Uruguay hizo un paréntesis a sus horrores de hoy para saldar una cuenta con los horrores de ayer

“El acto del 21 de marzo, a las 16:00 horas, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo tiene por objetivo cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CHID) dictada en el caso Gelman versus Uruguay”, aseguró el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia. Además del acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos ocurridas, la CIDH dispuso también otras obligaciones a las que el Estado uruguayo ha venido dando cumplimiento.

Invitados

Breccia detalló que al acto del Palacio Legislativo concurrirán los ministros de Estado, quienes acompañarán al Presidente de la República, José Mujica, encargado de realizar la oratoria. Asistirá asimismo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, quien integrará la Mesa que presidirá la ceremonia,  junto al vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Danilo Astori.

Concurrirán además los protagonistas de la demanda Gelman versus Uruguay: asistirá Macarena Gelman, su abuelo Juan Gelman y otros integrantes de la familia. También estará presente el subsecretario de la CIDH, cancilleres de la región, representantes de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos.

 Acuerdos para el contenido de la oratoria

En cuanto al contenido de la intervención del Presidente de la República, Breccia dijo que la oratoria fue acordada con la familia Gelman, según fuera dispuesto en la sentencia dictada por la CIDH. A esos efectos se realizaron reuniones desde hace tres meses, en el marco de la Comisión Interministerial presidida por el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia con los ministros de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, Defensa Nacional e Interior y la coordinadora ejecutiva de la Secretaria de Seguimiento de la Comisión para la Paz, Graciela Jorge, para acordar los contenidos de la intervención del mandatario.

Una vez definido, el contenido fue sometido a la aprobación de la familia Gelman, concretamente de Macarena Gelman y su abogada, la doctora Liliana Tojo, quienes formularon observaciones que fueron recogidas en el texto definitivo. El mismo fue presentado entonces a los representantes de las distintas colectividades políticas con representación parlamentaria.

“Estimamos haber llegado a una intervención del Presidente con los máximos consensos. Esa es nuestra expectativa y creo que existen fundamentos sólidos para que así sea”, aseguró el jerarca.

 Colocación de placa en homenaje

A las 11:00 horas del mismo 21 de marzo, cumpliendo con otra de las obligaciones establecidas por la CIDH se colocará en el que fuera el edificio del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) —ubicado en Bulevar Artigas y Palmar— una placa en homenaje a María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, Macarena Gelman y todas las víctimas que por allí pasaron y estuvieron detenidas clandestinamente, por largo tiempo y en muchos casos fueron desaparecidas.

Actualmente la ex sede del Centro de Estudios Superiores del Ministerio de Defensa (CALEM) ha sido afectada por resolución del Poder Ejecutivo al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

“Es una ceremonia mucho más íntima a solicitud expresa de la familia Gelman y a pedido de la propia Macarena. Se descubrirá una placa en el lugar donde estuvo físicamente recluida María Claudia, en forma previa a su desaparición”, informó Breccia.

Asunción de responsabilidad internacional

Ambos actos constituyen la asunción de responsabilidad internacional por parte del Estado y se realizan para dar cumplimiento cabal de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de la Presidencia señaló que la jurisdicción y competencia de la CIDH fueron expresamente aceptadas por el Estado uruguayo mediante una ley interna por la que se incorporó la Convención Interamericana de Derechos Humanos al Derecho Patrio en el año 1985 durante el primer Gobierno de Julio María Sanguinetti, apenas iniciado el proceso de la redemocratización del país.

“En tal sentido, las sentencias de la CIDH son, según la doctrina y jurisprudencia  nacionales e internacionales, sentencias obligatorias para el Estado uruguayo, que es respetuoso de las obligaciones asumidas ante los organismos internacionales”, explicó el jerarca.