Se reactiva conflicto en terminal de contenedores del Puerto capitalino

Las denuncias de Zabalza aumentan la tensión en el puerto capitalino. Montecon ha llevado adelante una ofensiva judicial, ya que entiende que es perjudicada por el consorcio TCP. Por tal razón esta empresa planteó primero que TCP ofrece servicios en forma indirecta a través de Nelsury S.A., fuera del muelle de escala que le fue adjudicado. Luego presentó un recurso de amparo ante la Justicia para impedir que TCP a través de Nelsury operara fuera de la terminal de contenedores. La Justicia amparó a Montecon y prohibió provisoriamente las operaciones del grupo fuera de la terminal que se le adjudicó.

Zabalza afirmó el miércoles en el programa Punto y Raya de FM M24, que TCP «no cumplió» con lo establecido en el pliego de la subasta de la Terminal de Contenedores: incrementar la operativa en el puerto. «El nuevo operador, por las razones que fueran, no incrementó el tráfico, y la disputa comercial simplemente se limitó a disputar el mismo mercado que existía, previo a su presencia en el Puerto de Montevideo. Ahora, aquí el nuevo operador lo hace con unas ventajas que evidentemente en el corto plazo desplazaban totalmente a nuestra empresa, y eso nos llevó a recurrir a la instancia judicial», dijo Zabalza.

El empresario dijo que estaba en conocimiento de que «un requisito esencial para que la empresa (TCP) comenzara a operar, era integrar el patrimonio neto de seis millones de dólares a los 180 días de la fecha de celebración de la subasta. Ello no se ha concretado, cosa que tendrá que haberse hecho alrededor del 20 de enero del año 2002. En este caso, TCP no podría operar por cuanto no ha cumplido un requisito esencial establecido en el pliego, que es la integración de capital».

Además, Zabalza, indicó que de acuerdo a cómo está estructurado el contrato, «TCP presenta un problema para la ANP, que por un lado es la autoridad de contralor según está establecido en el decreto y en la ley de puertos, y por otra parte también es socio de TCP. Eso indudablemente crea una situación de conflicto de intereses. Y nosotros tememos que esa situación, desde que la Administración es socia y a su vez autoridad de contralor, afecte el control que debe ejercer». *