Vázquez reclamó a Batlle las cifras reales del sistema financiero

Fuentes cercanas a la presidencia del EP-FA dijeron a LA REPUBLICA que Tabaré Vázquez fijó una estrategia que separa en dos tiempos el pronunciamiento de la coalición de izquierda sobre la salida para los bancos suspendidos.

La primera fase, que se concretó el viernes, es reclamar al gobierno la información exacta y real sobre la situación del sistema financiero, en particular de la banca oficial. Según las fuentes, Vázquez entiende y con él los técnicos del EP-FA, que la salida a los bancos suspendidos no se puede analizar aisladamente de la situación general del sistema financiero y para poder pronunciarse sobre el anteproyecto del Poder Ejecutivo «es necesario contar con la información real y completa».

Una vez que se consiga esa información y se analice, se harán preguntas concretas al gobierno sobre el anteproyecto de Ley; luego se emitirá opinión.

Las 13 preguntas que envió Vázquez fueron redactadas por técnicos de la Comisión de Programa del EP-FA y tienen como antecedente inmediato el documento que entregó el ex intendente al presidente Batlle el pasado 27 de noviembre.

Según las fuentes, los principales puntos contenidos en la misiva a Batlle son:

1) Evaluación de las carteras de cada una de las entidades suspendidas y saber cómo esas carteras se integrarían.

2) Conocer cuál es la situación real de todo el sistema financiero, especialmente de la banca oficial y, dentro de ella, del Banco de la República.

3) Situación del BROU a diciembre del corriente año.

4) Situación del Banco Central, resultados y calendario de vencimientos.

5) Destino de los US$ 1.500 millones de asistencia financiera internacional.

6) Informar con claridad sobre la liquidez del nuevo banco.

7) ¿Quién asumirá los costos de las pérdidas de los bancos intervenidos?

Dudas y discrepancias

Más allá de los tiempos en que se tomará posición definitiva, el tema de la salida para los bancos suspendidos fue analizado en varias instancias del Frente Amplio. Una de las reuniones clave se realizó en la Comisión de Macroeconomía, a la que la Agrupación Parlamentaria encargó analizar el anteproyecto del Poder Ejecutivo.

La reunión de esta comisión se realizó el martes 3 y asistieron su presidente, el economista Carlos Viera, y los también economistas Walter Cancela y Guillermo Pomi.

De acuerdo a informaciones recabadas por LA REPUBLICA, en la reunión se expresaron varias dudas y también discrepancias con el contenido del anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación del Nuevo Banco Comercial, tras la liquidación y fusión de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera.

Hay pleno consenso entre los técnicos del EP-FA en que la solución tiene que estar dirigida a que el sistema financiero recobre su credibilidad, salvar al máximo a los ahorristas, defender a los depositantes que confiaron en el sistema y salvar el mayor número de empleos bancarios.

La salida a la situación de los bancos entrará en el terreno político de la coalición y será hoy analizada en la Mesa Política del FA. Hay matices importantes entre los distintos sectores de la coalición de izquierda.

Como ya adelantara LA REPUBLICA, mientras Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista están proclives a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo y enviar una señal para dar confianza a los ahorristas y al mercado, el Partido Socialista entiende que deben hacerse modificaciones importantes, en particular en cuanto al papel asignado a la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Movimiento de Participación Popular pone en duda incluso que sea necesario crear un nuevo banco y el PCU estaría bastante cercano a esta posición.

En todos los debates que precedieron a esta reunión existió un claro consenso en cuanto a que deben dilucidarse las responsabilidades políticas con relación a la crisis financiera, así como debe contemplarse un urgente plan de medidas que atienda la crisis de emergencia social que viven amplios sectores de la población. Para ello, se entiende que también se necesita la rápida recuperación de credibilidad del sistema financiero, pero evitando repetir los errores que condujeron a la actual situación. Si bien se destaca una clara coincidencia con el espíritu de «acentuación de los controles» del sistema financiero, se pide la máxima profesionalización técnica, dejando de lado en las funciones de dirección a los organismos que tienen dependencia del poder político.

Según las fuentes, en ese marco hay consenso para rechazar «que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) sea quien dirija la nueva entidad a crear, ya que en estos momentos el Parlamento entendió necesario constituir una comisión investigadora para analizar presuntas graves irregularidades en la gestión del organismo».

Otros puntos de vital importancia en el proceso de reestructuración del sistema financiero, según los técnicos encuentristas, son el fortalecimiento del BROU y la resolución de la crítica cuestión de la deuda externa, aspectos que tanto los políticos como los técnicos de la coalición sostienen deben encaminarse hacia su solución en el transcurso del año 2003.

Los técnicos del EP-FA, de acuerdo a las fuentes, entienden que «para determinar las características y operativa del nuevo banco se necesita previamente una evaluación de las carteras de cada una de las entidades suspendidas y saber cómo esas carteras se integrarían».

En cuanto a la banca oficial, la preocupación dominante refiere a que cualquier salida a la crisis pase por fortalecer al BROU y para eso se entiende muy importante que se informe de su situación a diciembre del corriente año.

El tema de la información fidedigna y concreta de la situación llevó a que se plantearan interrogantes como: «cuál es la razón por la que el Banco Central no dispuso durante todo este crítico año de información oficial del Banco Hipotecario».

También fue general entre los técnicos la preocupación por la operativa del Banco Central y además se plantearon dudas sobre si éste está en condiciones jurídicas y operativas de cumplir el papel asignado en la liquidación de los bancos en el anteproyecto de Ley del Poder Ejecutivo.

Otro grupo de dudas se centra en la liquidez que tendría el Nuevo Banco Comercial. En las reuniones, según las fuentes, se advirtió como carencia del anteproyecto que no se establece un cronograma de devolución de los depósitos reprogramados ni los intereses que se van a pagar. Economistas de la coalición dudan respecto a la capacidad del nuevo banco para captar nuevos depósitos. «¿Si el BROU no ha logrado captar nuevos depósitos, por qué si va a hacerlo este nuevo banco? ¿Qué garantías puede tener un depositante en que no le reprogramen coercitivamente sus dineros?», se preguntaron algunos de los asistentes a las reuniones en que se analizó el anteproyecto.

Otra interrogante es cómo se va a recuperar el patrimonio de los bancos suspendidos. En el anteproyecto no queda claro, según el EP-FA, quién paga las pérdidas, no se quiere que una vez más toda la sociedad deba hacerse cargo de fraudes, robos, estafas y falta de controles.

En el EP-FA se sostiene que más allá de un eventual acuerdo político que permita una salida, el gobierno debe asumir la responsabilidad política respecto a la crisis financiera. Se entiende que independientemente de los problemas regionales, en la crisis uruguaya existieron «responsabilidades indisimulables que refieren a la conducción económica, tanto de la gestión del ex ministro Alberto Bensión, como del ex pr
esidente del BCU, contador César Rodríguez Batlle».

Se considera también que la situación del Banco de Crédito debe procesarse por vía administrativa y por fuera de esta ley. En ese sentido se cuestiona el artículo 36 del anteproyecto. *