Derechos Humanos en la agenda judicial

La violación a los Derechos Humanos durante la pasada dictadura y sus protagonistas lejos de ser un tema cerrado, en 2002 tuvo particular vigencia y fue centro de diferentes causas judiciales.

El procesamiento de Blanco fue el hecho más destacado, pero otros expedientes también fueron importantes. En ese sentido, el 19 de noviembre fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia contra el ex presidente dictatorial Juan María Bordaberry, por atentado a la Constitución. El escrito fue patrocinado por la Asociación de Familiares de Asesinados Políticos y tiene la firma de miles de personas. Bordaberry, al igual que Blanco, no está amparado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ya que ambos son civiles.

Por otra parte, la Justicia Penal desarchivó el expediente abierto por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976. El juez Roberto Timbal hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y solicitó información a los ministerios del Interior y Defensa Nacional, al gobierno de Estados Unidos, a la Justicia argentina y al Poder Legislativo, apuntando fundamentalmente a descubrir los autores intelectuales de los crímenes. El expediente está en trámite.

Otro caso que está en trámite es el del asesinato de ocho militantes comunistas en la Seccional 20 de esa fuerza política en 1972. El expediente fue archivado a pedido fiscal. Posteriormente, se presentó una ampliación de denuncia por parte de los familiares de los militantes comunistas asesinados, solicitando el desarchivo del expediente y efectuando denuncia de presunta responsabilidad en concepto de coautor a Juan María Bordaberry. Tras analizar este pedido, el fiscal Enrique Moller solicitó al juez Rolando Vomero que se realice la indagatoria, a lo que éste hizo lugar, habiendo tomado a la fecha varios testimonios y teniendo previsto más. El juez penal Gustavo Mirabal resolvió mantener la clausura de las actuaciones por la desaparición de 12 ciudadanos uruguayos en Argentina en 1976, haciendo lugar al pedido del fiscal Enrique Moller, aunque no compartió su posición y consideró que la instrucción de las denuncias formuladas debió llevarse a cabo. La denuncia que pide la reapertura de los expedientes fue realizada por familiares de las víctimas y en ella se pide la condena a 9 militares y policías uruguayos. Fuera de este expediente quedó la desaparicion de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta, que se indaga. Dos militares identificados por diversos testimonios entre las principales figuras de la represión y la violación a los derechos humanos durante la dictadura debieron afrontar causas judiciales por sus declaraciones en democracia. Uno de ellos fue el coronel retirado José Baudean, por amenazar en una audición radial al sacerdote e integrante de la Comisión para la Paz Jorge Osorio. En sus testimonios el sacerdote restó relevancia a las amenazas, en tanto que Baudean expresó que no fue su intención amenazar y que si así se entendió pedía disculpas. Tras esto el fiscal Rafael Ubiría y el juez Alvaro França coincidieron en archivar el expediente.

Una situación muy diferente es la que se vive con el expediente abierto a raíz de una denuncia presentada por organizaciones de Derechos Humanos contra el coronel retirado Manuel Cordero por apología del delito. Éste ha presentado un sinnúmero de recursos buscando dilatar su comparecencia ante los estrados judiciales, quedando varios por resolver.

El tema de los Derechos Humanos traspasa fronteras, ya que la Suprema Corte de Justicia espera respuesta a los exhortos que libró en setiembre de este año a la Cancillería y al Ministerio del Interior, solicitando copia autenticada de la documentación relativa al pedido de detención preventiva con fines de extradición de los oficiales uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida (fallecido posteriormente a este pedido) que accionaron también en Argentina, formulado por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral. El Poder Ejecutivo nunca dio pase a la Justicia de ese pedido y por ello Ielsur presentó un escrito ante la Corporación Judicial reclamando que ese pedido pase al juzgado correspondiente. *