Una zona con oro y petróleo

La zona de 4.727 km2 del norte de Colombia que el Gobierno se propone desmilitarizar para que la guerrilla del ELN celebre allí una Convención por la Paz es rica en oro y está separada por el río Magdalena de la localidad de Barrancabermeja, donde se halla la principal refinería de petróleo del país.

En algunas áreas los municipios comprendidos en la llamada «zona de encuentro» –Cantagallo, San Pablo (en el caribeño departamento de Bolívar) y Yondó (en el vecino de Antioquia)– también hay decenas de hectáreas de cultivos de coca, la materia prima de la cocaína, según la inteligencia militar.

De acuerdo con los militares, la importancia estratégica de la región a desmilitarizar radica en que está próxima al eje vial que comunica a la costa Caribe con el interior de Colombia y en que es ribereña del caudaloso río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte.

Pero el Gobierno dijo que las tropas regulares mantendrán el control sobre esa arteria fluvial, por la que se desplazan a diarios decenas de embarcaciones transportando personas y mercaderías.

En Cantagallo, San Pablo y Yondó operan nutridos comandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), así como de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).

Las FARC y el ELN libran una guerra a muerte con las AUC en diversas regiones del país.

Los paramilitares han rechazado rotundamente el posible retiro del Ejército regular de los tres municipios, con el argumento de que esa zona «ya fue recuperada para la Nación» y que el ELN –la segunda guerrilla del país, con más de 5.000 combatientes– «podría recuperar el control del río Magdalena y, sobre todo, de la refinería de Barrancabermeja».

El área a despejar para el ELN, ubicada a unos 600 km al norte de Bogotá, es dos veces más extensa que Luxemburgo y casi diez veces más pequeña que la región de 42.000 km2 del sur de Colombia que Pastrana ordenó desmilitarizar en noviembre de 1998, para facilitar las conversaciones de paz con las FARC.

Los jefes militares y algunos líderes humanitarios han denunciado que las FARC cometen delitos y violan los derechos de los lugareños en la zona de 42.000 km2.