Visiones diferentes entre IMM y Junta por grandes superficies comerciales

El intendente Mariano Arana y su equipo de gobierno consideran que el municipio no debe incidir en el mercado y rechazan este tercer plazo de suspensión en las construcciones. Previamente la Junta prohibió por dos veces consecutivas durante noventa días la construcción de centros comerciales que excedan los 300 metros cuadrados. En este caso, los ediles consideraron que se debía plantear un plazo de seis meses para dar tiempo al Parlamento a que trate el proyecto de ley sobre grandes superficies.

La IMM considera que el municipio debe plantear una normativa urbanística para dar un marco adecuado a los supermercados pero entiende que la incidencia de estos centros comerciales sobre el comercio debe ser analizada y legislada por el gobierno nacional.

Sin embargo en la Junta Departamental, y en particular en la bancada de ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, predomina la visión de que ninguna de las solicitudes puede ser analizada sin tener en cuenta el impacto social y ambiental.

Los ediles que promovieron la extensión de la prohibición sostienen que es imprescindible considerar todos los elementos del impacto de los grandes supermercados en los barrios, el comercio e incluso el tránsito en cada zona.

El Centro de Almaceneros (Cambadu), por su parte, reclama que la construcción de supermercados sea detenida en forma definitiva.

En el otro extremo, hay 34 solicitudes de construcción bloqueados en la IMM porque la Junta no habilita a extender nuevos permisos.

Muchos de esos empresarios ya compraron los terrenos para la construcción y están teniendo una importante pérdida económica.

Legislación definitiva

La IMM remitió la semana pasada a la Junta Departamental un proyecto de decreto modificando las normas generales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la materia. El tema será analizado hoy por las comisiones integradas del Hacienda y Obras del deliberativo.

Adolfo Pérez Piera, director del Departamento Jurídico de la IMM, considera que «no es bueno que estemos yendo de suspensión en suspensión sino que haya una legislación que resuelva el tema».

Los cambios al POT implicarán mayores exigencias para el establecimiento de edificaciones comerciales de gran superficie y la prohibición para construir supermercados que tengan más de mil metros cuadrados.

Intereses contrapuestos

Pérez Piera piensa que una vez que la Junta se pronuncie sobre el POT debería levantarse la prohibición de construir que «quizá sea excesiva». A su entender «no tiene sentido» esperar el pronunciamiento del Parlamento porque «ni siquiera tenemos la seguridad de que terminen sacando una ley. Hay varios proyectos presentados que no fueron aprobados». El jerarca cree que el municipio debe limitarse a atender los aspectos urbanísticos.

Además reconoce que hay «intereses contrapuestos» entre los empresarios que «están sufriendo graves perjuicios económicos» al no poder construir, los pequeños comerciantes, que «sufren la crisis económica del país» y los vecinos, que «muchas veces no coinciden con las pequeñas empresas y quieren tener supermercados con mejores precios. La IMM no puede estar atada a los intereses corporativos de ninguno de ellos. Por eso no estamos de acuerdo con una prohibición total y definitiva. Queremos que se regule y se planteen contrapartidas a la construcción de supermercados para mitigar los impactos urbanísticos, pero no se puede seguir con una prohibición por tiempo indeterminado».

La visión del director de la IMM no es compartida por un importante número de ediles del EP-FA.

Los ediles tampoco buscan una prohibición por tiempo indeterminado pero quieren que antes de levantar la prórroga estén vigentes normas más estrictas que las actuales y contrapartidas más importantes para los propietarios de las grandes superficies comerciales. *