Acusan al menemismo de incitar a saqueos

Primer entuerto: desde el gobierno altos funcionarios acusan al menemismo de incidir sobre el Directorio del FMI para que no firmen un acuerdo con el actual gobierno. El ex secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, descalificó la denuncia: «Ojalá tuviéramos tanta influencia», ironizó.

Pero para el oficialismo la cosa no va en broma y el ministro de la Producción, Aníbal Fernández y otros funcionarios del grupo más allegado a Duhalde, acusó también al desplazado embajador en Washington, Guido Guelar, de haber facilitado un encuentro de economistas menemistas, encabezadas por Pablo Rojo con el staff del FMI donde dieron la peor de las opiniones sobre el rumbo económico y habrían desaconsejado el convenio que tanto busca el Presidente para despejar los nubarrones financieros.

A Guelar lo echaron y el Senado en dura votación aprobó su relevo: el actual vicejefe de Gabinete, Eduardo Amadeo.

Hay acusaciones más delicadas contra hombres del riojano más prominente.

El líder del Movimiento de Desocupados y de Jubilados Independientes, un sector que incluye a piqueteros, Raúl Castells, denunció que en «dos oportunidades», personas «del menemismo» les hicieron ofertas de dinero para que «se armen los barullos más considerables» en las protestas sociales programadas para los próximos 19 y 20 de diciembre, en conmemoración del derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa.

En dirección a esa jornada, hay en movimiento numerosas manifestaciones organizadas por entidades sociales, barriales y las que agrupan a desempleados influenciados por diferentes corrientes de izquierda y cristianas. Es que esos días fueron asesinados 30 manifestantes.

Mes de incendio

«Nos dijeron que diciembre es el mes del incendio», añadió Castells, quien sostuvo que esas personas, cuyos nombres no proporcionó, «dijeron estar a nuestra disposición para que pidiéramos la plata que hiciera falta».

Según la web Urgente 24, el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, conoce del ambiente enrarecido que se vive en su distrito, el más poblado y de los más pobres del Gran Buenos Aires ante los rumores que circulan acerca de que el 20 de diciembre se repita lo ocurrido el año pasado para esa fecha: una ola de saqueos.

Por lo pronto reunió al Consejo de Crisis donde el sector piquetero denunció «una clara operación política» para «recalentar el ambiente en torno a posibles saqueos» en diferentes localidades de La Matanza.

«Estamos advirtiendo que se está montando una operación política clara que mancha al sector piquetero. Hemos recibido información, de parte de compañeros que estuvieron presentes en comercios de que allí se han apersonado individuos que en nombre de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) piden alimentos y en el caso de no ser entregados amenazan con saquearlos los días 19 y 20 de diciembre», fue la denuncia.

Por tal motivo, los líderes piqueteros Juan Carlos Alderete, que es de la CCC y Luis D’Elía, del espacio de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) radicaron una denuncia penal. Denunciaron la existencia de grupos que «estarían ofreciendo dinero para salir a saquear comercios de barrios muy pobres».

Otra amenaza: la Corte Suprema

Urgente24 ha tomado conocimiento de que en los barrios de emergencia cercanos al Policlínico Evita, en el partido de Avellaneda, también han aparecido personas ofreciendo dinero a cambio de que hacia el 20 de diciembre se levanten persianas de supermercados. En su oferta agregan que los que participen pueden quedarse, además, con toda la mercadería que encuentren. Balestrini comentó que algunas personas presuntamente involucradas en estas maniobras desestabilizadoras se encuentran afiliadas al Partido Justicialista, obviamente del sector no duhaldista.

Los comerciantes también hicieron saber de estas maniobras al ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero.

Así las cosas, desde la Suprema Corte de Justicia llegan informes ominosos para el gobierno: habría una mayoría dispuesta a declarar inconstitucional la pesificación o sea que se obligara a los bancos a devolver el dinero de los ahorristas en divisas.

El titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, sostiene que de ser así, los bancos quebrarían y como no hay divisas para cumplir con ese eventual fallo, habría emisión y con ello, hiperinflación y un dólar por las nubes.

Los votos de los supremos en la dirección comentada, corresponden a los considerados menemistas. Duhalde y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanassof, hicieron un llamado a la «responsabilidad del alto tribunal».

Todo indica que la Corte promoverá la dolarización del llamado «corralón» donde están engayolados los plazos fijos, unos 20 mil millones de dólares. No se sabe qué plazo pondrán los supremos para que se cumpla su decisión. Pero lo más probable, es que la respuesta sea la emisión de un bono obligatorio y no entregar verdes contantes y sonantes.

Bancos y gobierno no tienen el mismo enfoque de cómo implementarlo, es decir, quién se hace cargo del costo de esta operación.

Hay jurisprudencia al respecto cuando en 1991, Domingo Cavallo, entonces ministro de economía de Menem, confiscó plazos fijos: los cambió por Bonex que durante una década fueron colocados en el mercado y hasta cotizaban en la Bolsa de Valores. Extraña confluencia de factores. *