El Partido Socialista justificó el aumento de 17% para funcionarios del Legislativo

LA REPUBLICA tuvo acceso a una comunicación interna del PS, firmada por Conde y dirigida a todos los secretarios políticos y de comunicación socialistas, y también a las seccionales y departamentales de ese partido, en la que fija posición sobre el polémico tema.

La nota tiene por objeto, agrega el propio legislador, defender la actitud adoptada por la bancada de senadores del EP-FA el lunes 30 de diciembre, ante la «campaña demagógica y de falsedades desatada desde los partidos de gobierno».

En la oportunidad, los senadores encuentristas, y el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini, rechazaron una moción presentada por los partidos tradicionales para que no rija «para los funcionarios del Senado y la Comisión Administrativa y para los senadores el régimen de ajuste salarial» por inflación y que «los ajustes se realicen en las mismas condiciones que se establezcan para la administración central».

La propuesta necesitaba para ser aprobada dos tercios del Senado -19 votos en 31-. pero los 12 senadores del EP-FA y el Nuevo Espacio votaron en contra. La actitud de la izquierda desató una serie de acusaciones, desde los partidos tradicionales. Entre otras, se remarcó la decisión del gobierno municipal de Montevideo, en manos del EP-FA, de no cumplir con el ajuste previsto en el convenio salarial firmado con Adeom. Ante esto, Conde respondió que en la IMM se planteó una fórmula que aseguraba un 10% de incremento, y otro 9% a negociar en distintas escalas, frente a una inflación de 19% en el período en que se discutió.

A continuación, transcribimos el documento interno del PS:

«1) Los presupuestos de las Cámaras se votan dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura, y pueden modificarse de acuerdo con el artículo 108, inciso 2º de la Constitución dentro de los cinco primeros meses de cada período legislativo (1º de marzo al 31 de julio de cada año) por 3/5 de voto del total de sus componentes. Cambiar el presupuesto (o una parte de él, en este caso la parte salarial) el 1º de enero es inconstitucional.

2) Este intento blanco-colorado de violar la Constitución tuvo por objeto aprobar una disposición por la cual los salarios de los funcionarios del Poder Legislativo quedaban fijados por la misma actualización que el Ministerio de Economía decretara para el sector público, o sea, 2.5% aproximadamente.

Hay que hacer notar que no se incluye en este tema los sueldos de los legisladores que se actualizan los 1º de setiembre y 1º de marzo. El aumento de setiembre de 2002, como es sabido, ha sido donado al Iname.

3) Este aumento si se compara con el 26% de inflación (aumento de precios) anual 2002, significa una décima parte, lo que lleva a una brutal caída real de los salarios de 200.000 funcionarios y del mismo modo para unos 550.000 pasivos.

4) El gobierno con sus dos partidos, enfrenta el déficit fiscal con esta formidable «licuación» de sueldos y pasividades, es decir, con hambre, ala vez que no aborda otros mecanismos clave para enfrentar el déficit: reforma del Estado, reforma tributaria, combate a la evasión y a la corrupción, cese de los contratos a los amigos y la reactivación productiva.

5) En un país en que la canasta familiar básica está por encima de $18.000 no vamos a permitir que se utilice al Poder Legislativo como excusa para imponer el despojo salarial. A partir del 1º de marzo, cuando se discuten los presupuestos de las Cámaras, nuestra bancada presentará propuestas realistas pero decentes de actualización salarial.

6) Así se ha hecho en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde con una inflación del 19% para el período que se discutía, se presentó una fórmula que aseguraba de entrada un 10% de aumento y el otro 9% a negociar en distintas escalas, según fuera el comportamiento de la recaudación, sin contar el pago de dos partidas fijas mientras no entraba en vigencia el aumento diferido a 4 meses.

Téngase en cuenta, además, que la Intendencia Municipal de Montevideo no decide políticas económicas, sino que debe adaptarse a las que se determinan en el poder central y a sus consecuencias.

7) Esta política salarial del gobierno continúa destruyendo la demanda y profundizando la recesión por cuarto año consecutivo con su dramática secuela de 240 mil desocupados y 500 mil informales y sub ocupados y decenas de miles de empresarios fundidos.

8) Los presupuestos del Poder Legislativo están regulados por la Constitución, no vamos a admitir que se vulnere la independencia de este Poder del Estado, que garantiza el funcionamiento de un régimen democrático.

Cro. Roberto Conde Secretario General».