La Justicia venezolana ya ha derribado a un presidente

La justicia venezolana ya ha forzado la salida de un presidente cuando en 1993 el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez fue encontrado culpable de malversar fondos secretos.

Pérez asumió su segunda presidencia en febrero de 1989 y antes de que terminara el mes enfrentó el «Caracazo», la más fuerte sublevación popular que haya vivido gobierno alguno de este país en la moderna era democrática, con un saldo oficial de 276 muertos.

La revuelta, atribuida a un paquetazo económico aplicado sin anestesia, marcó el inicio del fin de su mandato, que a partir de ese momento comenzó a ser duramente criticado.

En 1992 logró salir airoso de dos fallidos intentos golpistas, uno encabezado por el actual mandatario Hugo Chávez, quien pagó con más de dos años de prisión la rebelión militar, pero se catapultó como líder en un escenario caracterizado por el inicio de la crisis de los principales partidos políticos.

En noviembre de 1992, el columnista Andrés Galdó formula las primeras denuncias contra Pérez por el traslado de 250 millones de bolívares (17,2 millones de dólares al cambio de la época) a la partida secreta, efectuado en febrero de 1989.

En principio Pérez lo niega pero luego admite que hubo «un error» y que el dinero fue depositado en la partida secreta del ministro de la Secretaría de la Presidencia, en vez de la del despacho del Interior.

En marzo de 1993, el entonces Fiscal General, Ramón Escovar Salom, pide a la Corte Suprema que inicie un «antejuicio de méritos» contra Pérez, primer paso para juzgarlo por presunta malversación y peculado.

El 20 de mayo de 1993 la CSJ sentencia que hay méritos para enjuiciarlo, separándolo de la presidencia, procesándolo y condenándolo, el 30 de mayo de 1996, a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de malversación agravada de fondos secretos. *