Generales salvadoreños condenados en Estados Unidos

Un jurado de Estados Unidos declaró a dos generales retirados salvadoreños responsables de las torturas a tres civiles durante la guerra civil del país centroamericano y los sentenció a pagar 54,6 millones de dólares en daños y perjuicios.

Varios jurados y espectadores lloraron mientras se dictaba el veredicto y dos de las víctimas de las torturas se abrazaron entre lágrimas. Los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova no estaban presentes.

García fue ministro de Defensa de 1979 a 1983 y Vides Casanova director de la Guardia Nacional antes de suceder a García en ese importante cargo militar. Ambos viven desde 1989 en el estado norteamericano de la Florida.

Los tres salvadoreños torturados, que residen en Estados Unidos, presentaron la demanda civil en un tribunal federal de West Palm Beach, en la Florida, solicitando al jurado que responsabilizara a los ex jerarcas militares por los abusos que sufrieron por parte de soldados y policías.

«Este veredicto es un mensaje para los comandantes que en cualquier parte (del mundo) son responsables por los abusos de las tropas que estuvieron a sus órdenes, que no pueden venir a Estados Unidos buscando un paraíso donde no serán castigados», dijo el abogado de los demandantes, James Green.

El caso se centró en si los generales sabían o no que habían ocurrido los secuestros, violaciones y torturas atribuidas a los soldados bajo su mando, y su falta de acción para evitarlos o para castigar después a los culpables.

Los generales rechazaron una y otra vez las acusaciones, alegando que no podían controlar a sus tropas en medio del caos de una guerra civil contra insurgentes izquierdistas armados.

Defensores de los derechos humanos en El Salvador celebraron el martes la condena a los dos generales.

«La verdad y la justicia pueden tardar, pero al final de cuentas terminan por imponerse», dijo el jefe del Instituto de derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

Mientras, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), Beatrice de Carrillo, dijo que «es un paso adelante a nivel nivel mundial en el reconocimiento y la justa persecución de lo que son los delitos contra la persona humana». *