Piden reabrir expediente sobre bancarrota del Banco Comercial en la década de los ochenta

El abogado de Aída y Farid Ibrahim presentó recurso de reposición contra la decisión del juez penal de1

En el escrito se indica que la fiscal Tellechea admite que el archivo «sin perjuicio» implica que «queda abierta la posibilidad de que posteriormente pueda probarse la culpabilidad de los indagados…» y que si se alegan hechos nuevos debe necesariamente procederse a la reapertura del presumario. Señala que en este caso «es indudable que se invocaron hechos verdaderamente nuevos» y que en ese sentido la propia fiscal manifiesta que «…eventualmente, si luego de realizar la investigación correspondiente se demostrara que tiene conexión con el expediente que se pretende desarchivar, se procederá en consecuencia», y que en el mismo dictamen la fiscal solicita medidas indagatorias con respecto a los directores del BCU y de la CND. «Tratándose de dos caras del mismo asunto, es evidente que no pueden sostenerse criterios dispares, es decir, no puede insistirse en mantener archivado el presente presumario y solicitarse, simultáneamente, medidas indagatorias en la pieza ficha 222/2002″.

Las cartas del BCU

Asimismo, se agrega documentación que no está en el expediente y que se considera relevante. Entre ésta se encuentra una carta del BCU dirigida al presidente de la época del Banco Comercial, doctor Julio Braga Salvañach, en la que, entre otros conceptos, se dice: «En definitiva, de las evaluaciones interna y externa de la cartera de préstamos, surge que las colocaciones de mala calidad significaron un porcentaje muy importante del patrimonio ajustado del Banco Comercial. Al actualizarse los estudios… se ha acentuado ostensiblemente el deterioro de cartera, significando, los activos de riesgos prestados de mala calidad, un 1356% del patrimonio ajustado». Y, al final de la carta, «la autoridad que la expide, en su carácter de fiscalizadora de la actividad financiera, indica las medidas que el Banco Comercial debió tomar y, obviamente, no lo hizo».

También se añade otra carta del BCU a Braga Salvañach en la que se hace referencia a los denunciados y que dice: «Como se le hiciera saber por nota (…) –cuya copia se acompaña– y se reiterara en la entrevista que se mantuviera (…) con los Sres. Directores de ese Banco, Sr. Juan Antonio Otegui, Dres. Eduardo Vargas Garmedia e Ignacio Irureta Goyena y el Asesor Cr. Alberto Bensión, se hace necesaria la capitalización inmediata (…) de la empresa de su presidencia».

«Si faltaba algún elemento que indicara con claridad meridiana el nexo casual que, asombrosamente, la Sra. Fiscal Dra. Célida Basso (quien actuó originalmente en el caso y pidió su archivo) no advirtió, se estima que, ahora, esta documentación no puede dejar espacio para la duda». Aquí está, pues, «el nexo causal entre las irregularidades constatadas y la bancarrota del Banco Comercial», utilizando las palabras de la doctora Célida Basso. De esta documentación que se agrega surge con total claridad que los denunciados participaron en los hechos que constituyen el fundamento de la denuncia de autos».

«En la parte final de ésta, también, queda en evidencia el engaño que hicieron los denunciados al propio Banco Central. En efecto, dijeron que, luego de recibir las instrucciones de la autoridad monetaria, ‘se estaba trabajando en ese sentido’ (a fin de recomponer la solvencia), pero, como surge de la documentación ya agregada en autos, los denunciados hicieron, en los hechos, exactamente lo contrario: vaciaron aún más al Banco Comercial», expresa el recurso de reposición. Se agrega otra nota del BCU en la que se dice que «ante tales comprobaciones (las maniobras que determinaron la insolvencia del Banco Comercial) debería procederse al retiro de la autorización del Banco Comercial para funcionar, en cuanto intermediario financiero, por no mantener la responsabilidad patrimonial neta mínima exigida (…) sería necesario solicitar su liquidación por pérdida del 75% de su capital integrado». «¿Quienes, si no los denunciados de autos, fueron los responsables de esta situación?», se pregunta el abogado de los denunciantes.

Indagar a los denunciados

En el escrito se insiste que otro hecho nuevo es que en el juicio civil que se tramita ante el Juzgado Civil de 16º Turno se designó a tres peritos, quienes elaboraron un plan de trabajo para esclarecer las circunstancias del vaciamento y posterior quiebra del Banco Comercial, sugiriendo a la sede penal librar oficio a la mencionada sede civil para que remita copia del plan de trabajo elaborado por los tres peritos y los nombres y domicilios de los mismos, por si fueran necesarios sus testimonios.

También se sugiere que se indague a los denunciados «a fin de conocer el origen de la inversión que determinó el nacimiento de sus empresas las cuales, en diferentes rubros, constituyen grupos económicos de notoria y pública importancia. A tales efectos, la Sede podría interrogar a todos los denunciados, solicitarles los estados patrimoniales personales y de sus empresas, los balances a partir de un año antes de la bancarrota que motiva este proceso, con indicación del activo y pasivo, ingresos y egresos, etcétera, los aportes efectuados al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva, etcétera».

Entre los elementos a indagar que solicitó la fiscal Tellechea al juez Cavalli está conocer respecto a si el Estado pagó la defensa jurídica de Banco Comercial SA y, por ende, de los hermanos Rohm como sus propietarios, en el juicio que Ibrahim inició por vía civil luego de la bancarrota de esa entidad en los años ochenta, debido a lo que la fiscal solicita que por oficio el Directorio del BCU y de la CND informen sobre el tema.

El recurso de reposición presentado será enviado por el juez Cavalli en vista a la fiscal Tellechea. Después que ésta se expida el magistrado resolverá sobre el mismo. *