Informe de la Departamental del FA a la Mesa Política

Variadas críticas a la instrumentación del boleto obrero de la IMM

Los integrantes de la Departamental reclamaron que se «garantice el rol regulador de la IMM» y expresaron su preocupación porque la multinacional Accor está administrando esta preventa de boletos, lo que «significa que estamos ante el nacimiento de un nuevo ente privado regulador del sistema de transporte colectivo». El cuestionamiento a Martín radica en que «la División Tránsito tenía conocimiento» de esta situación pero «no la trasladó a la Comisión de la Departamental del FA, responsable del tema del transporte colectivo de Montevideo a la que estaba asistiendo».

Asimismo la dirección departamental de la coalición de izquierda entiende que a nivel del transporte colectivo capitalino «se vive en un clima donde prima la impunidad de las empresas –que hasta eliminan inconsultamente líneas como la 114– , la sensación de que los poderosos de siempre todo lo pueden y de que toda otra opción no es viable».

Intendente ignorado

Según la Departamental, «el contrato que la empresa Accor firma con las compañías de transporte viola la resolución 4469/02″, adoptada por el intendente Mariano Arana el 22 de noviembre pasado.

En dicha resolución el jefe comunal estableció que el boleto obrero fuera asimilado al denominado «boleto institucional», para el que ya existe preventa autorizada por la Junta Departamental de Montevideo a un precio diez por ciento inferior al del boleto común.

Accor elaboró un contrato donde expresa que los tiques transporte «se asimilan al boleto Categoría A», que en la actualidad se vende a once pesos. Según datos recopiados por la Departamental del FA, «Accor expresa que se hace cargo de que la IMM cambie la resolución».

La dirigencia frenteamplista agrega que «quien ha asumido la representación de la transnacional y presionado a las empresas montevideanas para que se asocien con ella es Ernesto Toledo, del sindicato de camioneros de transporte de carga, quien ha manifestado que tiene poder suficiente como para hacer cambiar la resolución del Intendente Municipal que asimila el boleto obrero al boleto institucional».

Además, «se han puesto plazos perentorios para que las empresas de transporte montevideano firmen sus respectivos contratos con la multinacional. Ante la falta de orientación escrita de la División Tránsito por las intromisiones de algunas cláusulas del contrato en el Digesto Municipal, las empresas dudan acerca de cómo encarar la situación».

Para la Departamental, «todo lo antedicho significa la irrupción violenta del capital financiero internacional.

Simplemente poniendo a disposición la red de empresas con las que ya tiene convenios de alimentación, sin invertir en el sistema, y pasando por encima de las atribuciones municipales, pretende administrar progresivamente toda la preventa de boletos». *

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