La ley laboral sigue generando tensión

La semana viene pesada, porque mañana, sobre todo, el día será tenso ya que la Cámara alta discutirá, y tal vez aprobará, la supercontrovertida ley laboral, que para el gobierno de Fernando de la Rúa es vital para combatir el desempleo.

Ayer declararon ante el juez Gabriel Cavallo, que entiende en la grave represión contra la CGT (rebelde) frente al Parlamento el último miércoles y acusaron al ministro del Interior, Federico Storani, por los desmanes de la Policía Federal. Storani, del ala izquierda de la Unión Cívica Radical, ha tenido que soportar en pocos meses duras situaciones de conflictividad, incluso lo que ocurrió en la provincia de Corrientes a horas que asumiera en su cartera: un desalojo a un puente por un conflicto de larga data, concluyó con dos trabajadores muertos y aun el juez que atiende el caso determinó desde dónde salieron las balas mortales.

En los incidentes del miércoles, quedaron detenidos y procesados 14 policías de graduación menor. El poder político se lava las manos y entre el ministro del Interior y su secretario de Seguridad, Enrique Mathov, hay tensión: Storani cree que su secretario manejó mal la situación.

Hugo Moyano, cabeza de este sector de la CGT, también se tiró contra De la Rúa y Víctor de Genaro, líder de la contestataria Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), reclamó que se declare la emergencia laboral implementándose un subsidio mínimo para los desocupados; todo lo que se dice sobre la ley –dijo– no puede ocultar que legalizara la flexibilización y la caída de los salarios.

El gobierno quiere aprobar este instrumento entre otras cosas como una manera de demostrar que puede manejar las situaciones más difíciles porque en diversos sectores económicos, lo vislumbran «demasiado débil».

¿Qué puede decir un vicepresidente?

Las dificultades en este tema como con divergencias que generó dentro de la Alianza el voto argentino contra Cuba en Ginebra, pretende aprovecharla Domingo Cavallo, para tratar de poner en dificultades a la coalición a menos de dos semanas de los comicios para autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que pueden ser un test para verificar cuánta desconfianza o respaldo envuelve al gobierno.

El vicepresidente, Carlos «Chacho» Alvarez, que regresó en la víspera de una visita al Reino Unido, se puso del lado del Presidente en el caso cubano, pese a que se sabe que hubiera preferido la abstención en la votación ginebrina. La actitud de Alvarez es coherente con su cargo: en ningún momento quiere dejar huellas de divergencias con De la Rúa, porque lo que es tolerable en legisladores del oficialismo y aun entre los ministros, en su caso un disenso se convierte en una crisis institucional.

Para el gobierno la de mañana también es una jornada clave, porque espera que al menos el Senado Nacional sesione y que el mitin que convocó la CGT frente al Parlamento para ese día, que según Moyano será imponente y con refuerzos de contingentes del interior del país, no impida el debate legislativo como ocurrió la última sesión, cuando de hecho, la movilización bloqueó a los senadores del peronismo.

El Partido Justicialista tiene mayoría en ese cuerpo, pero aún imponiendo reformas que no acepta la Alianza, la norma retornará a la Cámara baja, donde el oficialismo puede insistir, por haberse originado allí el debate inicial y hacerlo ley. Hay una posibilidad: que el peronismo llegue a conseguir los dos tercios de votos a favor de las reformas que incluyó en el proyecto original. En ese supuesto o rechazando el instrumento, le daría un golpe fulmíneo a cuatro meses de esfuerzos del gobierno nacional.

Un sector justicialista quiere imponer reformas, conseguir un despacho único, escenario que rechaza el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique: «Esos cambios son un mamarracho y de imponerse generarían un infarto a la ley». Así están las cosas.-