Jerarcas de la IMM responden a Brecha

El contador Asti, director general del Departamento de Recursos Financieros, sostiene que en el artículo titulado «La meteórica carrera del caballo del comisario» y subtitulado «por orden superior» se realizan «comentarios inexactos» vinculados a gestiones realizadas en dicha repartición.

En el artículo, el periodista Sergio Israel se refiere a la adquisición de un automóvil, Nissan Máxima, modelo 1996, en noviembre de 2000, por parte de Areán, que había formado parte de la flota que trasladaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. También sostiene que «en 1999 y 2000 el vehículo debería haber pagado 11.486 pesos de patenta menos 5.744 pesos de exoneración que tiene el Poder Judicial, pero la cuenta estaba pendiente» y agrega que Areán «recibió una factura de 14.476 pesos que comprendía desde la primera cuota de 1999 hasta la primera de 2001, incluyendo 2.005 pesos por concepto de multas de tránsito impagas». También agrega que Areán visitó a Asti para «evitarse el pago de la cuenta atrasada que, ya fuera por omisión suya o porque estaba incluida como parte del precio del auto, tenía pendiente» y agrega que el jerarca no le hizo caso alguno, aunque su subrogante (mientras Asti estaba de viaje) el contador Enrique Cabrera, sí accedió al pedido. «La nueva factura resultó de 12.769 pesos, pero esta vez incluyendo la segunda cuota del año 2001″, afirmó. «Por orden superior», agrega el artículo, a Areán le fueron quitadas además de multas y recargos, también las multas de tránsito y le fueron entregadas las nuevas chapas SAS 3952 sin haber pagado la deuda».

Sin mencionar a Areán, el director Asti sostiene que «quien adquiere el vehículo probó la pertenencia anterior del mismo a ese Poder del Estado y por consiguiente que no correspondía la imposición generada hasta el 30/6/2000″. Agrega que el importe del tributo de patente del semestre enero-junio de 2000 «además de las multas y recargos por mora, fueron los montos que se dieron de baja de la cuenta corriente del mencionado vehículo» y recalcó que «no se generó ninguna ‘cuenta paralela que nadie pagará’ como se menciona en la nota sino que se dio de baja una imposición a un vehículo propiedad de un Poder del Estado en virtud de la aplicación de una ley nacional».

Asti también afirma que «luego de realizada la baja por exoneración se emitió una nueva factura en mayo de 2001 que incluyó la tercera cuota del año 2000, primera y segunda del año 2001 del tributo patente de rodados, los trámites de transferencia e identificación del vehículo y nuevo titular y el importe correspondiente a las nuevas matrículas alfanuméricas del año 2001″. «Esta factura que totalizó $12.769 fue pagada con fecha 12/6/01 dejando en cero la cuenta corriente. Esto demuestra que es absolutamente falso que se hayan entregado las nuevas chapas sin haber pagado la deuda. La exigencia de la administración que para entregar las nuevas chapas 2001 se estuviera al día con el pago de la patente de rodados (hasta segunda cuota de 2001) fue celosamente cumplido, en este, como en todos los casos».

Carrefour

El director Ortega, por su parte, respondió al mismo artículo, en el tramo referido al relacionamiento entre la IMM y cadena mundial de supermercados Carrefour, que pensaba instalarse en Montevideo. El periodista describe una supuesta transacción entre un representante de la firma internacional y el dueño de un terreno, donde se instalaría la empresa, y durante la cual el comprador habría mencionado la existencia de «gastos especiales de un millón de dólares para un tal Mario Arón (sic)». También alude a que «existen indicios de que jugaron terceros», en relación a otras cadenas de supermercados ya instaladas en el país, para supuestamente trancar la llegada de los franceses, y –si bien menciona que Areán no participó en estas negociaciones– sostiene que el secretario privado de Arana sí «tenía una estrecha relación con Roberto Devoto, hijo de uno de los fundadores de la cadena uruguaya del mismo nombre, así como con Néstor Bagnasco, uno de los gerentes de la empresa y actual ejecutivo del grupo Disco Uruguay».

Ortega sostuvo que el arquitecto Inda –mencionado en el artículo como uno de los negociadores, quien habría dicho a los representantes de Carrefour que «si se presentaban todos los papeles en regla el permiso para la obra saldría en 24 horas»–, que en la fecha de las gestiones se desempeñaba como director de la División Planificación Territorial, tenía «competencia en los aspectos normativos y la regulación del uso del sueldo y de las construcciones pero no sobre los permisos de construcción de obras».

Admite que «la tramitación de la solicitud de Carrefour fue larga y compleja y ello por varios motivos» que enumeró: «Por la magnitud del proyecto, porque proponía implantarse en un sitio donde las normas vigentes –a la fecha de la solicitud no lo autorizaban–, por la cantidad de técnicos intervinientes, contratados por el proponente por una parte, y de la plantilla de la IMM por la otra, que debieron tomar parte en la preparación o la revisión de los estudios que es necesario realizar para lograr las aprobaciones requeridas y por la existencia de competencia -con relativo grado de superposición- de las autoridades centrales y locales y la Comisión Especial Permanente con responsabilidad en el área».

Afirma que «contrariamente a lo que dice el artículo, la tramitación sí se concretó en una resolución expresa y negativa, extensamente fundamentada, en la que la IMM no hizo lugar a la implantación propuesta. La resolución firmada por el suscrito y notificada a los interesados, tiene fecha diciembre de 2000″.

El jerarca agrega que en el artículo «se sostiene que no hay explicación para las diferencias surgidas entre la IMM y Carrefour y que terceros pueden haber movido sus piezas e influido en la tramitación». «No corresponde hacer sobre el particular otro comentario que señalar que toda la tramitación de las solicitudes (…) está incluida en un muy voluminoso expediente que, como toda la documentación de la Administración Pública, es de acceso público y constituye una profusa y detallada prueba documental de lo que afirmo». «No es cierto que la tramitación nunca llegó a concretarse, y que existen explicaciones muy razonables y debidamente documentadas que si se toman en cuenta permiten develar el misterio de Carrefour», afirmó Ortega. *