Delegación de la CIDH escruta a la Argentina

ISIDORO GILBERT

 

¿Se garantizan en la Argentina los Derechos Humanos?

Para muchas entidades sociales, la respuesta es negativa y es lo que quiere corroborar la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está desde ayer en Buenos Aires e inmediatamente comenzó a recibir por parte del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de un amplio espectro de entidades que tienen que decir sobre el tema convocante, así como de organizaciones de los piqueteros.

El tema de la represión institucional desatada el 20 de diciembre, cuando murieron cinco manifestantes en inmediaciones de la Plaza de Mayo, asesinatos que precedieron la caída del ex presidente Fernando de la Rúa figura en la agenda de prioridades.

El temario es variado. Abarca lo vinculado con los recientes hechos de represión del conflicto social como también las denuncias de los ahorristas perjudicados por el corralito. La comitiva, que se quedará en el país hasta el 6 de agosto, está encabezada por el comisionado Robert Goldman y el secretario ejecutivo Santiago Cantón. «Son las dos autoridades máximas del organismo, lo que muestra la preocupación existente y del peso que quieren darle a esta visita», consideró el abogado Juan Carlos Capurro, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La Comisión habló ya con representantes de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica de la CTA. Sus integrantes llevaron informes sobre la «criminalización del conflicto social», definición negada por el gobierno pero que la realidad contradice, según las entidades defensoras de los derechos humanos.

Criminalización del conflicto social

Se entregaron a la comitiva casos concretos como los que se expresan en el plano de la represión directa (con su ejemplo más reciente en Avellaneda, donde fueron fusilados dos militantes piqueteros) como en el judicial, con condenas y procesamientos contra quienes protestan con piquetes, tomas de edificios o medidas similares en defensa de derechos básicos. La Correpi, solicitó medidas de protección para los testigos de los fusilamientos de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Testigos y defensores vienen sufriendo amenazas e intimidaciones, entre ellos el propio abogado de los desempleados de la Corriente «Aníbal Verón», Claudio Pandolfi. Los asesinados eran integrantes de esa organización.

También dos ex presos políticos de la dictadura militar fueron amenazados luego de prestar testimonio contra un grupo de represores y torturadores que enfrentan causas en la Justicia. Testimoniaron en la causa que se sigue por la tortura y desaparición de 22 integrantes de la guerrilla peronista Montoneros en el año 1980 por la que están procesados 40 ex represores, militares y policías.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los abogados de la CTA, que hace más de dos años denunciaron ante la CIDH la criminalización del conflicto social, reiteraron sus quejas por el fallo contra Emilio Alí, un caso paradigmático por la prisión que le dictó un tribunal por cinco años y medios de cárcel por pedir comida en un supermercado.

Si bien, dicen, «ya fue excarcelado, la resolución mantuvo la idea de que la protesta es punible», apuntó Capurro. Y está el reciente caso de la maestra Marina Schiffrin, condenada por haber participado de un corte de ruta con argumentos tales como que la «única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio», mientras que a otros tipos de expresión «como reuniones multitudinarias en plazas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa» fueron calificados de sediciosos.

Si no es criminalización del conflicto social, ¿qué es? Además, hay cerca de 3.000 personas bajo proceso por participar de cortes de rutas, huelgas consideradas «salvajes» u otras maneras de protesta no convencionales.

También el corralito

LA CIDH vino también llamada por un movimiento que nuclea a los ahorristas que se consideran estafados por los bancos. Lo lidera el actor Nito Artaza que hizo personalmente la gestión en Washington y ayer el cómico que convoca a miles de damnificados entregó a la delegación material en video y escrito sobre su situación, material sobre golpizas a manifestantes mientras participaban de reclamos a los bancos, y casos de personas que han muerto tras el corralito por no haber podido acceder a la atención médica y a los medicamentos que necesitaban. La delegación tiene previsto entrevistarse con el presidente Eduardo Duhalde, el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y el de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf, entre otros funcionarios. Visitarán Neuquén y Salta, donde mantendrá audiencias con autoridades provinciales, nacionales y con representantes de comunidades indígenas que presentaron denuncias por conflictos sobre la tenencia de las tierras. Hay una precisión que hacer. La visita venía siendo pedida por un grupo de organizaciones, entre ellas el CELS y el Comité de Acción Jurídica, ante la grave crisis institucional, social, política y económica que padece la Argentina y no solo por los ahorristas damnificados, como algunos medios resaltan. En el caso del corralito, se trata de un reclamo atípico, pero al que podría dar curso ante situaciones de fallas en el procedimiento judicial.

La abogada de estos damnificados, Sandra Bergenfled, ha argumentado que con las restricciones impuestas sobre el sistema financiero se violentaron los derechos a la protección judicial y a las garantías legales, «todos derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica». *