Comisión para la Paz informará el jueves sobre destino de los restos

La reunión fue prevista una vez que la Comisión para la Paz diera a conocer su preinforme final, luego de dos años y medio de trabajo, y confirmó que 81 uruguayos (26 en el país y 55 en Argentina) fueron secuestrados, torturados y asesinados en centros clandestinos de reclusión entre 1971 y 1981. Empero, el cuerpo central del informe final  que el grupo entregará al presidente Jorge Batlle  hará mención a 204 casos, en su mayoría denunciados ante organismos internacionales, sobre los cuales la Comisión para la Paz también investigó.

El preinforme fue divulgado luego de que la Comisión se reuniera con los familiares de cada una de las víctimas y les indicara, en algunos casos, la circunstancias en las que se produjeron las muertes, aunque en ninguno de los episodios se explicó qué ocurrió con los restos.

El tema de los restos de los desaparecidos se constituye en uno de los ejes centrales del proceso iniciado por el presidente Jorge Batlle, quien al crear la Comisión para la Paz en agosto de 2000 convocó a un «estado del alma» que permita cerrar el doloroso proceso de la represión en los años de la dictadura.

Sin embargo, aunque el asesor presidencial Carlos Ramela ha indicado que el Estado uruguayo asumirá la «responsabilidad» por las muertes en territorio nacional, no se ha adelantado cuál será el estatus jurídico que se otorgará a los desaparecidos para reconocer su muerte.

«Si el Estado comete un daño, tiene que repararlo», dijo el asesor presidencial. Con respecto a este tema, Carlos Ramela, reconoció que se seguirán los criterios establecidos por el Derecho comparado. «La alternativa que se maneja es la de una indemnización única y tarifada», dijo ayer el vocero de la Comisión a Radio El Espectador. Ramela afirmó ayer que el cuerpo central del informe ya está pronto y sostuvo que la documentación de los casos individuales, ha llevado más tiempo del previsto originalmente (se pensaba hacer coincidir la fecha del informe final con el día Internacional de los Derechos Humanos).

¿Qué ocurrió con los cuerpos?

Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han propuesto que se legisle para crear la condición de muerte por ausencia, incluida en la legislación argentina y de otros países, en tanto que organizaciones políticas como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) ha advertido que no «transará» las desapariciones.

Luego que la Comisión para la Paz entregó su preinforme al presidente Jorge Batlle, se difundieron trascendidos de prensa que indicaban que la hipótesis del organismo era que la totalidad de los restos fueron cremados y arrojados a las aguas del Río de la Plata.

La versión fue rechazada por el vocero de los familiares, doctor Javier Miranda, quien consideró la hipótesis como una «versión interesada» para cerrar el capítulo sin llegar a la verdad. Miranda opinó que la versión intenta sedimentar un estado de opinión pública que permita únicamente declararlos muertos.

Según información en poder de LA REPUBLICA, luego de recibido el preinforme, el propio presidente Jorge Batlle realizó contactos con altos mandos militares para obtener respuestas sobre el destino final de los desaparecidos, aunque no habría realizado un pedido formal sobre el tema a los comandantes de las Fuerzas Armadas.

Otras fuentes indicaron que el informe final de la Comisión para la Paz, donde quedaría incluido el tema «restos» y se definirían propuestas jurídicas al respecto, quedaría elaborado a mediados del mes de enero o principios de febrero del año entrante. Ramela admitió ayer que la Comisión maneja más de una versión en este sentido.

Empero, la hipótesis que, finalmente, será «recogida» por la Comisión para la Paz es la que ha trascendido públicamente: la cremación de los cuerpos y posterior dispersión de las cenizas.

Fuentes del grupo dijeron a LA REPUBLICA que esto no significa «avalar» la misma. «Simplemente, es la versión recogida por los informantes militares que han colaborado con los trabajos.

La Comisión no tiene elementos como para formular un juicio de valor ni avalar esta versión», se aclaró. *