Informes secretos de la "guerra sucia" salen a luz

La apertura de los archivos de los organismos de seguridad había sido una promesa del presidente, Vicente Fox, quien promulgó la semana pasada la Ley de Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información.

La norma también permitirá consultar toda clase de documentos y archivos oficiales, aunque permanecerán vetadas áreas sensibles como los procesos judiciales y la seguridad nacional.

La información contenida en 5.000 cajas estará a disposición del público en el Archivo General de la Nación, irónicamente con sede en la que fue una de las más tristemente célebres cárceles mexicanas, conocida como Lecumberri, donde numerosos presos políticos fueron víctimas de torturas y abusos diversos.

La valiosa información desclasificada incluye detalles sobre desapariciones, espionaje a organizaciones y personajes públicos y documentos castrenses sobre el movimiento estudiantil de 1968, que tuvo su momento culminante en la matanza del 2 de octubre de ese año en la plaza pública capitalina de Tlatelolco.

Sergio Aguayo Quesada, investigador de El Colegio de México, calificó la medida como un «hecho extraordinario», pero advirtió que probablemente no satisfaga todas las expectativas creadas.

Consultado por el diario El Universal sobre si es posible conocer el nombre de quién ordenó la feroz represión y masacre de cientos de estudiantes en Tlatelolco, Quesada respondió que esos datos son difíciles de hallar de esa manera, a diferencia de lo ocurrido por ejemplo con los archivos nazis respecto de la operación final contra los judíos.

Los archivos sobre la represión ilegal ahora abiertos al público pertenecen a las desaparecidas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales del Ministerio de Gobernación y del área de inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional.

También la Cancillería aportó documentación referida a los seguimientos que, en su momento, se hicieron sobre actividades importantes de la época y que compartió con gobiernos de otros países.

El acervo abarca fichas de líderes estudiantiles, maestros universitarios y activistas políticos sospechosos de actividades guerrilleras, así como informes diarios de agentes de inteligencia, reportes sobre reuniones y asambleas de organizaciones civiles y datos sobre desaparecidos políticos.

Se presume que en total los archivos contienen 80 millones de fichas con información de 3 millones de personas y organismos a lo largo de 37 años –1948 a 1985– de investigación y espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, empresarios y funcionarios.

«Habrá una época de oro para los investigadores», afirmó el historiador y mexicanólogo Friederich Katz, autor de «La guerra secreta en México», que documentó muchos de los capítulos oscuros de la represión a la guerrilla en ese país. Para el director del Archivo Histórico Central, Juan Manuel Herrera, «las revelaciones que saldrán de esos nuevos documentos implicarán meses y años de consulta».

La apertura de los archivos de la inteligencia en México siguió a la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el 27 de noviembre, que se propone indagar sobre más de 500 desaparecidos políticos durante la represión de los años 70 y 80.

La prioridad en el acceso a los archivos la tendrán las autoridades judiciales, personas y familiares de individuos cuyos datos están incluidos en los expedientes, seguidos por investigadores y público en general.

En noviembre, la gubernamental pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre la desaparición forzada de 532 personas durante la represión gubernamental de los años 70 y 80 en México, en la que involucró a 74 ex funcionarios públicos y a 37 dependencias oficiales.

Asimismo, recomendó al gobierno del presidente Fox crear una fiscalía especial sobre el tema y que se indemnice a los familiares de las víctimas. *