Sueldazos, amiguismo y nepotismo siguen marcando la política en contratos de obra

El escándalo por la implementación que en los últimos gobiernos se dio a los Arrendamientos de Obra y Servicios determinó diversos llamados a sala y sucesivos pedidos de informes de los legisladores de ambas cámaras que logran obtener los detalles de estas contrataciones con meses de retraso.

El diputado frenteamplista Doreen Ibarra elaboró un extenso análisis luego que terminó de estudiar un voluminoso expediente con el que se le respondió a un pedido de informes realizado tiempo atrás. Entonces Ibarra había denunciado su preocupación por los datos divulgados sobre los contratos del año 2000.

En el documento, Ibarra explica que aunque en los proyectos administrados dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se redujo en un 20 por ciento el monto de dinero utilizado, se mantiene una desproporción en las cifras de algunos contratos y continúan apareciendo los mismos nombres y apellidos como beneficiarios.

Como ejemplo el legislador cita los casos de Pablo Spiller y Manuel Abdala, quienes cumplieron funciones en el Proyecto URU/001/003 («Diseño de Procedimientos competitivos para la asignación del espectro radioeléctrico»). Spiller recibió 80.062 dólares por un contrato de cinco meses y medio, lo que implica un salario mensual de 203.794 pesos. Abdala cobró 52.948 dólares por trabajar menos de medio año, es decir, un sueldo mensual de 134.777 pesos.

«La pregunta que nos hacemos –señala Ibarra– es cómo es posible que se hayan pagado estas remuneraciones durante el año 2001, año durante el cual la crisis económica determinó ajustes de diversos tipos y caída del salario real de la mayoría de los trabajadores. El gobierno decía estar realizando recortes dada la caída de la recaudación, pero por otra parte accedía a contratar personas con estas remuneraciones. Es claramente una falta de sensibilidad y una disociación del discurso con la práctica ¿Cómo puede ser que el Sr. Presidente de la República se alarme porque un portero de un banco oficial gane 20 mil pesos, pero por otra parte firme contratos que implicaron remuneraciones de más de 150 mil pesos mensuales?».

El decreto que no se ejecutó

El 30 de abril de 2002, el presidente Jorge Batlle aprobó el Decreto 158/002 por el que se prohibió la contratación de nuevos arrendamientos de obra y se creó una comisión asesora «a efectos de evaluar la pertinencia y necesidad de los contratos de servicios personales vigentes o que se pretendran contratar» en la administración central o en los entes descentralizados.

El 12 de junio siguiente se terminó por aprobar un nuevo decreto, el 208/002 en el cual, aduciendo la necesidad de «realizar algunos ajustes e interpretaciones» a la resolución presidencial de abril, se terminó por imponer modificaciones sustanciales.

En particular, se agregó una frase por la cual los controles no se aplicarían a los contratos «cuya suscripción originaria fuera anterior al 1º de marzo de 2000″, es decir, todos los arrendamientos de obra firmados desde 1984 y que han permanecido durante dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y la administración de Luis Alberto Lacalle.

Con la nueva resolución de junio, todos los contratos de obra quedaron en manos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que desde hace décadas maneja el contador Ariel Davrieux, quien, al igual que el secretario de la Presidencia y los ministros, podría ahora realizar contrataciones directas cuando se lo considerara «imprescindible».

El tema, publicado en LA REPUBLICA a mediados de agosto de 2002, advertía sobre la situación de varios funcionarios de la propia OPP, que a su vez tenían contratos de obra con el Estado, cuando debían ser los controladores de esas contrataciones. De hecho, esos técnicos quedaban en situación de tener que controlar a quienes los habían contratado.

Los «cuadros» de Ibarra

El análisis elaborado por el legislador frenteamplista incluye una serie de cuadros en los que se destaca la existencia de altas remuneraciones (la mayoría de los contratos implica salarios de más de 40 mil pesos) y la presencia de personas vinculadas con sectores del poder político.

Ibarra observa la presencia de parentescos perfectamente identificados como el de Inés Lacalle (hermana del ex presidente), Ana Brezzo Onetti (hija del fallecido ministro de Defensa Luis Brezzo), Ana Alfie Stocheck (hermana del asesor del Ministerio de Economía), Iael Noachas Eisenberg (hija del destituido presidente del Banco Hipotecario del Uruguay), Luis Alberto Borsari Brenna (hermano del diputado del Partido Nacional), entre otros.

También subraya la contratación de ex dirigentes políticos como Ariel Moller (ex integrante del Directorio de OSE), Mario Artecona (ex asesor del MGAP), Eduardo Cobas (ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas), Pedro Spiellman (actual asesor del Ministerio de Economía para la reforma del sector salud), Carlos Delpiazzo (ex ministro de Salud Pública), junto a otros «apellidos conocidos» cuyo lazos familiares no son aún confirmables.

«Esto demuestra –afirma Ibarra– que una condición muy importante para acceder a contratos de Arrendamientos de Obras y Servicios son las vinculaciones familires o de amistad con dirigentes de los dos partidos tradicionales o en su caso, reclamar un contrato en virtud de los «servicios prestados».

Como vemos, el clientelismo político no se elimina por prohibir el ingreso a la función pública».

Finalmente, el legislador llama la atención sobre la existencia de un cierto número de personas que tienen o han tenido más de un contrato. Incluso hay quienes han llegado a tener tres contratos distintos. Al respecto, señala el caso de la hermana del ex presidente Luis Alberto Lacalle, contratada para el «Apoyo al Fortalecimiento de las Areas Sociales (FAS)» y el «Apoyo al marco de Cooperación con Uruguay»; o el ex ministro Delpiazzo, quien trabajó en el «Programa de Mejoramiento de Barrios», en el «Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo» y en el «Programa de Apoyo en la instalación y funcionamiento en materia económico-financiera del Estado». *

Nepotismo (De nepote) m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.

(Diccionario de la Real Academia Española)