El coronel (r) Sambucetti está a cargo de la Fiscalía Militar

La titularidad de la Fiscalía de Feria recayó en el coronel (r) Julio Herrera, actual fiscal militar de 1er. Turno. Sambucetti, fiscal militar de 2do. Turno, actuará como subrogante entre el 25 de diciembre de 2002 y el 31 de enero de 2003, y como encargado del despacho del fiscal, a partir del 1º de febrero de 2003 y por un período de treinta días.

Para la causa de los derechos humanos, Sambucetti es un apellido de triste recuerdo.

En mayo de 1987, durante el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, el entonces ministro de Defensa (Juan Vicente Chiarino) lo designó como fiscal militar para que cumpliera con el artículo 4º de la Ley de Caducidad. El artículo mandata el esclarecimiento de las denuncias de desapariciones forzosas. En julio se conocieron los resultados: no existen pruebas de la desaparición de personas en el Uruguay. Este hecho disparó la recolección de firmas para habilitar el llamado a referéndum y derogar la ley, que culminó meses después con la ratificación de la norma.

Empero, la investigación se constituyó –según los denunciantes de violaciones a los derechos humanos– en uno de los mayores fiascos conocidos. En realidad, sostuvieron, no hubo investigación, no se procuraron pruebas, no se realizaron careos, según surge de las actas de los interrogatorios. La «investigación» se limitó a un simple cuestionario sin repreguntas a sus subordinados, que apuntaba a lograr conclusiones previsibles: «no se constataba la participación militar o policial en los casos denunciados».

Años después, en febrero de 1998, Sambucetti se refirió en un reportaje a las desapariciones ocurridas en Uruguay durante la dictadura. En declaraciones al semanario Búsqueda, el ex fiscal castrense, ya retirado, declaró que las desapariciones fueron producto de «acciones descentralizadas» de militares fuera de control de los mandos. También hizo hincapié en que «ningún superior nunca dio una orden de nada» para provocarlas.

A excepción del enjuiciamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, el Poder Ejecutivo ha podido aplicar hasta ahora la Ley de Caducidad, en casi todas las causas que involucren a episodios de la dictadura, incluso anteriores al golpe de Estado. Por otro lado, no se habían continuado las investigaciones en el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz –reabiertas hace poco por la Justicia– lo cual estaba expresamente descartado en la exposición de motivos de la ley. Pero la contradicción aflora en la propia averiguación de Sambucetti: no participaron militares ni policías, y sin embargo, los expedientes de esas actuaciones se archivaron.

La Comisión para la Paz, creada por Jorge Batlle en agosto de 2000, logró confirmar oficialmente las desapariciones en nuestro país, y más precisamente dentro de unidades militares. Sin embargo, está pendiente la información sobre el paradero de los restos. *