Bajo tensión se discute el juicio a la Corte

 

Con penurias, finalmente, la Cámara de Diputados comenzó anoche a debatir el juicio político contra los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia en un clima de gran tensión, con el edificio del Parlamento separado de la gente por vallados y muchos policías.

Los muros del edificio amanecieron con pintadas muy duras y una legisladora fue casi agredida cuando esperaba en un café cercano ingresar al Parlamento.

Se entiende las medidas de protección. Según una encuesta de Catterberg y Asociados, el 81% de los habitantes de grandes ciudades está en contra de que se evite el enjuiciamiento al máximo tribunal que es lo que se propone con este debate la coalición de la mayoría de los diputados peronistas con bloques de derecha.

Hay más: el 80% opina que los nueve jueces de la Corte deben renunciar a sus cargos. Ello debe ser así aun sin importar lo que decidan ahora los diputados. En enero la misma encuestadora midió un 76% de opiniones en el mismo sentido.

Es evidente lo minoritario de la exigencia de Eduardo Duhalde, del sector concentrado de las finanzas y del propio FMI favorables a que los argentinos se olviden de que hay un alto tribunal fuertemente cuestionado. Sólo un 8% de los consultados dijo estar de acuerdo con que el juicio político, que ha ocupado buena parte de la tarea parlamentaria de este año y se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno, no avance más allá del dictamen acusatorio que preparó la comisión respectiva de la Cámara Baja.

Ese porcentaje minoritario de argentinos cree, como el gobierno y buena parte del peronismo, que los jueces deben seguir como están. Un 11% de los consultados, por su parte, no emitió opinión alguna.

Cualquier ardid

Desde las tiendas donde se vende la defensa de los supremos se quiso hacer creer varias cosas, las fundamentales: 1) que se juzga a «la Corte», lo que es falso; son sus integrantes los que tienen cargos concretos, algunos con casos más graves, o 44 acusaciones, como el titular del cuerpo, Julio Salvador Nazareno o 2) que se juzgan fallos, otra falacia: están impugnadas conductas, muchas de ellas, éticas. O negligencia, como la investigación sobre el atentado a la embajada de Israel.

Ayer la Cámara en lo Contencioso y Administrativo, declaró inconstitucionales el corralito, el corralón (plazos fijos congelados), la pesificación o sea toda la ingeniería financiera del gobierno Duhalde. Va de suyo que como otros iguales, serán apelados y van a ser tratados por el más alto tribunal.

Y allí es donde todo este proceso está enturbiado. La llamada mayoría automática que fue funcional a Carlos Menem, amenaza con aceptar lo que han dicho tribunales inferiores lo que espanta a Duhalde que por ello quiere frenar el juicio político esperando que como gesto, nobleza obliga, el fallo de la Corte no desbarate la política financiera y con ello, entre otras muchas cosas, el acuerdo con el FMI.

Duhalde, aliviado

Hace seis sesiones que Duhalde aguardaba que los suyos en muestra de apoyo político lograran quórum para sesionar, satisfacción que la consigue a un alto costo político. El bloque peronista dio, bajo estas circunstancias, libertad de conciencia cuando se llegue al momento de la votación. Hay una docena, al menos, de legisladores que no quieren dejar impunes a los jueces que son considerados indignos de seguir en sus cargos.

Es que el dictamen de la Comisión de Juicio Político, aprobado en su texto final por 17 de sus 31 integrantes, tiene un fuerte componente justicialista. Los otros sectores que militan en el juzgamiento, son el ARI, de Elisa Carrió y los radicales, pese a las presiones que estos recibieron de algunos gobernadores, entre ellos el titular del partido, Ángel Rozas, que manda en el Chaco, y cambia ayuda del gobierno federal por esa posición.

Se ha dicho estos días que hubo dinero fresco para diputados dudosos que rápidamente se esclarecieron.

Seguramente la mayoría de los votos serán por el juzgamiento de no menos de 6 de los 9 integrantes. Pero, y ese es el detalle, no alcanza el número: la carta magna reclama los dos tercios de los votos para que la acusación sea formalizada y luego, la Cámara Alta, hace las veces de tribunal.

Así, todo pasa en realidad, al olvido. Por eso, los que impugnan a los supremos pedían devolver el dictamen a la comisión respectiva a la espera de momentos políticos más propicios. «No se puede vivir con un poder cuestionado», argumentó Duhalde.

El gobierno está convencido, ha contado los porotos mil veces, que no habrá número para el juzgamiento, incluso podría zafar Nazareno que supo ser jefe de Policía de la provincia de La Rioja y no es un letrado de demasiadas virtudes.

El debate comenzó avanzada la noche porque previamente la Cámara Baja debió tratar temas urgentes como la prórroga de un mecanismo de indexación de créditos, que dejaba un vacío deletéreo para los intereses de los tomadores de dinero, con eso de la devaluación y el incremento del costo de vida y las tasas de interés. *