Vertiente cuestionó el papel del EP-FA y de Vázquez en conflicto con Adeom

La Asamblea Nacional de VA comenzó el pasado fin de semana la discusión sobre los aspectos ideológicos emergentes del conflicto entre la IMM y Adeom. El debate se hace sobre un documento –al que tuvo acceso LA REPUBLICA— de 43 puntos, titulado «La fuerza política, su administración, los trabajadores y los ciudadanos en un gobierno del EP-FA».

Para la Vertiente, la izquierda no percibió la dimensión política del enfrentamiento, cayó en un discurso «pretendidamente principista» y expuso el capital político acumulado en Montevideo. El documento critica incluso a Tabaré Vázquez, de quien dice que en sus apariciones públicas, por la forma y oportunidad, «ambientó la utilización que nuestros adversarios» hicieron del conflicto y «diluyó el respaldo de la fuerza política a su gobierno».

El texto afirma que la situación fue fruto de la combinación del impacto a nivel comunal de la crisis nacional y la «actitud intransigente asumida por el sindicato».

En el desarrollo de los acontecimientos influyeron, según VA, la «profundización de la crisis social debido al empobrecimiento progresivo de la población», que «supuso un aumento de la demanda de la asistencia social que brinda la Intendencia en Montevideo a comedores, merenderos, policlínicas, subsidio al boleto, etcétera. Y al mismo tiempo colocó a la mayoría de la población en una situación de asfixia económica en muchos casos insostenible, que se agravaría si el gobierno municipal establecía aumento de tributos y del boleto urbano».

La imposibilidad de cumplir con el convenio, sostiene el documento, » generó una reacción destemplada de resistencia sindical y un conflicto que, tal como fue planteado y se desarrolló, desplazó el eje de las demandas salariales, derivando en un conflicto político con diversos actores involucrados. Puso a prueba la capacidad de gobierno del Frene Amplio, y fue afrontado por un equipo de gobierno que demostró que la izquierda puede gobernar y sortear situaciones críticas con base en sus compromisos básicos, y a su traducción en la aplicación de criterios políticos que compartimos: realización de una buena gestión de gobierno garantizando obras y servicios, gobierno con sensibilidad social en beneficio de los que más necesitan, mejora de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores en la medida de lo posible, y apuesta al diálogo democrático para dilucidar las diferencias».

En esa dirección, recuerda que la Vertiente respaldó y respalda lo actuado por el equipo de gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo encabezado por Mariano Arana, ante un conflicto de dimensiones desproporcionadas con relación a la situación real de los trabajadores y la actitud asumida por el gobierno municipal.

Por el contrario, «las vacilaciones, dudas y críticas planteadas en el Frente Amplio-Encuentro Progresista ante esta situación, demostraron la incomprensión de los alcances y profundidad del impacto de la crisis sobre el gobierno municipal y la limitación de sus márgenes económicos, una confusión absoluta sobre los alcances de su carácter de fuerza de gobierno, y serias confusiones políticas e ideológicas que deberán ser abordadas y resueltas de cara a un eventual ejercicio del gobierno nacional».

Se registraron, añade, «inconsistencias en el respaldo al gobierno propio y al intendente, desgastando la imagen de la fuerza política. No se comprendió que estaba en juego su capacidad de ser gobierno, y de asumir una postura clara ante un conflicto que la enorme mayoría de la población entendía como injustificado. Se privilegió la atención de las contradicciones internas, primó el posicionamiento sectorial, la lectura de corto plazo y la voluntad consciente o inconsciente de dirimir diferencias ideológicas no saldadas en la interna del FA apuntando –a veces irresponsablemente– contra el gobierno municipal (…) Se cayó en un discurso pretendidamente principista y paternalista que no aportaba a la comprensión y resolución del problema planteado, y no se asumió la responsabilidad que implica la presencia de compañeros al frente del Ejecutivo de un gobierno ante una situación de conflicto. Con esa actitud se expuso el capital político que representa para el colectivo el gobierno de Montevideo, su intendente y al propio compañero Tabaré Vázquez, dado que por la forma y la oportunidad de su planteo ambientó la utilización que nuestros adversarios hicieron del mismo y se diluyó el respaldo de la fuerza política a su gobierno».

Juntos, pero no entreverados

El documento ataca, también, el peso de algunas nociones y «conceptos ideológicos relacionados con la forma de entender el compromiso histórico de la izquierda con los trabajadores y con su programa (…) Conceptos que deben ser discutidos fraternalmente desde una lógica progresista, sin complejos ni tergiversaciones, en un debate ideológico y político al que pretendemos aportar».

En ese sentido, la Vertiente entiende que «asumir el compromiso con la lucha por la justicia social a favor de los sectores populares en la actualidad supone asumir como cuestión conceptual básica, la enorme modificación ocurrida en la economía y la sociedad contemporánea, que determina que los sectores populares se compongan hoy de una gran masa de desempleados, subempleados, indigentes, excluidos y clases medias empobrecidas, además de la clase trabajadora tal cual fue concebida por la izquierda clásica como principal objeto de la explotación capitalista y sujeto casi excluyente de las preocupaciones de la izquierda y del proceso progresista de cambio una vez asumido el gobierno».

Para VA, el compromiso con la clase trabajadora no implica que se admita que todas sus luchas persigan objetivos compartibles. «Sostenerlo significaría un error político y una muestra de ingenuidad, semejante a sostener que toda organización social está integrada exclusivamente por militantes frenteamplistas bien intencionados al servicio de sus intereses legítimos y del interés general, e impolutos de toda intencionalidad política».

En otro capítulo, el texto señala que el «fin no justifica los medios», por lo que «ningún fin por altruista que se pretenda justifica como medio de lucha la violencia irracional y la intolerancia, ningún instrumento democrático y legal de gobierno bien utilizado es ilegítimo para enfrentar situaciones que lesionen al conjunto materialmente o en sus principios de convivencia. La posibilidad de recurrir desde el gobierno a la declaratoria de esencialidad de servicios o la denuncia de convenios no debe ser demonizada por el Frente Amplio, ni éste debe amputarse medida legítima alguna de gobierno para su aplicación responsable y sujeta a principios. De la superación de prejuicios o confusiones en torno a estos problemas dependerá en gran medida su posibilidad de realizar cambios significativos desde el gobierno en el futuro».

Otro de los conceptos desarrollados sostiene que «la aplicación del programa de gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio para un período –en el marco de un proyecto de largo plazo de desarrollo con justicia social más profundo– supondrá la administración de conflictos y contradicciones diversas. Conflictos con los adversarios políticos, con sectores sociales conservadores que resistirán cualquier reducción de sus privilegios, y también con sectores sociales identificados con el proyecto de cambio que querrán satisfacer sus demandas mejorando su calidad de vida en el menor tiempo posible y simultáneamente, contraponiendo intereses corporativos coyunturales y entendibles con intereses estratégicos. Pruebas en distintos procesos de nuestro continente abundan». *