay reafirma que «no existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia».