"Si hay una ley de gobernalidad para el país, es la ley de los bancos"
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo discrepar «enormemente» con la posición del líder del Herrerismo, Luis Alberto Lacalle, respecto al tema de los bancos, siendo contrario a la liquidación de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera. En esta jornada el Directorio del Partido Nacional analiza el tema, comenzando a delinear su posición al respecto.
«Más allá de que no compartimos cien por ciento la idea del gobierno con respecto al tema de los bancos, para nosotros es importante procurar su reapertura, porque si no la enmienda va a ser peor que el soneto», expresó Larrañaga a LA REPUBLICA.
«Nosotros en principio discrepamos enormemente con la posición sustentada por el doctor Lacalle respecto al tema de los bancos propugnando un liso y llano proceso de liquidación. Creemos que en primer lugar si hay una ley de gobernabilidad para el país es esta ley, la ley de los bancos. Porque en definitiva sobre el tema de los bancos el primero y el único responsable del tratamiento del tema ha sido el gobierno, eso es indiscutible porque además el proceso de crisis de los bancos se hizo en absoluto desconocimiento del Parlamento del país. Si hay una ley de gobernabilidad más allá de que no nos termine de gustar enteramente, debe ser ésta», indicó el senador nacionalista.
«En segundo lugar, es absurdo que la sociedad uruguaya haya invertido más de mil millones de dólares en la crisis de los bancos para terminar hoy en un simple proceso de liquidación, que va a afectar a los sociedad en su conjunto y en primer lugar a los ahorristas, a los depositantes que fueron los que confiaron en el sistema y así les ha ido».
Para Larrañaga, «hay que propiciar y buscar todos los caminos tendientes a lograr la reapertura de los bancos, porque si no todos sabemos que los depositantes, en el mejor de los escenarios en un proceso de liquidación cobrarían el 20%. En consecuencia, esta ley de bancos debe ser la que tutele los derechos de la sociedad en su conjunto, pero también y en primer lugar los derechos de los depositantes, de los trabajadores bancarios, de los deudores de las instituciones bancarias, que si vamos a un proceso de liquidación tendrían que ir directamente al remate judicial».*
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