Justicia citó a declarar a funcionarios policiales por expulsión a Argentina de ciudadano vasco

El juez en lo Penal de 16º Turno Alvaro Franca, investiga si hubo irregularidades en la expulsión de suelo uruguayo de Lariz Iriondo, dispuesta por el Poder Ejecutivo luego que la jueza Aída Vera Barreto rechazara el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón.

Por este expediente, la próxima semana deberán concurrir a declarar al juzgado de la calle Misiones el subdirector nacional de Inteligencia, Juan Carlos Cipolini, y los dos oficiales que participaron del traslado de Lariz Iriondo a Argentina, donde la justicia de ese país analiza si concede la extradición solicitada por España.

En el caso de Uruguay, la solicitud de extradición de la Justicia española para Lariz Iriondo fue estudiada por la fiscal Olga Carballo y la jueza Aída Vera Barreto, resolviendo esta última rechazarla.

En España, el juez Garzón acusa a Lariz Iriondo de haber organizado un atentado con coche bomba contra una caravana policial en la localidad española de Eibar, en 1984, y de haber ideado atentados con bomba contra al menos cinco bancos, acciones en la que éste niega haber participado.

El viernes 22 de noviembre Lariz Iriondo fue detenido en Aeroparque de Buenos Aires, después que fuera expulsado de Uruguay por el Poder Ejecutivo que lo consideró un ciudadano extranjero indeseable. Cuando llegó a la capital argentina Interpol ya tenía el pedido de captura y la orden de extradición enviada por el juez español Garzón. Dicho pedido es estudiado por la jueza argentina María Servini de Cubría. La esposa de Iriondo, la uruguaya Juana Tarallo, junto al abogado Juan Fagúndez, denunciaron ante la Justicia el procedimiento que determinó la expulsión de Iriondo. El fiscal penal de 10º Turno Carlos García Altolaguirre, envió un escrito al Juzgado Penal de 17º Turno, en el que opinó que la decisión del Ejecutivo debió ser aplazada hasta que se terminara la causa judicial que se le sigue a Iriondo en Uruguay. El representante del Ministerio Público recordó que fue condenado por asistencia en asociación para delinquir y la sentencia definitiva actualmente se encuentra a análisis de un tribunal de apelaciones. Ese expediente fue sustanciado en el Juzgado Penal de 17º Turno, a cargo de la magistrada Ana Lima.

Stirling no va al Parlamento

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, no comparecerá ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes a explicar los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo resolvió expulsar del país al ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo, para no interferir en «el presumario penal abierto y en trámite sobre esa situación».

Stirling debía concurrir ante la Comisión legislativa el próximo martes a efectos de hacer conocer a los legisladores los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió expulsar del país a Lariz Iriondo.

Sin embargo, el secretario de Estado remitió ayer una misiva al presidente del grupo parlamentario de labor, el diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) en la cual expresa que «no sería esta la oportunidad apropiada de exponer los hechos y circunstancias del procedimiento», ya que los mismos serán dilucidados vía judicial. Por tanto, se trata de «no interferir en la actuación de la Justicia».

Stirling explica en la misiva que el pasado jueves, el juzgado citó a declarar al subdirector nacional de Información e Inteligencia, Juan Carlos Cipolini, y a dos oficiales de esa dependencia a efectos de «deponer respecto al procedimiento llevado a cabo con relación a la expulsión administrativa del ciudadano extranjero».

Por esa circunstancia la secretaría de Estado ha tomado conocimiento «de que existe un presumario abierto y en trámite sobre la situación».

Stirling argumenta que en virtud de lo establecido en el artículo 113 del Código del Proceso Penal «no sería la oportunidad apropiada para exponer los hechos y circunstancias del procedimiento que serán dilucidados por la vía judicial». Aclara que culminada la etapa presumarial «nada impedirá que el Poder Ejecutivo brinde las explicaciones que la comisión asesora requiere».

El jerarca afirmó que la expulsión de Iriondo fue una acto basado «exclusivamente en fundamentos legales» y descartó de plano los motivos de carácter político.

Por su parte, Bellomo señaló que la convocatoria de Stirling ante la Comisión era para que el jerarca informara sobre «una decisión políticamente asumida por el Estado uruguayo y, eventualmente, los sustentos jurídicos que la misma tuviera. Pero es un tema independiente de lo que la Justicia esté averiguando».

Por su parte, la bancada de diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio analizará el próximo martes la situación y los pasos a seguir. *