Un influyente banquero no puede salir del país

 

El juez federal Claudio Bonadío que investiga las denuncias sobre supuestas coimas a senadores nacionales para que frenen una ley sobre gravámenes a los intereses financieros, prohibió la salida del país del banquero Emilio Cárdenas.

Cárdenas, que presidió la filial local del banco británico HSBC y anteriormente se había desempeñado como embajador argentino ante las Naciones Unidas, no se presentó a declarar como testigo el pasado jueves ante el juez federal Claudio Bonadío y tampoco lo hizo ayer.

En 1991 tildó como una «cleptocracia» a la administración de Carlos Menem, pero luego se olvidó del calificativo, «gobierno de ladrones», para aceptar representarlo en la ONU.

Desde entonces el banquero es una figura clave de la derecha vinculada al peronismo ya que supo ser consejero de Eduardo Duhalde, entre otros.

La causa fue abierta después de que el corresponsal en Buenos Aires del diario británico Financial Times, Thomas Catan, publicara en agosto dos artículos en los que señaló que allegados a senadores pidieron sobornos a banqueros para frenar proyectos de ley que podían perjudicar la posición de las instituciones de crédito extranjeras.

Hace dos semanas, Bonadío ordenó registrar las sedes de las principales asociaciones de bancos y las del HSBC, Citibank y Bankboston, donde el magistrado se incautó de agendas con anotaciones de las autoridades de esas instituciones.

Como los letrados de Cárdenas informaron que éste está en Sudáfrica, el juez solicitó a la Dirección de Migraciones que le informe si efectivamente viajó fuera de Argentina en los últimos días y ordenó que, en caso contrario, se le prohíba la salida del país.

Con Sudáfrica no hay tratado de extradición.

Banqueros y senadores bajo sospecha

Como el Financial Times también señaló que representantes de bancos extranjeros trataron de influir para que el FMI demorara la ayuda financiera que negocia desde hace siete meses con Argentina, a menos que los proyectos de ley fueran archivados, el caso se convirtió en un escándalo mayúsculo.

No sólo los legisladores están bajo sospecha, sino que los banqueros fueron acusados por algunos senadores como «traidores a la patria», entre los que se encuentra Cárdenas, por ser argentino.

Incluso el presidente del Senado, Juan Carlos Maqueda, dijo que legisladores y banqueros están «en medio de un chiquero» en el que «el barro salpica para todos lados» a raíz del escándalo que se ha desatado por el presunto intento de sobornos.

Algunos legisladores, como el radical Carlos Maestro, intentaron focalizar el caso como una historia inventada por el corresponsal del diario británico y amenazó con querellarlo. Ello le valió la repulsa de un amplio espacio del periodismo local y extranjero.

Incluso se corrió la especie que Catán iba a pedir asilo en la embajada británica, pero el absurdo cayó por su peso: nadie se asila por ser llamado a declarar por una querella.

Viene el debate sobre la Corte Suprema

En cambio el periodista se opuso a que el magistrado utilizara en su investigación los números telefónicos detectados por sistema especial del aparato de Catán y finalmente el juez, bajo un apercibimiento del tribunal de alzada, desistió de este despropósito que puso en vilo al periodismo y a organizaciones defensoras de derechos humanos.

El caso del Senado ha ido desnudando el carácter sospechoso de su funcionamiento. Salió a luz que tenia vía libre a las comisiones e informaciones de ese cuerpo, un lobista, Carlos Bercun, que tenía contratos con la central de banqueros extranjeros y con el Ministerio de Economía, que entraba y salía de la Cámara alta como pancho por su casa, incluso con acceso a documentación que los legisladores ahora dicen que se les niega.

Ahora se suma la situación en Diputados donde varios legisladores peronistas advirtieron que se los ha querido sobornar para que facilitaran hundir el dictamen de Juicio Político pedido para los nueve jueces de la Corte Suprema.

Hace semanas que el gobierno de Eduardo Duhalde no consigue el número necesario para lograr ese objetivo. Es probable que lo logre en la sesión de mañana luego de que algunos diputados cambiaran su postura.

El debate puede ser de campanillas porque los que impulsan el juzgamiento de los supremos, entre los que se encuentra la titular del ARI, Elisa Carrió, pueden poner en aprietos a los peronistas que voten en contra de iniciar el camino para el relevo del más alto y muy desprestigiado tribunal.

Y no será fácil, aunque no imposible, cerrar el debate sin mucho trámite. Es un caso que importa a un amplio sector de la ciudadanía. *