Incertidumbre política trabaría acuerdo con el FMI

ISIDORO GILBERT

 

Nunca, dicen las estadísticas, llevó tanto tiempo la firma de un convenio entre el Fondo y un país. Es cierto que antes de Duhalde, el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá dispuso el default para la deuda privada. A los organismos financieros les pagó él y su sucesor, pero ahora, el 8 de diciembre, vencen compromisos con el Banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna ha deslizado que no utilizarán reservas para honrar los vencimientos: sólo lo harían con la firma del tan postergado acuerdo.

Lavagna está en Washington, lo que a primera vista sería una señal de que la rúbrica del acuerdo no estaría tan lejos. Antes de viajar desalentó las expectativas. Por caso, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, llegó a sostener que «la firma se concretará en horas», pero más tarde se comió sus propias palabras.

Ha sido frecuente que los funcionarios se quejaran de que el FMI siempre «corre el arco» o «mueve la silla» cuando parece que el acuerdo está cercano. Hay diferencias en cuanto al monto del aumento de las tarifas de los servicios públicos, en manos de capitales europeos, países que presionan para que Lavagna sea más generoso: que en lugar de aprobar un incremento del 10%, les permita elevar las tarifas tres veces más, por la devaluación, se justifican.

En verdad, las empresas dibujan sus balances, mezclando inversiones en otros países, para justificar pérdidas. Ergo: quieren resarcirse con subas elevadas que harían estallar el casi frenado ascenso del costo de vida y la paridad del dólar casi durmiendo, contra los pronósticos de los neoliberales.

El asunto cambiario es también mirado de manera diferente. El equipo económico defiende una intervención limitada del Banco Central para en un momento impedir su alza y en las últimas semanas, comprando divisas para que no caiga demasiado y afecte los ingresos de las arcas del Estado, vía retenciones de exportaciones, por ejemplo. El FMI pretende un Banco Central prescindente.

La Argentina no pide la luna. Sólo que se renueven automáticamente hasta fines del año próximo los vencimientos, para aliviarle la carga al gobierno que dice que se irá el 25 de mayo y los primeros meses del que viene. Quiere, además, que el FMI devuelva cerca de 3.500 millones de dólares que fueron desembolsados de sus arcas como parte del convenio.

Hay otros puntos entre las diferencias y Duhalde ha dicho que «no firmaremos cualquier acuerdo». Si eso no ocurre para el 8 o el 9 próximos, y se mantiene el criterio de no utilizar reservas para pagar vencimientos (cerca de 900 millones de dólares, en noviembre), la Argentina entrará en default también con los organismos financieros. Atención: es un problema para los acreedores, porque las calificadoras le pondrían una mala nota y les costarían tasas elevadas conseguir dinero en el mercado.

Analistas locales, en general voces del liberalismo ortodoxo, sostienen que el FMI duda sobre el futuro político argentino a partir de la dura lucha interna en el peronismo por el poder. No saben en Washington  sostienen– si habrá elecciones el 30 de marzo y si efectivamente Duhalde se va a su casa el 25 de mayo o, como se murmura entre los enemigos del Presidente, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, se quedará hasta cumplir el mandato original que le otorgó la Asamblea Legislativa, estos es, hasta el 10 de diciembre del 2003.

El Presidente ha elevado su dimisión indeclinable al Parlamento, con fecha 25 de mayo, día en que teóricamente, quiere entregar el bastón del mando a su sucesor. El FMI tiene curiosidad en saber quien será el elegido para decidir por cuanto tiempo firmaría el acuerdo y sus condiciones.

Hasta ahora, según fuentes confiables del ministerio de Economía, el tema electoral no figuraba entre los asuntos en discusión en Washington. Incluso sostienen que la administración norteamericana incrementó su presión para que el FMI acelere la firma del acuerdo, diferenciándose de los directores de países del Mercado Común Europeo.

Duhalde hizo esta semana una demostración de fuerza reuniendo a una mayoría de los congresales del Partido Justicialista para fijar el 19 de enero como fecha de las internas, en contra de lo que decidió antes el Consejo Nacional del PJ que puso como día de ese comicio, el 15 de diciembre.

Además el Congreso, que volverá a reunirse el martes para ratificar todas sus decisiones para obviar algunas objeciones legales, dispuso integrar una nueva Junta Electoral y se propone unificar la elección del pretendiente a la presidencia, con las de los cargos partidarios, en clara grito de guerra contra el menemismo. *