Corazón de fuego en diversas latitudes

NIKO SCHVARZ

 

El sur del Perú ha sido conmovido por acontecimientos que repercuten en toda América Latina. Hay «un hondo temblor/ que pasa por las vértebras enormes de los Andes», diría Rubén Darío. Acciones combativas, iniciadas con participación de toda la población de Arequipa y extendidas como un reguero a Tacna, Puno, Moquegua y Cuzco, obligaron al gobierno a suspender la privatización ya decretada de dos empresas de electricidad para la trasnacional Tractebel, de matriz belga. Un pueblo decidido a defender la soberanía nacional, el patrimonio estatal y su calidad de vida, se impuso a un gobierno que apeló a la brutal represión militar para aplicar a pie juntillas las directivas uniformes del FMI. El episodio desprende enseñanzas sobre la democracia, viva y actuante cuando la toman en sus manos las masas populares, el pueblo unido.

El Frente Amplio de Arequipa

Echemos un vistazo al mapa, para ir aprendiendo juntos algo de la geografía del continente, a menudo ignorada. Mil kilómetros al sur de Lima, Arequipa es la segunda ciudad del país y alberga la empresa eléctrica Egasa. Hacia el sur se encuentran Moquegua y luego Tacna, sede de Egesur y cercana a la frontera chilena, con arica del otro lado. Hacia el norte, está Puno, a orillas del Titicaca, y bastante alejado el legendario Cuzco, vía de acceso a la maravilla de Machu Picchu (que también se pretende privatizar, o quizá ya lo hayan hecho).

Para luchar contra la privatización se creó el Frente Amplio Cívico de Arequipa, que organizó seis jornadas consecutivas de masivas manifestaciones, en las que se enroló la población. El alcalde Juan Guillén encabezó la lucha e hizo huelga de hambre durante una semana. El movimiento expuso su rechazo a las privatizaciones porque implican aumento de las tarifas y despido de trabajadores. Recogía así la experiencia de toda América, empezando por la muy próxima de Argentina, donde el malbaratamiento del patrimonio estatal de las empresas públicas, en cadena, se tradujo en servicios defectuosos y encarecidos y en operarios lanzados a la calle.

La represión fue brutal, y terminó de echar abajo el prestigio descendente del presidente Alejandro Toledo (que actualmente sufre el rechazo de 7 de cada 10 peruanos). Declaró la región en estado de emergencia y bajo control militar, suprimió la vigencia de las libertades individuales, la emprendió a tiros contra los manifestantes, con un saldo de un estudiante muerto y más de 200 heridos. La población arequipeña no se amilanó, y el movimiento de protesta cundió a otras ciudades. Finalmente el gobierno cedió, suspendiendo las privatizaciones. Y no se olvide que el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, llegó en línea recta desde el FMI al gabinete. Además, la movilización popular tiró por la borda al ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien renunció por negarse a presentar excusas a la población agraviada.

El engaño y el plebiscito

Tres hechos resaltan la significación del pronunciamiento popular. Ante todo, que se cortó de cuajo un proceso de privatizaciones proyectado para extenderse a otras áreas estatales. La victoria sienta un valioso precedente.

Segundo, la medida violaba flagrantemente la promesa de Toledo en su campaña electoral en el sentido de no privatizar las empresas generadoras. Ello fue resaltado por el alcalde, quien acompañó al actual presidente en la campaña contra la re-reelección de Fujimori y ahora extrajo estas conclusiones: «Nunca más en Perú un candidato prometerá algo que no podrá cumplir. Este pueblo se sintió engañado, de alguna manera traicionado porque Toledo como candidato prometió no privatizar. Cuando a un pueblo se le engaña, no sólo se llena de frustración, sino de ira, como pasó en Arequipa».

El tercer aspecto es la vigencia de la democracia. El alcalde fustigó el recurso de apelar a las fuerzas armadas para frustrar la protesta popular. En otro plano, señaló que cualquiera sean las vicisitudes inmediatas, «la población de Arequipa no renuncia a llevar el caso de la privatización hasta una consulta popular para decidir el futuro de las empresas eléctricas», destacando que se logró el compromiso del gobierno «de no hacer nada con la privatización hasta que se agoten todos los niveles jurisdiccionales».

El reguero de luchas

Esto también es grávido de consecuencias para el futuro inmediato, en Perú y el continente. Ya señalamos, en tal sentido, el éxito de la lucha de campesinos y obreros paraguayos que frenó en seco al gobierno de González Macchi, impidiendo –mediante una movilización que convergió desde todo el país sobre Asunción– la privatización de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), primera de una serie acordada con el FMI como condición imprescindible para acceder a créditos externos. Aquí también las marchas campesinas enfrentaron una sangrienta represión a la salida de la ciudad de Coronel Oviedo. Otros ejemplos, referidos a Honduras, México y Ecuador pueden leerse en nuestra nota del día 9, «La lucha contra las privatizaciones, de norte a sur».

El patrimonio no se vende

En todos estos casos está en juego la lucha democrática en salvaguarda de la soberanía y del patrimonio de cada nación. Es lo que aparece en su expresión artística, con actores de primer nivel, en esa hermosa película uruguaya titulada «Corazón de fuego».

La viví con particular emoción, habitante como soy desde el fin de la dictadura de las cercanías de la destartalada Estación Central. Por el final, un anónimo tacuaremboense (supongo) que se sienta en las vías para impedir la partida de la locomotora 33, retira el cartel que dice: «El patrimonio no se vende».

Pero evitando todo panfletarismo, lo dobla y lo guarda morosamente. No aparece más. Quizá lo saque a relucir en relación con Antel, Ancap y los plebiscitos en capilla. *