Lagos logra apoyo para reformar la Constitución

El cuestionado general Ríos, por su parte, concurría la tarde del miércoles a la Cámara de Diputados para defenderse ante la Comisión de Derechos Humanos en medio de presiones para que renuncie, acusado de ocultar información sobre el papel de sus subalternos en violaciones a los derechos humanos.

La renuncia de Ríos fue planteada públicamente por los partidos de la oficialista Concertación Democrática –socialistas, demócrata-cristianos, radicales y el Partido por la Democracia–, pero Lagos no puede remover a los comandantes en jefe porque se lo impide la Constitución que hace 22 años dictó el general Pinochet (1973-1990).

La reforma de esa Constitución fue propuesta al Parlamento por los tres gobiernos de la Concertación desde que se restauró la democracia, hace casi trece años, para terminar con los «enclaves autoritarios», pero su propósito se estrelló con la oposición de las dos fracciones de la derecha: el Partido de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), que tenían mayoría de votos en el Senado.

Las evidencias de que el general Ríos favoreció el ocultamiento de información llevaron, sin embargo, a la comisión política de RN –la fracción liberal de la derecha– a respaldar una reforma para que el presidente recupere la facultad de destituir a los jefes de las Fuerzas Armadas.

Esa atribución fue eliminada por Pinochet antes de entregar el poder en marzo de 1990, pero al estallar el entredicho con el jefe de la Fuerza Aérea, Lagos insistió en su deseo de contar con esa herramienta.

«Hace veinte años que estamos esperando y es hora de volver a un sistema democrático donde el presidente de la República tiene las facultades que en toda democracia tiene un jefe de Estado», afirmó Lagos, en tono enérgico, el pasado 25 de setiembre, mientras aguardaba un informe que exigió al jefe de la Fuerza Aérea.

El acuerdo de RN señala que antes de remover a un jefe militar, el presidente deberá contar con el apoyo de los miembros civiles del Consejo de Seguridad Nacional, donde también intervienen los máximos representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Esa fórmula provocó de inmediato el respaldo de la UDI –la fracción más conservadora de la oposición–, porque está «en el camino correcto», según indicó el dirigente Hernán Larraín.

Además de terminar con la inamovilidad de los jefes castrenses, la reforma que propicia Lagos termina con los nueve senadores «designados» que representan a las Fuerzas Armadas y otras instituciones, sin pasar por el voto popular, y los asientos vitalicios que pueden ocupar en el Senado los ex presidentes del país.

Pinochet, de 86 años, fue senador vitalicio hasta el pasado 4 de julio, pero renunció a su banca cuando la Corte Suprema lo liberó tres días antes del juicio que enfrentaba por secuestros y asesinatos.

Despejado el camino para enfrentar las enmiendas a la Carta, que ya fueron aprobadas hace un año en la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, adelantó que habrá una debate más rápido en la Comisión de Constitución de esa rama del Parlamento, para que la propuesta pase a la Sala en las próximas semanas.

Ríos entró en pugna con el presidente Lagos cuando hace tres semanas trascendió la presunta reorganización de un Comando Conjunto que encabezó la Fuerza Aérea en tiempos de Pinochet, para eliminar a opositores a la dictadura.

Uno de los agentes de ese comando, según reveló el diario estatal La Nación, era la esposa del general Patricio Campos, que se vio forzado a renunciar a las filas de la Fuerza Aérea el pasado 16 de setiembre.

Campos fue el encargado de entregar a una mesa de diálogo conformada por militares y organizaciones humanitarias, los antecedentes sobre miembros de la Fuerza Aérea comprometidos en algunos de los casos de 1.198 desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet, pero no incluyó a su esposa y otros acusados, de acuerdo con estas denuncias.

Ríos se aprestaba el miércoles a defender este argumento ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, luego que en la víspera se reuniera con los comandantes en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y la Armada, almirante Miguel Angel Vergara.

Sobre este sorpresivo encuentro, el gobierno afirmó que era una reunión «programada» con anterioridad y anunció que este jueves los tres comandantes en jefe fueron convocados a su despacho por la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. *