Por falta de recursos, Inteligencia policial no detuvo a aduanero prófugo en Brasil

En otro de los puntos señalados, Lara consulta sobre si los funcionarios comisario Inzaurralde y sargento Estomba han cumplido cabalmente con la orden judicial de continuar la investigación de la Zona Franca de Rivera. Lara indicó que el objetivo final es dar una señal clara de que el sistema político no puede respaldar estos hechos, aunque dijo que había responsabilidades coloradas detrás de todo, y dejó en duda el proceder de algunos jueces.

Con respecto al pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Aduanas), que consta de quince preguntas, Lara inquiere sobre la resolución del director Lissidini por la que la oficina de Sumarios de la Aduana va a pertenecer a la Oficina de Servicio Civil. «Eran expedientes muy importantes y en donde es inédito en la Administración Pública porque es el único caso que se ha dado en la historia del país», dijo.

La segunda parte, agregó, «tiene que ver con la situación de los asesores o informantes, de cinco de ellos (Milton Coito, Héctor Navarrete, Jorge Mañana, Héctor Alvarez, Olivera)». «Queremos saber si tienen antecedentes penales porque nos consta que algunos de ellos tienen hasta ocho procesamientos, y éstos son los asesores del director de Aduanas, Lissidini, de la segunda oficina recaudadora del país», afirmó.

Asimismo, cuestionó algunas determinaciones de Lissidini «como la relacionada con el ex director del PRIA, De Sicco, que fue retirado del cargo a través de una denuncia de Héctor Resola que hizo al doctor Lissidini, y después de seis meses se comprobó que, lamentablemente para los intereses del doctor Lissidini, no tenía razón y se le va iniciar un juicio al Estado». «Una vez más el pueblo terminará pagando este tipo de juicios», manifestó Lara.

Dos prófugos

En el caso del pedido de informes al Ministerio del Interior «hacemos hincapié en la situación de dos prófugos importantes en lo que tiene que ver con la maniobra que se viene dando desde hace muchos años en la Zona Franca de Rivera, que terminó con quince procesados con prisión –el expediente 120–. Los prófugos son el empresario Ivo da Rosa y el funcionario de Aduana Adolfo Gil Rivero».

Preguntamos: «¿Qué ha he cho el Ministerio del Interior, concretamente la División Inteligencia, si tomamos en cuenta que se le avisó en tiempo y forma que la hija de Ivo da Rosa se casaba hace muy poco tiempo en Casino, Brasil, a cuatrocientos kilómetros de Rivera, y Pereyra Saldías dijo que no concurrió porque no tenía recursos».

«Lo otro es la situación de Adolfo Gil, quien hasta hace pocos meses estaba instalado muy cerca de Rivera; no se ha hecho absolutamente nada y nosotros pensamos que son clave estas dos personas para que puedan declarar y se termine cerrando este expediente del cual no tengo dudas que pueda tener alguna vinculación con sectores políticos», indicó.

Talleres en Brasil

Con respecto al tercer pedido de informes, Lara inquiere al Ministerio de Defensa Nacional sobre «la situación de arreglos de algunos camiones y donde tenemos alguna documentación que mostraría que desde hace varios años camiones del Ejército uruguayos son reparados en Brasil».

«No es un tema menor tomando en cuenta que para esto se tiene que hacer un concurso de precios, que hay que tener facturas, y de comprobarse lo que estoy diciendo es una situación muy grave», indicó.

Vinculación política

Lara indicó que el tema del contrabando y la falta de investigación «tienen que ver con la historia del pase en comisión de Adolfo Gil Rivero hace seis años, y como se fueron dando distintas circunstancias en la Aduana de Colonia, después en la Aduana de Rivera, el depósito del Aeropuerto de Carrasco y algunos procesamientos que se realizaron en donde hay ediles del Partido Colorado que han sido procesados». *