Gobierno y oposición a favor de flexibilización

La gubernamental Alianza (socialdemócrata) y el opositor peronismo acordaron el miércoles en el Congreso sancionar una ley de flexibilidad laboral, pese a las airadas protestas de miles de trabajadores, que la semana pasada habían logrado suspender el trámite parlamentario.

Escrito por: Buenos Aires, AFP

El Senado, controlado por la oposición, se aprestaba esta tarde a votar en forma casi unánime cláusulas esenciales de la reforma, entre ellas una que impedirá reducir los salarios, aunque se mantenían disidencias en otros artículos.

Una movilización calculada en unas 20.000 personas por los medios de prensa, sin que se hayan difundido cálculos de la policía o de otras fuentes, repudió la iniciativa y el líder gremial rebelde Hugo Moyano anunció una huelga nacional de rechazo a la ley para el próximo 5 de mayo.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, anunció en brevísima rueda de prensa en la Cámara alta que “hay consenso, hay acuerdo” en los puntos principales de la legislación, que descentralizará la negociación salarial, permitiéndose el entendimiento por empresa, con supervisión de los gremios.

Si los senadores cumplen el pacto y modifican el texto sancionado por los Diputados, el proyecto volverá a la Cámara baja, que podría convertirla en ley mañana jueves con mayoría simple de sufragios.

Una ruidosa multitud de trabajadores sindicalizados, militantes de izquierda, estudiantiles y de los derechos humanos desplegó frente al Congreso un colorido abanico de carteles y entonó duros estribillos contra el gobierno, hasta alcanzar el clímax con el anuncio del paro nacional.

Moyano dijo desde la tribuna que “el gobierno le tiene miedo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y se alió con los poderosos para reprimir a los humildes. Esta es una de las más grandes traiciones a los trabajadores. Por eso le decimos ‘no’ a la anulación de los convenios de trabajo”.

Sin embargo, portavoces del FMI, cámaras empresariales y el diario Ambito Financiero, que representa los intereses del mundo de las finanzas, habían criticado eventuales cambios en la ley y sugerían no inmovilizar los niveles salariales.

El mitin fue llamado por el sector combativo de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT, unos siete millones de sindicalizados) para rechazar la reforma, recomendada por el FMI, con apoyo de los empresarios.

Un clima de tensa calma se vivió en las inmediaciones, después de los graves incidentes de la semana pasada con un saldo de decenas de heridos, cuatro de ellos de bala, y 43 detenidos, por lo cual el gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad.

El principio de entendimiento legislativo se alcanzó merced a que los aliancistas aceptaron incluir una cláusula que impide a las empresas reducir los salarios, pero la oposición admitía la intención gubernamental de descentralizar la negociación entre sindicatos y entidades patronales.

La Argentina tiene una tasa de desempleo del 13,8%, medida en octubre pasado, con tendencia creciente para este año, a causa del agravamiento en la depresión del consumo y el relativo enfriamiento que aún impera en la economía.

Las columnas de obreros provenieron de la periferia de Buenos Aires, en simultáneo con los partidos de izquierda, entidades de derechos humanos y la minoritaria central obrera Corriente Clasista Combativa (CCC).

La policía instaló vallados metálicos para proteger el Parlamento, mientras se patrullaban intensamente las calles céntricas de Buenos Aires, en prevención de incidentes.

Alberto Tell, senador de la oposición peronista, dijo a radio La Red que “la Alianza aceptó incluir la cláusula que impide rebajar salarios y el espíritu de la iniciativa ya se acordó”.