Gobierno uruguayo no pagó honorarios y Tribunal de Arbitraje en demanda de Benhamou no sesionó

De acuerdo a información de fuentes próximas al tribunal, la actitud del gobierno uruguayo causó sorpresa porque impidió que se formalizara la audiencia del pasado 6 de diciembre en Madrid, tal como estaba estipulado desde un mes atrás.

Cuando se recurre a un tribunal arbitral internacional, las partes deben hacerse cargo de los honorarios de los magistrados convocados a tales efectos. Mientras Benhamou cumplió en tiempo y forma con esa obligación, nuestro país fue omiso en cumplir lo pactado en los plazos acordados. La situación recién fue subsanada por nuestro gobierno el martes 10 y ahora se aguarda que el tribunal fije la fecha de una nueva audiencia.

El Tribunal Arbitral, que está integrado por los magistrados Andrés Rigo Sureda (presidente), Jorge Tálice Ibáñez (en representación del Estado uruguayo) y François Lasry (en representación de Benhamou), determinará si Stephane Benhamou puede ampararse en el Tratado Franco Uruguayo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, aspecto que cuestionó la representación legal del Estado nacional aduciendo que el ex banquero era ciudadano de Marruecos. Benhamou presentó el pasado 6 de noviembre las pruebas que atestiguan su doble condición de ciudadano francés y marroquí, lo cual lleva a los observadores a predecir que el juicio seguirá adelante.

La cuestión de fondo que deberá dirimir el tribunal, una vez despejado este asunto formal, refiere a la exigencia de Benhamou de que se le devuelva la propiedad del Banco Pan de Azúcar, o en su defecto, que se le resarza en 126 millones de dólares por los daños que, aduce, se le infirieron, de acuerdo a lo que establece su defensa a cargo del abogado suizo Favio Soldati.

La representación uruguaya, que ya cobró 75 mil dólares de honorarios del erario, está integrada por el ex secretario general de la Presidencia de la República durante la Administración Sanguinetti, doctor Elías Bluth, y por los doctores Tomás Brause Berreta, Daniel Artecona, ambos del Banco Central al momento de iniciarse la demanda, y Juan Pablo Cajarville, quien es profesor y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo.

El doctor Bluth fue nombrado para esta función dos meses antes de que Sanguinetti dejara la Presidencia, más precisamente el 29 de diciembre de 1999, sorprendiendo en medios jurídicos su designación dada su probada falta de experiencia en litigios de alta complejidad y especialización como el presente que enfrenta el Estado nacional.

Las estrategias en pugna

Después que se dilucide la controversia acerca de la procedencia de Benhamou en ampararse en el tratado citado líneas arriba, el tribunal abordará el examen de la sustancia del conflicto y lo que dictamine tendrá efecto inapelable.

La estrategia de los abogados que defienden al Estado uruguayo pasa por apoyarse en el reciente acuerdo transaccional suscrito entre el gobierno uruguayo, que recibió cinco millones y medio de dólares de parte de los seis pequeños bancos italianos accionistas de Banknord, la fiduciaria que adquirió el Banco Pan de Azúcar en nombre de Eurofar, la sociedad irlandesa mandante.

En contrapartida a la teoría de que fueron los seis bancos italianos los que compraron el BPA, Stephane Benhamou sostiene que fue él quien compró a través de Eurofar, sociedad de su propiedad, que utilizó a la fiduciaria italiana para concretar la operación.

La primera teoría dio pie a que los máximos dirigentes del Herrerismo realizaran en los últimos meses una gran ofensiva mediática afirmando que la transacción a que arribaron los bancos italianos demuestra la inocencia del fallecido ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía, contador Enrique Braga. *