Justicia liberó a municipales que agredieron a periodistas

A cinco días de la feria judicial, el magistrado accedió a la solicitud de los abogados Gustavo Salles y María de la Fuente, quienes había requerido la libertad provisional de los trabajadores procesados por violencia privada. El procesamiento se produjo el jueves 28 de noviembre y fue realizado de oficio, dado que ninguno de los periodistas agredidos quiso presentar denuncia. Pese a que los agresores no tenían antecedentes penales, el juez resolvió remitirlos a Cárcel Central, donde permanecieron 23 días. La libertad provisional concedida ayer no tiene ninguna condicionalidad.

Eduardo Arbes, secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), dijo a LA REPUBLICA que la dirección gremial está «haciendo los trámites ante la Intendencia de Montevideo (IMM) para que los compañeros se reintegren a sus actividades lo antes posible». Los trabajadores están sumariados porque el Digesto Municipal establece que debe iniciarse un sumario a todo trabajador que sea procesado.

El director del Departamento Jurídico de la comuna, Adolfo Pérez Piera, señaló que los trabajadores «podrán reintegrarse independientemente del sumario. No se trata de una falta grave, por lo que pueden volver a trabajar y el sumario seguirá hasta que esté terminada la causa judicial». La apelación a los procesamientos está a estudio de un tribunal de apelaciones que dará a conocer su resolución el año próximo.

Reclamo por convenio

Por otra parte, el abogado Daniel Ochs presentó el jueves el reclamo judicial para que la comuna cumpla con el convenio salarial firmado en diciembre del año pasado. Seis mil trabajadores firmaron el reclamo, que fue presentado en el Juzgado Civil de 8º Turno.

La demanda reclama el pago de los haberes atrasados por el reajuste que habría correspondido al cien por ciento del IPC a partir del 1º de octubre. Los demandantes consideran que la resolución adoptada por el intendente Mariano Arana el 8 de noviembre, denunciando el convenio, no es válida porque el plazo ya estaba vencido y la denuncia no fue avalada por un juez.

Pérez Piera no coincide con este punto, ya que «la jurisprudencia dice que el Estado puede rescindir los contratos. Esto es todavía más válido cuando se trata de convenios colectivos. Entendemos que la actuación de la administración ha sido correcta y que el Derecho nos ampara». *