Renunciaron alcaldes por las amenazas de las FARC

Varios medios de prensa dieron a conocer el miércoles un comunicado en el que un guerrillero de las FARC señala que las amenazas de muerte o secuestro contra alcaldes y otros funcionarios municipales que no renunciaran a sus cargos se extendían a los 1.098 municipios y fijaba un plazo que expiraba la medianoche de ayer mismo.

En la misma jornada nueve alcaldes del oriental departamento de Casanare renunciaron a sus cargos, con lo que aumentó a 73 el número de mandatarios municipales de siete departamentos que han preferido renunciar a sus cargos debido a las amenazas que se iniciaron a comienzo de junio.

La crítica situación de alcaldes, concejales y otros funcionarios municipales era estudiada este jueves por el gobierno colombiano, que buscaba fórmulas de emergencia para paliar el problema.

El ministro de Justicia colombiano, Rómulo González, señaló este jueves a la prensa que el gobierno seguía estudiando las medidas que debían implementarse, aunque relativizó las intimidaciones que sufren los funcionarios municipales.

Sobre las amenazas señaló que unas han sido directas, «cara a cara, o por carta dirigida, pero la gran mayoría han sido por teléfono. En otros casos, por mensajes a través de terceros y en el último caso a través de los medios de comunicación».

«Entonces, todo eso hay que mirarlo, si es real la amenaza, si es inminente y si necesita ayuda del gobierno. Pero no en todos los casos se pueden tomar las medidas uniformemente», dijo el ministro.

Sobre la amenaza que afecta a todos los alcaldes, leída por alias ‘Byron’, del Bloque Oriental de las FARC, Gónzalez señaló que «el gobierno tiene el dato de 120 alcaldes presuntamente amenazados, pero algunas de estas amenazas han sido reales y otras falsas».

La Federación Colombiana de Municipios (FCM) había señalado hasta el martes que más de 200 alcaldes se encuentran amenazados.

El ministro volvió a poner en duda que se vaya a decretar el estado de conmoción interior, solicitado de manera insistente por los alcaldes, ya que esta figura permitiría tomar medidas de emergencia.

«Yo sigo en la mía; creo que la conmoción no es muy efectiva para este tipo de situaciones y más bien se pueden tomar una serie de medidas legales, como se están tomando, para atender la situación actual», dijo.

Y es justamente la negativa del gobierno colombiano lo que ha motivado las críticas de los alcaldes, que consideran que el poder central no está haciendo lo suficiente para protegerlos.

De hecho, uno de los alcaldes amenazados hace más de dos semanas, Alberto Calvo, de La Sierra (Cauca-suroeste), fue secuestrado el miércoles en su despacho.

A comienzos de junio, las FARC amenazaron a alcaldes de su zona de influencia al sur del país, señalando que se trataba de una medida de represalia por la victoria en las elecciones del 26 de mayo de Alvaro Uribe, quien sucederá a Pastrana a partir del 7 de agosto.

Desde entonces, las FARC extendieron sus amenazas a 22 departamentos y el miércoles último señalaron que éstas afectaban a todos los funcionarios locales del país.

Analistas consideran que esta campaña de las FARC tiene que ver con la intención de ese grupo de pasar de la presencia al dominio de ciertas zonas y a través de esta estrategia posicionarse de cara a una eventual negociación de paz con el gobierno de Uribe. *