La Corte Suprema está presionada por el Ejército

 

Los dos instrumentos legales –que hace dos años fueron derogados pero no sus efectos– fueron arrancados al gobierno radical de Raúl Alfonsín por un movimiento militar, el de los «carapintada» que encabezaron los entonces teniente coronel Aldo Rico y el coronel Mohamed Alí Seineldín.

El primero es hoy intendente de San Miguel en el Gran Buenos Aires y uno de los laderos del pretendiente presidencial Adolfo Rodríguez Saá y el otro está encarcelado a perpetua, aunque con un régimen que le permite trabajar fuera de su prisión en Campo de Mayo, por encabezar el cruento golpe de Estado en diciembre de 1990.

El diario Clarín informó ayer que el titular del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, tuvo un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, un menemista confeso, y también con el juez del cuerpo, Augusto Belluscio, cuya relación con el radicalismo en general y con Alfonsín en particular no es un secreto.

El motivo: «la inquietud militar por la falta de votos necesarios para declarar la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final», dice el diario.

Fuentes confiables dijeron a este medio que el tema como lo reclama Brinzoni tiene el respaldo de cuatro de los actuales ocho integrantes del máximo tribunal.

Los supremos, divididos

Surgen de la información recogida por LA REPUBLICA que dos jueces que en general actuaban a favor del menemismo, Julio López y Antonio Boggiano, votarían por la inconstitucionalidad, al igual que Enrique Petracchi y Carlos Fayt. La fuente asegura que de no haber renunciado el supremo Gustavo Bossert también se habría alineado contra el deseo militar.

A Eduardo Duhalde le han sugerido por eso que eleve al Senado el nombre del relevo, con la seguridad de que vote por la constitucionalidad de las leyes de impunidad, contaron a LA REPUBLICA fuentes insospechables.

Carlos Menem, que indultó a los líderes de la dictadura condenados por tribunales civiles, también quiere que se declaren constitucionales las leyes.

Por ello, va de suyo que Nazareno, Eduardo Moline O´Connor y Adolfo Vázquez, todos menemistas, votarían por la constitucionalidad, al igual que el pro alfonsinista, Belluscio. Es decir, una votación cruzada.

El tema llegó a la Corte Suprema porque tanto juzgados federales y la Cámara de ese fuero ya han decidido que las leyes, conocidas como de «impunidad», no son constitucionales.

Según Brinzoni, pero también el jefe de la Armada, almirante Joaquín Stella, la declaración de inconstitucionalidad abriría el procesamiento de centenares de oficiales. Lo que no dicen es que un puñado mínimo, no llegarían a 20, está en el servicio activo y que la mayoría, según fuentes vinculadas a coroneles jóvenes, no quieren ser enrolados en la responsabilidad tenebrosa de sus antecesores en la milicia.

El ex jefe del Ejército –general Martín Balza– que en 1994 hizo una histórica autocrítica contra el terrorismo de Estado, considera que las leyes en cuestión son inconstitucionales y ello le ha valido un distanciamiento con el titular del arma, Brinzoni.

En todo caso, si en la Corte prima el criterio de inconstitucionalidad, ello no significa inmediatas aperturas de procesos, aunque seguramente habrá querellas presentadas por damnificados o familiares de detenidos-desaparecidos.

Brinzoni quiere más espacio militar

Las FFAA aparte de la autocrítica de Balza y de los entonces jefes de la Armada y la Aviación, han hecho poco y nada para dar satisfacciones mínimas a los familiares de las víctimas: cómo fueron muertos, dónde están sus cuerpos. Un alto jefe castrense le dijo a este periodista cuando le planteó la necesidad de cubrir ese vacío: «Pero hombre, todos están en el río» (de la Plata).

La ofensiva que emprende Brinzoni con el entusiasta respaldo del almirante Stella y el silencio llamativo de los aviadores, se liga además con presiones para que se modifique la ley de Defensa con el objetivo de permitir a las FFAA intervenir en la crisis política y social.

Brinzoni fue a ver a los supremos «sin permiso del ministro» Horacio Jaunarena, estos días en el extranjero, «lo que es un dato grave», contó a LA REPUBLICA una voz que conoce la minucia de este caso que está ahora en un segundo plano por la preeminencia de la interna dentro del partido Justicialista por la desgarradora lucha por la presidencia del país.

De la misma manera, esas trifulcas han disminuido la importancia de reclamos de Brinzoni para que se discutan nuevas hipótesis de conflicto para los militares, como atender las «migraciones masivas de los países fronterizos» o el terrorismo.

Graves exigencias que según las fuentes que siguen estas cosas, corresponden a una mayor exigencia del Pentágono para realinear a las FFAA de Latinoamérica, donde Colombia asoma como punto principal.

Son cuestiones graves escasamente atendidas incluso por las fuerzas progresistas.

En su momento, el titular de Defensa actual Jaunarena, que es radical y que en los años ´80 estaba en el mismo lugar que ahora, pidió como legislador que se autorizara a los militares accionar contra los piqueteros por su metodología de cortar rutas.

Una enormidad. *