Atchugarry reconoció que el país está al "extremo de la recaudación posible"

El ministro consideró que el Estado uruguayo tiene alícuotas de sus impuestos «muy elevadas», por lo que se está al límite de la recaudación posible y todo hace aconsejable «un mayor grado de prudencia en el ajuste, tanto en las partidas a funcionarios como en gastos de funcionamiento».

La sesión de la Comisión Permanente del Poder Ejecutivo contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry; del presidente del Banco Central del Uruguay, Julio de Brun, y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux. Comenzó a la hora 16.20 y estuvo presidida por primera vez por una mujer y de extracción izquierdista, la senadora comunista Marina Arismendi.

El diputado Arturo Heber Füllgraff (Línea Nacional), quien promovió el llamado a Sala del equipo económico, indicó que pretendía profundizar sobre la reforma tributaria anunciada que ingresó ayer a la Cámara de Senadores, en el sentido que la misma «tiene cierta similitud con el anteproyecto de ley del pasado año referido al IVA».

El legislador consideró que «el plato fuerte del presente proyecto sería la modificación de la actual estructura del IVA», aunque resaltó que pretendía conocer los resultados que «tendría para los contribuyentes, es decir, si será una reforma con un resultado neutro o si aumentaría la presión tributaria ya existente».

El legislador también interrogó sobre la propuesta del Ejecutivo de proceder a llevar adelante el aumento de los salarios de los funcionarios de la Administración Central, «aunque no se dan a conocer porcentajes».

Heber agregó: «Este punto está vinculado a la proyección del déficit fiscal que ha realizado Atchugarrry, que en caso de que se lograra sería un inmenso paso para las arcas del Estado, es decir, se conseguiría terminar el año con un déficit de 1,5 por ciento sobre el Producto Bruto Interno (PBI). En tal sentido, preguntó si ese déficit incluye el pago de los intereses de la deuda externa y las eventuales amortizaciones, y si el Ejecutivo tiene una estimación en el cronograma durante 2003 que tiene que afrontar el Estado en materia de pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública».

En el extremo de la recaudación

Posteriormente, intervinieron los representantes del equipo económico quienes hicieron uso de la palabra por turnos y por un lapso no superior a los quince minutos cada uno.

En ese sentido, Atchugarry ratificó su propósito de llegar a una meta del «1,5 por ciento del PBI en materia de déficit fiscal, lo que ya había sido acordado en el programa de agosto».

Dicha meta se refiere «al déficit, que incluye el pago de los intereses, por tanto supone un superávit primario de entre 3 y 4 puntos del PBI para poder afrontar los 500 millones de dólares de intereses que genera».

«En consecuencia, en 2003 tendremos las usuales cargas de intereses sin perjuicio de que también tendremos las amortizaciones del orden de 1.500 millones de dólares de todo el Estado, con el mercado, con organismos multilaterales de crédito y con los acuerdos bilaterales de crédito. En función de que en estos cinco meses Uruguay amortizó 640 millones de dólares para llegar a acuerdos y realizar canjes, y de que parte de estas cantidades hacen que la amortización sea algo menor a 1.400 millones de dólares», añadió el secretario de Estado.

Por otro lado, Atchugarry reiteró que se está «al extremo de la recaudación posible», por lo cual todo hace «aconsejable un mayor grado de prudencia, tanto en el ajuste de las partidas a los funcionarios como de los gastos de funcionamiento, y buscar alternativas en materia de inversión con el objetivo de reactivar la economía».

Asimismo aseguró no estar en condiciones de manejar «porcentajes» sobre los ajustes de las partidas y manejó el concepto de «prudencia». Señaló que no contaba con las cifras del ajuste de pasividades y salarios en la Administración Central aunque sostuvo que las mismas no serán superiores a las operadas en el sector privado. «Nadie entendería que el Estado fuera más generoso que los privados», dijo Atchugarry. En 2003, agregó, los funcionarios públicos ajustarían sus ingresos en forma cuatrimestral.

Sobre el proyecto de ley de reforma tributaria, al que se le incorporará «algún elemento más», destacó que no «hay un planteo de aumentar la presión tributaria, sino de redistribuirla e ir bajándola, lo cual supone una confianza en el crecimiento de la economía y en el control del gasto del Estado».

Aseguró que el resultado fiscal será «neutro en primera instancia» y tenderá a la «baja de las alícuotas en el mediano plazo manteniendo la recaudación sobre la base de un mayor nivel de actividad y bajando las tasas hacia el final».

Explicó que la propuesta consiste en la expansión de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) «con un reflejo en la baja de dos puntos en la tasa mínima y un cronograma en la baja de uno por año de ambas tasas hasta confluir en 10 y 19 por ciento respectivamente en el sentido de que los sectores que no estaban incorporados ahora sí lo estén».

Además, en la propuesta se ha agregado una reforma en el Impuesto a la Renta y la eliminación de pequeños impuestos de escasa recaudación.

En otro orden, resaltó que «la protección de los más débiles ha sido una preocupación permanente del gobierno». Ejemplificó que hubo un refuerzo de las partidas para el Iname, el INDA y la ANEP del orden de los 600 millones de dólares en total.

Por su parte, el presidente del BCU, Julio de Brun, manifestó que la estrategia del organismo para el presente año será «consolidar la imagen de que el primer elemento de fortaleza del sistema bancario pasa por la fortaleza de las propias instituciones». Dijo también que «el papel del BCU es otorgar transparencia para lograr que se consolide el flujo de recuperación de depósitos».

La normativa del Banco Central exigirá que las empresas cumplan con los requisitos que el banco establece, todo lo cual le «dará mayor relevancia a los apoyos de liquidez del BCU cuando se trabaja sobre la base de instituciones patrimonialmente sólidas, resaltando el papel del Banco Central como prestamista en última instancia». Es decir, apoyar a instituciones mediante apoyo de liquidez, pero sobre la base de instituciones patrimonialmente sanas.

«Excepcionalmente uno tendrá que recurrir al apoyo del Estado cuando todas estas barreras establecidas, bajo la red de seguridad del sistema bancario, han sido superadas. Contrariamente a lo que ha sido la norma hasta ahora, cuando el principal elemento de solidez no estaba en las propias instituciones. El nuevo paradigma estará basado en la fortaleza intrínseca de las instituciones del sistema», añadió De Brun.

El otro aspecto al que se abocará en el presente año será modificar «el paradigma tradicional de la supervisión bancaria en Uruguay, tradicionalmente basado en herramientas de tipo contable, para transferir el énfasis hacia herramientas de supervisión y regulación, basadas en la estructura de funcionamiento de las entidades bancarias y en las características del negocio bancario».

Por su parte, Davrieux se refirió a «la mejora en los servicios públicos» y resaltó que el año 2002 fue «fructífero» en materia de cambios legislativos ya que se aprobaron seis leyes referidas a modificaciones en los servicios públicos.

Asimismo, resaltó que el presente año se presenta «particularmente activo en materia de transformación y mejoramiento de los servicios públicos» y ejemplificó con la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco y la terminal polivalente del Puerto de Montevid
eo.

Endeudamiento agropecuario

Luego de la intervención de cada uno de los integrantes del grupo económico de gobierno, legisladores de todos los partidos realizaron sus planteos interrogantes.

En ese sentido, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), quien se definió como «peón recorredor de estancias», reclamó una solución al tema del endeudamiento para el sector agropecuario. Señaló que el país está viviendo «una aguda crisis con consecuencias de angustia y zozobra para la mayor parte de la población» y enumeró: «Uruguay tiene una dramática caída en la actividad económica, un endeudamiento interno alto, falta de crédito y guarismos de preocupación como el referido a que la desocupación trepó al 20 por ciento». Advirtió un «notorio» empobrecimiento del interior del país sobre la base del endeudamiento agropecuario, emigración y falta de horizontes para los jóvenes, y señaló que las perspectivas entre los uruguayos «no son iguales para todos desde el arranque». Interrogó al equipo económico acerca de si está previsto realizar un nuevo ajuste fiscal este año, si se evalúa la posibilidad de renegociar los plazos de los préstamos internacionales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la deuda externa, y cuáles son los instrumentos de política económica que el Ejecutivo utilizará para frenar los niveles de caída de la actividad económica. El legislador nacionalista también preguntó: «En qué plazo se considera que el crecimiento del sector exportador se trasladará al resto de la economía, qué mecanismos de tipo legal se piensa instrumentar para canalizar nuevamente el ahorro fugado del sistema financiero al circuito económico, y qué proyecciones hay sobre inversión externa directa».

En cuanto al endeudamiento del sector agropecuario, resaltó que su colectividad política «ha trabajado en este tema y ha hecho esfuerzos por buscar soluciones al sector».

«Lo real es que las soluciones definitivas para el sector no aparecen. Esta es una de las causas que contribuyeron a agravar las situaciones de empobrecimiento y desigualdad en el Interior, donde los pueblos se están muriendo. Si no hay una solución al endeudamiento agropecuario, se agravará la situación del Interior no sólo desde el punto de vista económico sino social», añadió el parlamentario nacionalista.

El senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular) resaltó acerca de lo expuesto por el equipo económico: «Tarde piaste, pero más vale tarde que nunca. Reaccionamos como país cuando no tenemos más remedio y estamos acorralados».

Según Mujica, la actividad pecuaria ha sido y es «el gancho de inserción de Uruguay en el mercado mundial y ha tenido baja tasa de ganancia y alta tasa de capitalización cuando la economía anda normal».

Añadió que dicha capitalización arranca de una tendencia de nuestra economía, donde la tierra tiende a subir en valores constantes a lo largo de los años. «En nuestro país la tierra tiende a bajar su valor en los momentos críticos y si tiene baja liquidez porque deja poca ganancia está cantado que la pecuaria necesita tiempo», consideró el parlamentario.

En tal sentido, el parlamentario encuentrista opinó que para defender al Banco República o a cualquier banco «no se puede andar rematando campos».

«Si fuera un banquero inteligente prefiero ir a un leasing, a un arrendamiento, y espero las leyes de la economía, porque el BROU se quedará con chauchas y palitos si pretende por esta vía recuperar el valor, porque se ha evaporado el capital», puntualizó.

Si bien reclamó que no puede perderse la paciencia con los sectores rurales, también consideró que «no puede ser que cuarenta tipos deban 300 millones de dólares» desde hace mucho tiempo, y añadió que «no debería existir el secreto bancario para amparar estas cosas».

Aseguró que no le preocupa tanto el sistema financiero porque cuando una economía «camina genera mecanismos de crédito, y lo que genera confianza es que la economía camine».

El diputado socialista Roque Arregui sostuvo que ante la grave crisis del país «que abarca a los más diversos sectores de la economía y el sistema financiero no se están planteando medidas para atacar el cuello de botella». Agregó que la salida es «reactivar la economía y generar trabajo».

El legislador socialista planteó que una fuerte medida para la reactivación del país pasa por el incremento salarial y el reajuste de las pasividades ya que un alto porcentaje de la producción se destina al consumo interno: «entonces, si no hay reactivación, no hay consumo interno».

Expresó su sorpresa ante los anuncios del gobierno referidos a que el reajuste para los pasivos será de 1,12 por ciento. «Si el Indice de Precios al Consumo (IPC) fue de 25 por ciento el año anterior y si se le resta éste 1,12 por ciento, significa que los pasivos percibirán un recorte de la cuarta parte de sus ingresos».

También interrogó al equipo económico acerca de cuántos serán los reajustes que se realizarán en el año para los pasivos y cuánto será el reajuste de los funcionarios públicos.

Para el parlamentario el instrumento que le queda al país es la renegociación de la deuda externa, «asumir que la misma se pagará, pero de acuerdo a sus posibilidades, porque por pagarles menos hoy a los jubilados y funcionarios, mañana tampoco se podrá pagar la deuda porque no tendremos una economía sana».

«Si funciona la economía no estaremos pagando 100 millones de dólares en seguridad social y nos estaremos evitando un nuevo estallido en el sistema financiero», consideró Arregui.

También interrogó acerca de lo que sucederá con las partidas destinadas a los sectores sociales.

En tanto, el diputado Nahum Bergstein (Foro Batllista) indicó: «No puede privilegiarse, en el tema del endeudamiento, a un sector frente a otros, porque evidentemente hay gente en el agro que atraviesa problemas muy importantes». Afirmó que «la presión impositiva que tiene el agro es mínima, y posee una capacidad de hacer lobby envidiable, pero siempre se aspira a que haya ciertos equilibrios con los apoyos que se le da al agro y a la industria, que sigue siendo una de las fuentes principales de mano de obra en el país».

Estuvo de acuerdo con darle tiempo al sector agropecuario, como lo planteó Mujica, pero «no por la vía legal».

«Bajar alícuotas de impuestos»

Posteriormente, Atchugarry respondió a Larrañaga que si por aumento fiscal se entiende la creación de nuevos impuestos, «el Poder Ejecutivo ha marcado la idea de ir bajando las alícuotas. Primero, manteniendo la recaudación; después, apostando a un aumento del monto imponible con alícuotas más bajas; también es necesario apostar a un gasto del Estado más racionalizado».

En cuanto a los elementos de inversión directa, sostuvo que hoy Uruguay está ofreciendo «las mejores condiciones fiscales y de oportunidad de las que ha ofrecido en su historia».

Sobre las interrogantes del legislador nacionalista referidas a la situación del endeudamiento agropecuario resaltó: «El sector es muy relevante para la vida del país, se está trabajando para mejorar las condiciones del refinanciamiento y esos créditos son una parte muy relevante de los activos del Banco República y de sus ahorristas».

«Todos debemos hacer el esfuerzo para llegar a encontrarnos en ese punto medio para atender al que quiere pagar y darle respaldo al ahorrista.

El sector merece refinanciamiento, pero también los ahorristas deben recibir sus depósitos», añadió.

Por otro lado, confirmó que en marzo del presente año el gobierno llamará a
licitación internacional para la ejecución de varias obras como aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

El secretario de Estado consideró que el ajuste del precio del combustible se realizó por la Ley de Presupuesto que establece un incremento una vez al año, por Indice de Precios al Consumo, y no descartó un nuevo incremento en febrero próximo, aunque no manejó montos.

Más adelante, De Brun dijo que el hecho de que la deuda externa se pague, tenga vencimientos en 2003 o se posterguen dichos vencimientos «no genera ningún tipo de alivio en el nivel de esfuerzo fiscal con el cual el gobierno debe comprometerse para que esa deuda sea sostenible a lo largo del tiempo. Simplemente genera un alivio de caja en el corto plazo pero no es posible, por esa vía, mantener resultados fiscales más holgados».

Tras la comparecencia del equipo económico en el Parlamento, el presidente de la Federación Rural, Gonzalo Gaggero, quien estuvo presente en las barras, se refirió a «la falta de credibilidad de números que manejó el equipo económico» y a la incógnita planteada respecto de si los recursos del Fondo Monetario Internacional «vienen o no para nuestro país». *