Colorados dudan sobre la conveniencia de que Batlle defienda la Ley de Ancap

Uno de los puntos centrales es resolver si el presidente Jorge Batlle se abocará de lleno a la defensa de la ley o se dejará este trabajo a los dirigentes partidarios, en su gran mayoría legisladores. Este hecho preocupa a algunos dirigentes colorados a la hora de evaluar la mejor estrategia para defender una ley considerada fundamental por el actual gobierno.

En este caso, un aspecto a tener en cuenta es la muy baja popularidad que tiene el presidente. Según Factum, en diciembre del año pasado sólo uno de cada siete uruguayos apoyaba la gestión del presidente. La encuestadora señalaba que para fin de año el presidente tenía el respaldo de la mitad de los votos que obtuvo el Partido Colorado en 1999.

Su ingreso en la campaña podría transformarse en «un voto castigo al gobierno» que perjudicaría la defensa de ley, comentaron fuentes coloradas.

El papel que juega la figura de Batlle en este tema fue señalado por el vicepresidente Luis Hierro. El dirigente forista se mostró convencido de que su opción ganará en el referéndum «si es que la gente vota con la cabeza». «Si la gente cree que se trata de derrocar al gobierno, como se ha dicho, o de intentar voltear al doctor Batlle, va a ser difícil que entre en razón sobre el tema concreto de Ancap», dijo Hierro a Búsqueda la semana pasada.

Batlle señaló en una reunión con senadores colorados la necesidad de defender la ley que permite a Ancap asociarse con privados. A fines de mes, cuando el flujo de adhesiones aumentaba, el presidente respaldó el proyecto y consideró que sería bueno para el país que la ciudadanía resolviera sobre el tema. «Pero después a no quejarse de que la nafta es cara», agregó.

El diputado quincista Jorge Barrera indicó que todavía no hay una decisión oficial del sector colorado respecto a cómo se hará la defensa de la ley, aunque son los legisladores quienes han salido públicamente a hablar sobre el tema desde que se presentaron las adhesiones necesarias para solicitar un llamado a referéndum.

El legislador señaló que durante la campaña llevada adelante por la Comisión pro Referéndum «se convocó a firmar por elementos de política económica global que van más allá del texto legal, que es sobre lo que la población se tiene que pronunciar». «Nosotros vamos a hacer una campaña fuerte en cuanto a difundir el contenido de la ley aprobada», agregó Barrera a LA REPUBLICA.

«Se le ha querido hacer decir a la ley una cosa que la ley no dice. Lo principal de esta campaña es esclarecer el contenido de esta ley, y es lo que realmente se está proponiendo; en muchos casos se convocó a firmar porque se quiere privatizar Ancap, cuestión que no está contenida en ninguna parte del articulado», sostuvo.

Barrera explicó los argumentos centrales desarrollados hasta el momento por los colorados: el ente no se vende, «le damos instrumentos para que compita. En ningún momento se habla de privatización». Recordó que la ley estuvo precedida por un seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815, conducido por el ex presidente del Frente Amplio Líber Seregni, en el que hubo un consenso con respecto a cuál es el futuro de las empresas públicas.

«Sobre la base de un documento que se elabora allí, después se elabora la ley, y contribuyen a redactarla no sólo legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, también trabajan representantes del Frente Amplio. Por lo tanto esta ley tiene una amplia mayoría parlamentaria», sostuvo.

«Buscamos fortalecer Ancap y un combustible más barato», dijo Barrera, y remarcó la necesidad de que el organismo se una a capitales privados.

Indicó que ésta es una política que se lleva adelante tanto en países de economía abierta como en regímenes distintos. En tal sentido se refirió a lo que sucede con el agua en La Habana, Cuba. Indicó que en enero de 2000 se constituyó en esa ciudad una asociación para gestión y fomento de los servicios de acueducto, alcantarillado, saneamiento y drenaje fluvial de la ciudad. Son accionistas de la empresa Acueducto y Alcantarillado del Oeste de la Ciudad de La Habana, con el 50 por ciento de las acciones; Canaragua SA con el 45 por ciento y el empresario español Enrique Martinon Armas con el 5 por ciento de las acciones. Mientras se evalúa el trabajo interno, los colorados también esperan saber cuál será el nivel de respaldo que recibirá la ley por parte de los dirigentes del Partido Nacional. Hasta el momento, Correntada Wilsonista ha defendido la normativa con más fuerza que otros sectores. *