Pedidos de informes por expulsión

El Colegio de Abogados (CAU) cursó pedidos de información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Ministerio del Interior, ante la denuncia del doctor Juan Fagúndez –defensor del ciudadano vasco expulsado de Uruguay por el Poder Ejecutivo, Jesús María Lariz Iriondo– que dijo que existió una violación de los fueros del abogado en ejercicio de la abogacía. Por otra parte, el juez penal de 16º Turno, Alvaro Franca, tiene previsto citar a declarar al director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Luis Pereira Saldías, quien ayer regresó al país. Franca indaga si hubo irregularidades en la expulsión de Lariz Iriondo, por lo que ya tomó testimonio a los dos agentes que viajaron con el ciudadano vasco a Buenos Aires. En la carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el CAU aclara que «no están en tela de juicio ni los aspectos estrictamente jurisdiccionales ni las facultades del Poder Ejecutivo aludida en esta solicitud» (la expulsión de Lariz Iriondo). Haciendo un racconto de lo sucedido, indica que el 22 de noviembre, tras rechazar el pedido de extradición de Lariz Iriondo presentado por España, la jueza penal de 20º Turno, Aída Vera, le informó al Dr. Juan Fagúndez que su patrocinado sería trasladado al Juzgado Penal de 17º Turno y como no podían viajar en el mismo vehículo, Fagúndez fue por sus propios medios a esperarlo. Tras un tiempo razonable, Fagúndez fue informado que no esperaban a su cliente en el Juzgado de 17º Turno.

«La errónea información que se brindó al abogado por la titular del Juzgado Letrado en lo Penal de 20º Turno provocó la separación del abogado de su patrocinado e impidió a aquél el ejercicio oportuno de la defensa a que su asistido tenía derecho irrenunciable», indica la misiva del CAU. Más adelante, sostiene que «el CAU, por lo tanto, tiene la obligación de investigar este acto de grave afectación del ejercicio de la abogacía, sin perjuicio de extremar el cuidado y el respeto que también debe el abogado a todos los magistrados y autoridades administrativas, en pie de igualdad». Por ello la gremial de los abogados solicita a la SCJ, como jerarca del Poder Judicial, se le informe si la jueza Aída Vera acepta haber informado al Dr. Fagúndez acerca de cuál sería el destino inmediato de Lariz Iriondo. También desea saber el CAU si la jueza de 20º Turno conoce cómo se produjo «una desviación tan grande del destino del Sr. Jesús Lariz Iriondo que previamente había informado al Dr. Fagúndez», si el juzgado de 17º Turno había comunicado a su similar de 20º Turno la iniciación de una causa en su sede y que Lariz Iriondo quedaba a su disposición una vez liberado; si tenía fijada audiencia que exigía la comparecencia de Lariz Iriondo el día 22 de noviembre. La solicitud ya se encuentra en trámite, aunque la jueza penal de 17º Turno, Ana Lima, luego de ser trasladada por la SCJ a un Juzgado laboral decidió presentar renuncia a su cargo. Su traslado nada tuvo que ver con esta causa, aseguró la SCJ, como erróneamente se informó. *