Asamblea General pospondrá hasta marzo la integración de organismos

En los últimos días, el Partido Colorado planteó al Partido Nacional y al Encuentro Progresista posponer la votación sobre la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

Debido a que aún no hay acuerdo respecto a cómo conformar estos organismos, se planteará en la reunión de mañana de la Asamblea General un cuarto intermedio hasta marzo.

El senador colorado Wilson Sanabria señaló su deseo de que en las próximas semanas se logre alcanzar un acuerdo que permita superar las diferencias que a esta altura se reducen «a un solo cargo».

Según el legislador, ya existe acuerdo en cómo quedaría conformado el Tribunal de Cuentas: tres representantes del Encuentro Progresista, dos del Partido Colorado y dos del Partido Nacional.

La diferencia está en la integración de la Corte Electoral. Los colorados proponen que los tres partidos tengan tres representantes cada uno. Pero el Frente entiende que debe tener cuatro representantes.

En tanto, el senador socialista Manuel Núñez se lamentó porque aún no hay acuerdo. «Esto tiene que tener una solución. Mantener la Corte y el Tribunal como está, sin reconocer el resultado de las elecciones, es un problema importante para el país», aseguró el legislador frenteamplista.

Desde que se inició el actual período de gobierno, la izquierda viene reclamando la actualización de esos organismos de contralor. Primero fracasó un principio de acuerdo entre los senadores Reinaldo Gargano (Partido Socialista) y Alejandro Atchugarry (Lista 15). Luego se sucedieron una serie de reuniones, entre las que se destaca la llevada a cabo entre el presidente Jorge Batlle y el líder del Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez.

Sobre fines de año, se volvieron a realizar encuentros entre los senadores colorados, blancos y encuentristas para encontrar una solución.

Tras el fracaso de esos encuentros, los legisladores de la izquierda plantearon llevar el tema a la Asamblea General y hasta amenazaron con la posibilidad de proponer una reforma constitucional que permita designar a los miembros de los organismos de contralor sin la intervención del Parlamento. En este caso los nuevos integrantes asumirían automáticamente después de cada elección.*